Vox desvela una denuncia de siete funcionarios por prevaricación a dos ediles de Compromís del Ayuntamiento de Valencia

Siete funcionarios del Ayuntamiento han presentado una denuncia, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, en la que acusan al segundo teniente alcalde de Valencia, Sergi Campillo (Compromís), y a la concejal de Personal, Luisa Notario, de un supuesto delito de prevaricación administrativa en la contratación de más de 300 interinos para el Consistorio.

Los denunciantes basan su acusación en un oficio del Ayuntamiento remitido al Juzgado de Instrucción número 20, en el que se afirma que “Al haberse agotado la bolsa de Trabajo de Auxiliar Administrativo constituida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2017, se acordó, previo acuerdo en la Mesa General de Negociación, por unanimidad (Acta de 29 de mayo 2018) constituir una nueva bolsa de trabajo para futuros nombramientos interinos, con aquellos aspirantes que habían superado el primer ejercicio, iniciándose las actuaciones pertinentes que originan el expediente”.

Esto es, un Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de septiembre de 2017 ratifica lo acordado en el futuro, unas actas de mayo de 2018. “Es un disparate que un hecho que sucedió en el pasado ratifique un acuerdo al que se llega en el futuro. Es una locura”, han señalado los funcionarios con relación a las actas de la mesa de negociación. “Pero el asunto no queda ahí. Las bolsas de trabajo de 29 septiembre de 2017 no existen y, en la Junta de Gobierno Local celebrada ese día, no consta mención alguna a ellas”, han añadido.

Además, según la denuncia, los concejales Sergi Campillo y Luisa Notario, entonces responsable de Personal del Ayuntamiento y su asesora, también habrían cometido prevaricación administrativa en el nombramiento de más de 300 interinos por llevar a cabo contrataciones de personal que habían superado tan solo la primera prueba de la bolsa de trabajo, basándose en la autorización de ese Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Según las bases reguladoras publicadas en diciembre de 2016, esta decisión es contraria a la ley, dado que dice claramente que no podrán nombrarse funcionarios que hayan suspendido el segundo ejercicio. Por lo tanto, esos acuerdos vulnerarían una disposición de carácter general en contra de lo que establece la ley, y serían nulos de pleno de derecho tanto los acuerdos por los que se han convocado las bolsas de interinos, como sus propios nombramientos.

Los denunciantes han reprobado la actuación de los concejales: “No es adecuado dar un permiso de conducir a aquel aspirante que haya aprobado la parte teórica, es decir, un test, y haya suspendido la prueba práctica. Eso es lo que han hecho desde Personal, repartir carnets de conducir a aquellos que no aprobaron”.

Los funcionarios han criticado que el Ayuntamiento “ha prescindido de procedimientos ordinarios de procesos selectivos de personal mediante oposiciones, o al menos concurso de oposición, convocando bolsas y viéndolas en cortos periodos de tiempo para avisar y beneficiar a allegados, amigos y sindicalistas que sirvan de palmeros. Los requisitos de mérito y capacidad brillan por su ausencia y, además, se ha denegado la posibilidad de promocionar y hacer carrera administrativa, como prevé la Ley del Estatuto de la Función Pública y la normativa laboral, a funcionarios que llevan más de 30 años de servicio y tienen que ver como gente sin cualificación prospera administrativamente, y cobra mucho más que ellos, sin tener ni preparación ni formación, tan sólo afinidad política o familiar”.

9,5 millones al mes en sueldos

Los nombramientos de los funcionarios a través de este procedimiento “nulo, irregular y contrario a lo dispuesto en la Ley”, han aumentado el gasto de personal del Ayuntamiento en 9,5 millones de euros mensuales. Los denunciantes han cargado contra el “despilfarro” del Consistorio y han exigido que “todas las personas opten a la administración con los criterios estipulados por la Ley de Procedimiento Administrativo y no al capricho de la Delegación de Personal, representada entonces por Sergi Campillo, con la connivencia de la Jefa de Servicio de Personal, Amparo Mateu Cerda”.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez, ha exigido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, el cese “fulminante” de Campillo y Notario: “De ser ciertos los hechos, son de extrema gravedad y, por lo tanto, exigimos a Ribó que cumpla su palabra y, si Campillo y Notario son declarados investigados, sean cesados fulminantemente”. El concejal ha lanzado un último dardo al concejal de Compromís: “Esto no se trata de derechas o de izquierdas, se trata de corruptos u honrados”.