Tribunales

Carpetazo al «pitufeo» del PP en Valencia: el Supremo desestima el recurso y no reabrirá el caso

El Tribunal rechaza el recurso de queja presentado por Anticorrupción por el archivo de la causa de blanqueo

El ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau
El ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Graularazon

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de queja presentado por la Fiscalía sobre el archivo de la pieza del caso Taula sobre el presunto «pitufeo» en el PP de Valencia en el que constaban una veintena de investigados así como el propio partido, que también estaba investigado como persona jurídica.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo así lo ha acordado en un auto del 19 de abril en el que ha desestimado el recurso planteado por la Fiscalía contra un auto de la Audiencia Provincial de Valencia, de 10 de enero de 2022.

En ese auto la Audiencia declaró no haber lugar a la preparación de recurso de casación contra el auto previo, de 18 de noviembre de 2021, del mismo órgano judicial, que declaró el sobreseimiento provisional deuna causa por presunto blanqueo de capitales relacionada con el PP de Valencia, en lo que afectaba a una exconcejal y a la exsecretaria del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia.

El auto recuerda que, de acuerdo al artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es indispensable para poder presentar recurso de casación contra un auto, que el mismo establezca el sobreseimiento libre y no el provisional como en este caso.

El tribunal tiene pendientes de resolver otros recursos de queja de la Fiscalía en la misma causa referidos a otras personas.

El pasado mes de diciembre, la Audiencia archivó provisionalmente la causa del «pitufeo» para 22 investigados, así como para el PP, al entender que si bien pudiera ser ilícita la actividad «que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero».

La investigación se centraba en la campaña electoral de 2015, para la que desde el grupo municipal popular se exigió a un total de 50 personas, todas ellas vinculadas, en ese momento o en el pasado, al grupo y al partido -desde la propia alcaldesa a concejales y asesores- una aportación de 1.000 euros, que les sería devuelta en mano en dos billetes de 500 euros.