La juez exige a Bataouche 394.000 euros de fianza en la causa Erial

El juzgado habría «perdido» esa cantidad al ejecutarse la hipoteca sobre un inmueble

La juez de Instrucción 8 que investiga la causa Erial ha exigido a Edgard Bataouche, imputado en la misma, una fianza de 394.000 euros, la misma cantidad que en un principio habría «inmovilizado» el juzgado al decomisar unos inmuebles en Altea, pero que ahora se habrían «esfumado» al haberse ejecutado la hipoteca sobre los mismo y haber pasado la propiedad a la división inmobiliaria de un gran banco.

Por ello, la juez ha aprovechado la petición de sobreseimiento de Bataouche para recordarle que sigue imputado, y para reclamarle que vuelva a «consignar» un dinero con el que ya contaba el juzgado.

Según ha podido saber LA RAZÓN, la hipoteca es anterior al comienzo de la investigación de la causa Erial, y por consiguiente, también es anterior al decomiso de los bienes de los imputados para hacer frente a su responsabilidad si la hubiera. Por lo tanto, la hipoteca y la ejecución de la misma tiene prioridad sobre el decomiso judicial por lo que el juzgado ha perdido de ese modo el valor de los inmuebles que tenía «retenido».

La magistrada le da tres días para que haga dicho pago y si no, acudirá al embargo.

Explica el auto de la juez que «se ha tenido conocimiento de la ejecución hipotecaria sobre unas fincas registrales (...) en Altea» y añade que «dado que subsisten indicios de la participación de Edgar Bataouche, es procedente requerirle para que preste fianza por importe de 394.000 euros, dado que recibió dicho dinero de Med Levante para la compra de las fincas referidas, empresa utilizada junto con Imison Internacional, de la que a su vez procedía el dinero, para retornar el dinero a España, procedente de ilícitos objetos de investigación, y habida cuenta de su presunta participación en los hechos.

La juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que también se opone al sobreseimiento de la causa para Bataouche, y también apunta que las fincas registrales en cuestión «no tuvieron un precio de 812.000 euros, sino presuntamente de 1.200.000, existiendo además, pese a que se da una versión distinta, la presunción de que el verdadero propietario es Eduardo Zaplana, y el dinero de la operación proveniente de Imison Internacional, sociedad utilizada para el presunto delito de blanqueo». Por ello considera que Bataouche participó «para dar cobertura en apariencia legal a la actividad societaria».