La estafa de las 200 toneladas de patas de pollo

El responsable de una empresa dedicada a comercializar productos cárnicos ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a dos años de prisión por estafar a una empresa francesa en la supuesta venta de 189 toneladas de patas de pollo para la futura distribución en el mercado asiático.

La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Tercera y que también incluye una multa de 9 meses a razón de 6 euros diarios, considera probado que el empresario obtuvo un rendimiento económico de 53.066 euros a modo de primer anticipo por el pago de esa mercancía que, sin embargo, no llegó a suministrarse en ningún momento.

Los hechos objeto de juicio se remontan a mayo de 2017 cuando el encausado, responsable de la empresa Premier Foods, afincada en Villena, emprendió contactos con la firma Enco France Distribution para suministrarle 189 toneladas de patas de pollo “con la intención de recibir un anticipo de precio”.

En esas conversaciones llegó a remitir fotografías sobre el funcionamiento de la empresa hasta que logró cerrar el acuerdo de transacción el 30 de mayo, cuando envió factura de compra sobre la mercancía que debía servirse “en 7 contenedores a razón de uno por semana entre el 9 de junio y el 21 de julio de 2017” con el fin de que, después, fuesen enviadas a Hong Kong.

Como anticipo, la empresa perjudicada pagó 53.066 euros el 6 de junio pero no hubo envío posterior de la mercancía y el encausado solo devolvió 800 euros meses después, en noviembre de ese mismo año.

En el juicio, el acusado aseguró que desconocía por qué no se había producido el envío de las patas de pollo, toda vez que dijo haberse desentendido del asunto en enero de 2017, cuando entregó poderes a otro gerente que se hizo cargo de la empresa.

El tribunal no da credibilidad a su relato y ha sentenciado que sí participó en las negociaciones con la compañía perjudicada y que "desplegó un actitud engañosa y fraudulenta ofreciendo al querellante una apariencia de negocio fiable, mostrando signos de solvencia y capacidad de servir el pedido ofrecido”.

El tribunal le considera autor de un delito de estafa agravada y establece que indemnice a la perjudicada 53.066 euros de forma solidaria con la empresa vendedora. Además, impone una multa a dicha compañía de 159.198 euros en una sentencia recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en diez días.