Los pescadores se suman a las protestas de los agricultores en la Comunidad Valenciana

Las 54 embarcaciones de pesca de arrastre de las cinco cofradías pesqueras de la provincia de Castellón se han quedado amarradas en puerto en señal de protesta ante el trato recibido por la normativa europea que les recorta los días de pesca y para sumarse a las reivindicaciones de los agricultores españoles.

El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Manuel Peña, explicó ayer a EFE que les ha llegado un primer borrador de la Unión Europea que contempla un recorte de días hasta los 119-120, una reducción que hace que su actividad podría ser «inviable».

Peña señaló que todavía falta por concretar un mecanismo de compensación y que podrían llegar a autorizarse unos 10 o 12 días más, pero cuando conocieron el borrador se echaron «las manos a la cabeza».

Este recorte, que contrasta con los hasta 200 días que se autorizan en otros países de la UE, ha sido mal recibido en todas las cofradías castellonenses y por esa razón, las de Castellón, Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Burriana dejaron sus embarcaciones en puerto y se concentraron de 11 a 12 horas de manera «totalmente pacífica» para reivindicar sus derechos en pro de hacer viable la pesca en las costas castellonenses. Los pescadores se suman también con esta acción a las de los agricultores y ganaderos de los últimos días en toda España.

Peña indicó que estas protestas podrían extenderse también a los transportistas, una posibilidad que les afectaría mucho al tratarse, el pescado, de un producto muy perecedero, mucho más que las frutas y verduras. Así, dependiendo de la marcha de las diferentes reivindicaciones, podrían plantearse nuevas medidas.

Por su parte, los agricultores mantienen su calendarios de movilizaciones. El campo se asfixia en Alicante por el cambio climático -calor y lluvia a destiempo-, por la sequía y por la Política Agraria Común (PAC); una política que marca e impone Bruselas. Algo que, en una provincia como Alicante es grave, en la medida en que el sector primario es el segundo en peso en la economía, por detrás del turismo. Y la luz roja de alarma sobre la situación de los agricultores ya la encendió la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante, Asaja, en diciembre, al presentar su informe anual «2023, un año marcado por la sequía».

Ahora los tractores han salido a la calle porque los agricultores consideran «muy lesiva» la PAC del año pasado; una política que entró en vigor en febrero de 2023 y que marca las directrices hasta 2027. Tal y como explica el presidente de Asaja, José Vicente Andreu, «en Europa priman los factores ambientales, en vez de la productividad, y en el caso del uso de fertilizantes se reduce su uso en un 50 por ciento, algo que nos perjudica porque son la única vía de controlar las plagas que, a su vez, llegan con productos que entrar en España procedentes de otros países».

«En los supermercados -agrega- tenemos todos los días frutas de países como Marruecos, Chile o Egipto y allí emplean técnicas que en España se usaban hace treinta años; como aquí es más restrictiva la normativa, resulta más caro producir y, por tanto, baja la productividad».

Hay que tener en cuenta, además, que el campo está menguando en la provincia y en toda la Comunitat Valenciana entre otras razones, según Asaja, porque no hay relevo generacional. De esta forma, en la provincia se están perdiendo 1.000 hectáreas de cultivos al año, mientras que en la Comunitat Valenciana se han reducido en 185.000 las hectáreas cultivadas en los últimos diez años.