Riba-roja (Valencia) sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

El pleno del Ayuntamiento de Riba-rojade Túria ha aprobado una ordenanza contra la prostitución que prevé sanciones de hasta 3.000 euros por solicitar servicios sexuales a menos de 200 metros de distancias de colegios, parques o puntos sin luz, y podrá aplicarse a menores, que harán actividades de interés social y educativo en vez de multas.

Se trata de una normativa legal "pionera en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y que garantiza la convivencia en el espacio público y multa la demanda", según el Consistorio, que afirma que "es la primera ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación sexual".

La ordenanza impulsada por el gobierno del PSPV ha contado con el apoyo del Partido Popular, Compromís y Esquerra Unida-Podem y la abstención de Vox.

Esta ordenanza, incluida en el I PlanAbolicionista Municipal, tiene por objetivo abolir la prostitución en el término municipal, así como otras formas de explotación sexual y proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional.

La ordenanza pretende, además, garantizar la convivencia en el espacio público de manera que toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos.

Las acciones tipificadas en la ordenanza se clasifican en infracciones de carácter leve, que llevarán una sanción de entre 500 y 750 euros, como colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución, así como el turismo sexual.

Las infracciones graves se sustancian en aquellas personas que soliciten, negocien o acepten directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos; además, se incluyen a quienes pidan servicios para disfrute propio o para un tercero de la realización de cualquier actividad de carácter sexual a cambio de un pago en dinero o en especie, o en cualquier otra contraprestación.

También se considera infracción grave realizar cualquier actividad de carácter sexual en el espacio público a cambio de una retribución, colaborar con los demandantes de servicios sexuales o favorecer o promover el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual. Las sanciones oscilan entre los 750,01 y los 1.500 euros.

Las infracciones muy graves son equivalentes a las graves cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de centros docentes o educativos u otros lugares con afluencia de público infantil y espacios destinados a la celebración de cualquier acto público de tipo cultural, festivo o deportivo y los puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a vías de circulación de vehículos o puntos que dificulten la huida. Serán castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros.

La ordenanza prevé su aplicación a personas menores de edad, entre los 14 y 18 años, que hayan infringido algunas de las infracciones tipificadas, si bien en este caso se podrán sustituir las sanciones económicas por actividades de servicio público con interés social y valor educativo, con el fin que comprenda la gravedad de su conducta y la reconduzca en un futuro.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves serán a los seis meses de su realización; el plazo comenzará a contarse desde el día en la que se cometa la infracción.