Hablamos Español lleva al TSJ de la Comunitat Valenciana la orden de Educación que “impide” usar el español en todas las asignaturas

La asociación Hablamos Español está trabajando en un recurso para presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ante la “orden” de la Conselleria de Educación de “bajar la nota a los alumnos que se expresen en español. La plataforma ha puesto en marcha una campaña de comunicación para informar a las familias de las comunidades bilingües “sobre el derecho a usar el español en clase oralmente y a la hora de presentar ejercicios, proyectos o realizar exámenes, aunque la asignatura se imparta en otra lengua oficial”.

Desde Hablamos Español aseguran que buscan “cualquier resquicio legal” para ganar espacios de libertad “ante el muro antipedagógico y restrictivo de derechos que es la imposición lingüística”.

Tal y como explica la propia asociación, los técnicos han encontrado una “grieta legal” en el Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI) dirigido desde la Conselleria, que favorece a los alumnos para que realicen sus trabajos y exámenes en la lengua que prefieran, aunque la asignatura se esté realizando en otro idioma. “Muchos de ellos estudian con libros de texto en español”.

“En este momento hay muchos alumnos en todas las comunidades bilingües que están haciendo sus exámenes en español y utilizándolo para realizar sus trabajos y proyectos. La Administración puede imponer la lengua al profesor, pero no al alumno, y así lo han entendido numerosos profesores que anteponen la importancia de adquirir los contenidos de la asignatura a una mal llamada normalización lingüística”.

De hecho, insisten en que en algunos casos, Educación pretende “impedir el ejercicio de este derecho, llegando incluso a intentar bajar la nota de los exámenes”. Por ello, se han recibido diversas quejas por parte de las familias, que han presentado un escrito elaborado por el equipo jurídico de Hablamos Español “con fundamentos de derecho que avalan la libertad del uso del español por parte del alumnado”.

Según detallan, los equipos directivos de los centros han pedido “asesoramiento legal” a la Conselleria de Educación ante estos casos determinados, “y esta, ante el aumento de familias que están presentando nuestro escrito, ha enviado a los centros una instrucción en la que se indica que han de bajar la nota a los alumnos que se expresen en español”, señalan desde la plataforma.

Hablamos Español explica su recurso ante los tribunales por tratarse de una instrucción “en la que se contempla, de facto, la imposición de sanciones. De este modo acortaremos la vía administrativa iniciada con los recursos de cada familia”. La orden de Educación, explican, “establece deberes que afectan a los alumnos, siendo, por lo tanto, recurrible”.

Así, inciden en que la Conselleria “ha querido disfrazar esta instrucción con el titulo de ‘consideraciones’ para intentar eludir el control jurisdiccional de la misma, pero, obviamente, se trata de un acto administrativo de carácter reglamentario, en la que se establecen deberes para el alumnado y, por lo tanto, puede ser recurrida por la vía contencioso-administrativa”.

De la misma manera, sustentan su batalla legal en que Educación no apampa “ni de lejos, la prohibición que pretenden imponer y tan solo se refieren a la facultad de la administración para imponer la lengua al docente, un funcionario sujeto a deberes diferentes de los demás ciudadanos. A renglón seguido mencionan una ‘lógica’ que viene a ser la de quienes legislan en contra del sentido común”, concluyen desde la Asociación.