El Tribunal de Cuentas ve irregularidades en la financiación de Junts y de Aliança Catalana

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en los gastos electorales de Junts per Catalunya y Aliança Catalana en su informe de fiscalización correspondiente a las elecciones municipales de 2023. Mientras que el partido de Carles Puigdemont habría sobrepasado en 315.000 euros el límite de gasto electoral, la formación de extrema derecha liderada por Sílvia Orriols superó en 359,62 euros el tope permitido, además de incurrir en diversas infracciones contables.

Irregularidades en Junts per Catalunya

El informe señala que Junts per Catalunya superó el límite de gasto electoral en un 23%, lo que supone un exceso de 315.000 euros. De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, este incumplimiento constituye una infracción sancionable conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Además, se detectaron contratos con terceros sin la debida notificación y pagos a proveedores fuera del plazo establecido por la normativa.

Como consecuencia, el órgano fiscalizador ha propuesto reducir en un 10% la subvención electoral otorgada a Junts. La formación independentista ha presentado alegaciones argumentando que la coincidencia con las elecciones generales dificultó el cumplimiento de los plazos de pago y que en procesos electorales anteriores otras formaciones no fueron sancionadas por irregularidades similares. Sin embargo, el Tribunal ha desestimado estas explicaciones, reiterando que no eximen del cumplimiento de la LOREG.

Junts, no obstante, espera que sus alegaciones sean consideradas, aunque admite que deberá renunciar a la reducción del 10% de su subvención estatal debido a los retrasos en los pagos. Además, la formación ha destacado que en el informe anterior del Tribunal de Cuentas obtuvo una valoración positiva en transparencia contable.

Aliança Catalana, en el punto de mira

El informe del Tribunal de Cuentas también detecta incumplimientos legales en la contabilidad de Aliança Catalana. La formación de Sílvia Orriols, que irrumpió con fuerza en el panorama político catalán tras las municipales de 2023, sobrepasó en 359,62 euros el límite de gasto electoral permitido de 3.516,15 euros, lo que supone un exceso del 10,23%. Esta infracción es considerada una falta grave por la ley de financiación de partidos.

Asimismo, el informe señala que el partido recibió una donación de 500 euros sin acreditar la identidad del donante, así como aportaciones por un total de 3.024,85 euros que no cumplían con los requisitos legales. Además, se detectó un gasto de 1.070,14 euros sin factura justificativa.

Otro de los incumplimientos destacados es la ausencia de una cuenta bancaria específica para la gestión de los fondos de campaña, algo obligatorio según la LOREG. En su lugar, todas las operaciones económicas de la formación se realizaron en efectivo, con ingresos declarados de 3.524,85 euros y gastos de 3.270,63 euros.

Debido a estas irregularidades, el Tribunal de Cuentas ha propuesto que el Ministerio del Interior reduzca la subvención electoral destinada a Aliança Catalana en aproximadamente 7.500 euros. Esto se debe, por un lado, a la penalización del doble de los recursos no justificados (7.049,70 euros) y, por otro, a la deducción de 327,06 euros correspondientes al exceso de gasto electoral.

Sílvia Orriols, por su parte, líder de Aliança, ironizó en su cuenta de X sobre que los medios le diesen cobertura a la irregularidad de su partido y no dijesen nada de la de Junts, siendo esta mucho mayor. "El Tribunal de Cuentas hace un informe donde dice que Aliança Catalana sobrepasó en 360 euros el gasto electoral permitido, y Junts x Cat la sobrepasó en 315.000 euros. ¿Saben qué importe y qué partido han destacado los titulares de la prensa subvencionada, verdad?", expresaba Orriols.

Un golpe para los partidos independentistas

Este informe supone un nuevo varapalo para las finanzas de Junts y Aliança Catalana, dos formaciones que han ganado protagonismo en la política catalana reciente. Junts, en su defensa, ha intentado justificar su incumplimiento por la complejidad del escenario electoral de 2023, mientras que Aliança Catalana se enfrenta a su primer examen financiero desde su fundación en 2020.

El Tribunal de Cuentas ha dejado claro que ninguna de las explicaciones presentadas por los partidos es suficiente para eludir las sanciones. En consecuencia, ambos partidos deberán asumir reducciones significativas en sus subvenciones, lo que podría afectar su capacidad de financiación en futuros procesos electorales.