El TSJ dicta que valenciano y castellano deben tener una proporción razonable en la educación

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado cinco sentencias en las que fija como criterio que el peso del valenciano y el castellano en la educación plurilingüe sostenida con fondos públicos ha de observar una “proporción razonable”.

Asimismo, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV han establecido que ambas lenguas deben guardar un equilibrio tanto en cuanto al tiempo lectivo como en su reparto entre las asignaturas troncales.

Para ello, señalan que hay que tomar en consideración el contexto socioeducativo y “demolingüístico” de que se trate, con la finalidad de garantizar que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en ambas lenguas, según han informado fuentes del alto tribunal valenciano.

Con esa consideración, los magistrados han confirmado las resoluciones de la Generalitat que aprobaban los proyectos lingüísticos de los Centros de Educación Infantil y Primaria Villar Palasí de València y Vicenta Ruso de Santa Pola, y han declarado nulos las relativas a otros dos: los CEIP Joaquín Muñoz de Turís y Beata Inés de Benigànim.

En un quinto procedimiento, la Sala ha validado el reparto curricular entre las dos lenguas en un centro escolar concertado de Elda, aunque ha estimado parcialmente el recurso porque no se han adoptado medidas para el alumnado con dificultades en el aprendizaje de idiomas o de incorporación tardía al sistema educativo valenciano.

En los cinco casos, los recurrentes sostenían que existía una discriminación hacia el idioma castellano, y en todas sus resoluciones el Tribunal descarta que la actuación administrativa haya vulnerado el derecho fundamental de los padres a elegir libremente la educación para sus hijos, infrinja la legislación estatal (LOE) o se base en artículos de un decreto autonómico derogados con anterioridad por el TSJCV.

Respecto al fondo del litigio, las cinco sentencias dictadas coinciden en que la distribución de las dos lenguas oficiales en los proyectos lingüísticos de cada centro debe respetar criterios de proporcionalidad y equilibrio, tanto por lo que respecta a las horas lectivas como a su reparto entre asignaturas troncales y específicas.

Igualmente, afirma que esos planes han de tener en cuenta el contexto socioeducativo y “demolingüístico” (lengua materna o mayoritaria de los alumnos, padres y docentes, etcétera) en el que se desarrollan.

Según los magistrados, una interpretación de la ley de Plurilingüsimo de 2018 conforme a la Constitución y al resto del bloque de constitucionalidad (LOE y EACV), considerando el contexto socioeducativo y “demolingüístico” de que se trate, debe disponer una proporción razonable (tanto en la distribución de horas lectivas como en las asignaturas troncales) entre las dos lenguas que garantice que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en ambas.

Sobre esa premisa, el TSJCV ha declarado nulos los proyectos lingüísticos e interculturales de los CEIP Joaquín Muñoz de Turís y Beata Inés de Benigànim, pues reservaban en algún caso a la enseñanza en valenciano más del doble del tiempo lectivo y las asignaturas troncales, excepto lengua y literatura.

Por el contrario, los magistrados han validado los planes lingüísticos de los CEIP Villar Palasí de València y Vicenta Ruso de Santa Pola, al entender que la distribución curricular de las dos lenguas sí guarda una proporción razonable. En cuanto al proyecto del CEIP Sagrado Corazón de Elda, solo aprecian un motivo impugnatorio por la omisión de las medidas especiales para determinados alumnos.

La Generalitat recurrirá el fallo

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat recurrirá las sentencias del TSJ. Así lo han anunciado fuentes de la Conselleria de Educación después de que se haya anunciado que se han dictado, por parte de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contensioso-Administrativo, cinco sentencias en las que fija como criterio que el peso del valenciano y el castellano en la educación plurilingüe sostenida con fondos públicos ha de observar una “proporción razonable”.

Según Educación, en esos fallos se “avala la legalidad de la Ley de Plurilingüismo” y el TSJCV “no eleva cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley tal como pedían los recurrentes de las sentencias”, en las que “se explicita que esta ley no vulnera ni discrimina los derechos lingüísticos de las familias y ni del alumnado”.

”Cabe recordar que el sistema educativo valenciano cuenta con 1.338 centros educativos de Infantil y Primaria con PLC (Proyecto Lingüístico de Centro) propio y que el tribunal solo ha estimado dos casos, o sea un 0,1 % del total”, en alusión a los presentados por los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Joaquín Muñoz de Turís y Beata Inés de Benigànim.

“Respecto a las sentencias no firmes referidas a dos centros educativos, la Abogacía de la Generalitat las recurrirá para aportar al tribunal todos los argumentos y fundamentos necesarios que resuelvan justificadamente las dudas procedimentales y pedagógicasmanifestadas por el tribunal”, añaden desde el departamento que dirige Vicent Marzà.

Desde el TSJCV se añadía este jueves que, según los magistrados, una interpretación de la ley de Plurilingüsimo de 2018 conforme a la Constitución y al resto del bloque de constitucionalidad (LOE y EACV), considerando el contexto socioeducativo y “demolingüístico” de que se trate, debe disponer una proporción razonable (tanto en la distribución de horas lectivas como en las asignaturas troncales) entre las dos lenguas que garantice que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en ambas.

Sobre esa premisa, el TSJCV ha declarado nulos los proyectos lingüísticos e interculturales de los citados colegios de Turís y Benigànim pues reservaban en algún caso a la enseñanza en valenciano más del doble del tiempo lectivo y las asignaturas troncales, excepto lengua y literatura.

Por el contrario, los magistrados han validado los planes lingüísticos de los CEIP Villar Palasí de València y Vicenta Ruso de Santa Pola, al entender que la distribución curricular de las dos lenguas sí guarda una proporción razonable.

En cuanto al proyecto del CEIP Sagrado Corazón de Elda, solo aprecian un motivo impugnatorio por la omisión de las medidas especiales para determinados alumnos.