Valencia necesita un acuerdo para activar la Zona de Bajas Emisiones

La negativa de Vox a aprobar el acuerdo que ya había corroborado en comisión sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Valencia ha puesto al gobierno municipal en un brete al tener paralizado este asunto debido a su minoría en el hemiciclo frente al voto de la oposición y al extemporáneo apoyo de Vox, y puede acarrear la pérdida de hasta 115 millones de subvención europea. La oposición sube esta cifra hasta 150 millones, pero ni gobierno ni oposición han concretado con «la cuenta de la vieja» el volumen total del daño que puede hacer al erario municipal el no comenzar a poner en práctica estas medidas antes del 31 de diciembre.

La normativa diseñada por el PP y que Vox, PSPV y Compromís han rechazado, aunque por motivos bien distintos, prevé que desde el 1 de diciembre de 2025 se limite la entrada en la ZBE a vehículos con etiqueta A (es decir, sin etiqueta), pero únicamente de fuera de la provincia de Valencia. A partir de enero de 2027 la limitación será para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad en sí. Y las restricciones serán ya totales a partir del 1 de enero de 2028, que es cuando afectará a los vehículos de los vecinos de Valencia.

La Zona de Bajas Emisiones, ZBE, se implantaría así de manera progresiva desde el próximo 1 de diciembre de 2025, hasta su establecimiento definitivo en 2028. Afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A (también llamados sin etiqueta), según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT.

El PP establecía también un buen número de exclusiones, desde los vehículos asociados a la actividad económica, hasta los coches de familias numerosas o de mujeres embarazadas, algo que el PSPV considera excesivo al tiempo que señala que la zona de bajas emisiones del PP no reducirá la contaminación de la ciudad. Además, desde el PSPV piden extender al ámbito de aplicación a todos los barrios de Valencia mientras que el PP dejaba barrios fuera de la circunferencia que marca el bulevar norte y sur de la ciudad. Esto, en opinión de los socialistas, crearía barrios aparcamientos como el Marítimo o San Marcelino.

Además, el PSPV que se ha mostrado dispuesto a negociar -no así Compromís que ha puesto condiciones insalvables- ha puesto una condición que la propia alcaldesa considera un chantaje, como es la recuperación del proyecto original del bulevar García Lorca (la playa de vías que sale hoy de la estación del Norte) y que estaba exento de coches. Algo que modificó a su llegada el equipo de gobierno del PP que incluyó carriles de tráfico rodado.

Y mientras los munícipes no se ponen de acuerdo, las cuenta del Ayuntamiento ultiman sus últimos detalles para aprobarse, si es posible, en el pleno del 18 de noviembre con la espada de Damocles de la pérdida de la subvención europea para la ZBE.

Si bien, según la opinión de los técnicos, los presupuestos del próximo año se puede aprobar con la aportación de esta importante inyección económica o sin ella, lo que no supondría, aseguran, «ningún problema formal».

Llegado el momento, todavía no concretado, de que hubiera que devolver subvenciones recibidas, se realizarían modificaciones de crédito.

Además, algunos de los ingresos dependientes de esta subvención podrían corresponder a ejercicios venidero, por lo que tampoco afectaría a las cuentas del 2026.