La directora de Recursos Humanos de Imelsa niega “rotundamente” que hubiera personal zombi

La directora de Gestión de Personas y Conocimiento de Imelsa, María Escrihuela, ha negado haber “tapado” a personas que cobraban sin ir a trabajar en esta empresa pública, y ha destacado que “rotundamente no” había personal “zombi” y que, si hubiera sabido o sido informada de su existencia, habría dimitido.

Así lo ha afirmado durante su declaración en el juicio de la pieza del caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, en la que ha asegurado que, si hubiera querido ocultar la existencia de trabajadores “zombis” “no habría puesto un sistema de fichaje biométrico” en la compañía, como hizo.

Durante la sesión, ha contestado a las preguntas de todas las partes, incluyendo las de los letrados de las otras defensas.

Escrihuela, a preguntas de la Fiscalía sobre los métodos de control de horarios que se seguían en Imelsa, ha destacado que, cuando se incorporó a la empresa pública, el sistema de fichaje que se utilizaba consistía “en unas hojas Excel en las que los trabajadores escribían sus turnos”.

“Pensé que eso no era un control”, ha destacado la exdirectora de Personal, que ha asegurado que intentó poner un sistema más exhaustivo con la puesta en marcha de un aparato físico de control biométrico en la sede central de Imelsa, pero ha indicado que el fichaje por este medio se limitaba solo a los trabajadores administrativos que tenían un puesto físico en esta sede.

Ha reconocido que “no había ningún tipo de control aproximadamente para 600 personas”, es decir, para los brigadistas forestales y las personas que, aun dependiendo de Imelsa, trabajaban físicamente en la Diputación de Valencia, que fichaban con un USB en su ordenador, ya que la corporación ya tenía su propio programa de fichaje y, por tanto, no permitió que se incorporara el de la empresa pública.

“Si en algún momento yo pretendía tapar al personal que no iba a trabajar habría seguido con las hojas Excel, no habría puesto un control biométrico”, ha considerado, y ha añadido: “Se dice que los asesores no fichaban, pero es que no fichaban 600 personas de la empresa”.

“Si el personal no hubiera trabajado, habría dimitido”

Preguntada sobre si había trabajadores contratados que no fueran a trabajar, ha dicho que “rotundamente no”, y ha asegurado que si alguien hubiera denunciado esta situación, “habría abandonado mi puesto de trabajo”, y ha añadido que cuando le hicieron responsable del servicio de ‘call center’, “en el momento” en que detectó una irregularidad de contrato, dimitió.

Escrihuela, para la que la Fiscalía pide penas de seis años de prisión e inhabilitación especial por tiempo de seis años, ha asegurado que la contrataron el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y el -hasta su llegada- director de Recursos Humanos, Enrique Grau.

Ha añadido que Enrique Grau había sido el director de Recursos Humanos hasta su llegada, durante “diez o doce años” y explicado que, cuando ella se incorporó, él asumió “la dirección jurídicolaboral” porque sabía “más de la legislación porque era licenciado en derecho y conocía más la empresa”.

Asimismo, ha insistido en que no tenía poderes para realizar contrataciones, y que las personas que sí los tenían “estaban físicamente más cerca” de ella pero dependían en parte de ella y en parte de Grau.

Sobre las contrataciones, ha dicho que a su llegada no había un catálogo de puestos de trabajo, ha explicado que hizo un manual con la descripción de estos y ha asegurado: “nunca vi nada que me hiciera pensar que me tenía que oponer a nada”.

En cuanto a si conocía que había asesores en el Consejo de Administración, ha dicho que lo sabía y que consultó la legalidad de esa figura con Enrique Grau, que “no le veía ningún problema jurídico”.

Caturla, pospuesto

Previamente a la declaración de Escrihuela, el Tribunal ha decidido posponer la declaración del exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla hasta la reconstrucción de una documentación dañada.

Así se ha decidido antes de que comenzara en la Ciudad de la Justicia de Valencia la declaración de Caturla, al advertir la Abogacía de la Generalitat de que los archivos informáticos de una serie de documentos que se iban a tratar durante la declaración estaban dañados y no se podían abrir.

Desde la Abogacía de la Generalitat han propuesto volver a aportar dicha documentación, pero el juez ha decidido iniciar un proceso de reconstrucción del expediente para garantizar que los archivos que se aporten de nuevo coincidan con los anteriores, es decir, que los archivos fallidos y los nuevos coincidan y que todas las partes tengan acceso a la documentación correcta.

Caturla iba a declarar este viernes en el juicio de la pieza el caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, en la que ya han declarado el expresidente de la Diputación Alfonso Rus y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.

La Fiscalía pide para el exsecretario autonómico de Educación penas que ascienden a doce años de prisión, una multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 30 euros y la inhabilitación especial por seis años.

Según ha dicho su abogado en la sala, Caturla pensaba contestar tanto a las preguntas de su abogado como a las del Ministerio Fiscal, pero no a la Abogacía de la Generalitat.