Exigen penas más duras para los 30.000 casos de intrusismo médico de España

Las penas que recoge el Código Penal contra el intrusismo sanitario «son ridículas» y demasiado «benévolas», lo que propicia una elevada tasa de reincidencia, hasta el punto de que se estima que unas 30.000 personas cometen en España intrusismo profesional de forma continuada.

Así lo han puesto de manifiesto los presidentes de colegios de médicos y expertos en derecho sanitario que han participado en el Desayuno Efe Salud sobre Intrusismo Sanitario, en el que han destacado que sale «demasiado barato» cometer este delito pese a los graves riesgos que conlleva para la salud pública.

El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), Carlos Fornes, consideró que la legislación sobre intrusismo profesional, que ha definido como «el ejercicio de actividades profesionales por una persona no autorizada», es muy «benévola» tanto en multas como en las penas de prisión que contempla.

Este delito, recogido en el artículo 403 del Código Penal, puede conllevar el pago de una multa de 12 a 24 meses o una pena de prisión de seis meses a dos años, aunque para que se dé este último caso el culpable debe haberse atribuido públicamente la condición de profesional y tener un establecimiento abierto al público en el que ejerce la actividad para la que no está cualificado.

«Es un disparate si lo comparas con otros delitos, como el acceso no autorizado a una historia clínica, que conlleva penas de entre uno y cuatro años de prisión», lamentó Fornes, para quien esta diferencia en las penas «es desproporcionada» ya que, «en el caso de intrusismo, se pone en riesgo la salud de las personas».

Indicó igualmente que ahora mismo ocurre que, cuando se detecta y condena un caso de intrusismo, en la mayoría de los casos con penas que no implican entrar en prisión, el autor «se muda al pueblo de al lado o a la comunidad vecina y sigue ejerciendo hasta que lo pillan otra vez, para lo que pueden pasar años», pues generalmente la gente no denuncia hasta que se produce alguna lesión.

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez, señaló que «si el espíritu de una sanción es corregir o reeducar, pero la persona reincide inmediatamente tras cumplir su sanción, no has cumplido lo que pretendías».

Sánchez se mostró partidario de elevar las penas por intrusismo y recalcó que, en ocasiones, ni siquiera se puede controlar o sancionar a los que practican intrusismo «porque si no son médicos, quedan fuera del ámbito de los colegios».

En la misma línea se expresó la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Maribel Moya, quien denunció que «sale muy barato» cometer intrusismo, porque la pena de prisión pocas veces se cumple y porque las multas son «irrisorias».

«Ejercer como médico sin serlo durante un mes comporta la misma pena que hacerlo durante veinte años», añadió, lo que supone una situación «ridícula que puede incitar a la gente a cometer intrusismo».

Sobre la responsabilidad para frenar el intrusismo sanitario, los expertos reunidos en el Ateneo de Valencia apuntan tanto al ciudadano como a la administración.