"Hay gente con quimioterapia que baja como puede cuatro pisos sin ascensor"

En el edificio donde vive Yolanda Escusol ya les han instalado el telefonillo nuevo en la entrada, pero la puerta del patio sigue rota y el hueco del ascensor tapado, tal y como se quedó tras el pasado 29 de octubre. Todavía se aprecia el barro reseco en las paredes y no saben nada de cuándo vendrán a solucionárselo.

La realidad es que es difícil que sea antes de que acabe el verano. "Están dando fecha para septiembre para montar", asegura Lucía Argente, socia de la empresa AMG Consulting, empresa que es administradora de fincas en Catarroja y Massanassa. "Antes el problema era el material y ahora la mano de obra. Muchísimos han descargado el material, pero no hay montadores y el material está guardado", lamenta a LA RAZÓN.

Preguntada por la cifra de mil ascensores, Argente calcula que son "muchos más" los que quedan por arreglar y pone un ejemplo: "De unos 150 expedientes que teníamos donde había que cambiar la cabina, solo tenemos 3 en marcha ya arreglados", asegura. "La gran mayoría sigue sin funcionar".

La administradora diferencia entre aquellos ascensores que estuvieron en alto y han sido más fáciles de arreglar y los que quedaron sumergidos al estar en las plantas bajas o en garajes donde la gente bajó para intentar sacar sus coches. Estos son los más difíciles de arreglar. "Todas las cabinas sumergidas están paradas", afirma.

Argente es además vecina de Massanassa y asegura que la dificultad para cambiarlos y los avisos en otros lugares ralentiza el proceso: "Llegan a estar tres semanas para montar una cabina y ponerlos en marcha. Los operarios nos dicen que les llaman para atender urgencias y tardan cuatro horas en ir y volver", asevera.

El Gobierno admitió ayer que hay "un problema de recursos humanos que estamos intentando solventar", en palabras del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Este dijo que vinieron "técnicos de otras comunidades" a ofrecer su ayuda y solicitaron a las empresas priorizar las piezas de recambio para estos ascensores. Sin embargo, más allá de la moratoria anunciada ayer para adaptarse a la nueva legislación, el Gobierno no ha facilitado ayudas para la contratación de personal ni la producción de piezas.

"La gente está harta. Yo se lo digo: no está en mis manos, no puedo hacer nada más que ser pesada e insistir, pero hasta que no decidan contratar a más gente tenemos dos opciones: enfadarnos o llevarlo lo mejor posible", dice resignada Argente, que reconoce que "el problema es que somos muchos y nadie estaba preparado".

La administradora pide poner el foco en los más vulnerables. Asegura que conoce casos de afectados con muchas dificultades para andar y sin ascensor. "Hay gente mayor y enferma e intento decírselo a las compañías de ascensores. Gente incluso que está recibiendo quimioterapia que baja como puede de un cuarto piso. Me llaman todos los días y me duele en el alma porque es que no pueden subir", asegura la administradora. "Llamo a las compañías y me dicen que lo saben, pero que no tienen montadores y en todas las fincas hay gente enferma", lamenta.