La Audiencia de Valencia da la razón a Eusebio Monzó y retira su imputación por la visita del Papa

Reconoce que se limitó a ejecutar la orden del Patronato y que contaba con los informes necesarios para liquidar la Fundación del V Encuentro Mundial de Familias

La Audiencia de Valencia ha dado la razón al ex portavoz del Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, y retira su condición de imputado- ahora investigado- en la causa que investiga posibles irregularidades en la liquidación y disolución de la Fundación del V Encuentro Mundial de Familias (FVEMF).

Monzó recurrió un auto del 6 de febrero de 2020 en el que se le consideraba “cooperador necesario” de los delitos que se investigan a los demás encausados, por lo que se cambió su condición de testigo a investigado.

Esta decisión fue recurrida por Monzó y ahora la Audiencia de Valencia reconoce que como secretario autonómico de Hacienda, “se limitó a ejecutar lo que el Patronato acordó, las órdenes o decisiones del Consell de la Generalitat en pleno, con informe favorable de la Intervención General y la Abogacía de la Generalitat y ratificadas por el secretario autonómico de Justicia, departamento que desde un principio era pleno conocedor de la modificación presupuestaria y del aumento de la dotación de la Fundación, por lo que el recurrente actuó con todas las bendiciones administrativas y legales”.

El auto dicta que “sostener que el recurrente Monzó puede ser cooperante necesario parece un exceso interpretativo”.

Dentro de un procedimiento están imputados el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y otras siete personas, entre ellas el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero, por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude.

El caso se centra en si la citada fundación, constituida en enero de 2005 y disuelta en marzo de 2014, realizó adjudicaciones sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso, ni concurrencia pública.

La clave está en esclarecer si esta fundación, en cuyo patronato estaba representada la Generalitat, hizo estas contrataciones con dinero público o si, por el contrario, como defendió Camps en su declaración ante el juzgado, era de carácter privado.

El caso deriva de una pieza central del caso Gürtel, juzgado en la Audiencia Nacional.