Comunidad Valenciana

El itinerario de una joven valenciana con el Bono Alquiler: “Aparte de pagar el piso tengo que comer”

Solo el 11,8% por ciento de los menores de 30 años valencianos se han podido independizar

Vista de un cartel de alquiler de vivienda
Vista de un cartel de alquiler de vivienda FOTO: Fernando Alvarado EFE

“Cómo independizarme valencia ayudas”. Así empieza la búsqueda. Celia tiene veintiún años, es estudiante y trabaja a tiempo parcial. Lo que gana no le da para pagar el alquiler de un piso, pero quiere empezar a vivir fuera de casa.

Rápidamente -en 0,40 segundos, según Google- saltan a la pantalla tres palabras: bono alquiler joven. Entra en la página de la Generalitat, después de leer por encima un artículo que explica qué es eso del bono: a grosso modo, subvenciones de 250 euros al mes durante dos años.

Tan sólo un 11,8% de los jóvenes valencianos vive fuera de casa de sus padres, según los datos del Observatorio de Emancipación Juvenil del segundo semestre de 2021. Esto convierte a la Comunidad Valenciana en la segunda autonomía con peor tasa de emancipación juvenil en menores de treinta años, tan sólo por detrás de Castilla-La Mancha. En el caso de las mujeres, es todavía más difícil. Una persona de ente 16 y 30 años en la Comunidad tiene que destinar el 64% de su salario a pagar el alquiler si se emancipa en solitario y un 35% si comparte piso.

Ahora toca leer la letra pequeña. Tiene menos de 35 años y nacionalidad española, así que cumple los dos primeros requisitos. Para recibir la ayuda desde enero de 2023, la fecha límite de presentación de la solicitud es el 31 de octubre de 2022. Llega a tiempo. Se le exige residir habitual y permanentemente en la vivienda o habitación para la que solicite la ayuda durante el tiempo que se le conceda, y el precio del alquiler no puede exceder los 770 euros mensuales en el caso de una vivienda y los 300 en el de una habitación.

“Estos números son mi barrera, mi límite a la hora de buscar un sitio para comer, dormir, respirar, estudiar, relajarme, llorar y querer. Si buscara piso en Castellón o en Alicante, tendría otros. Mi vida tiene precio”, dice Celia.

Los gastos, la fianza, las cargas y otros términos que no acaba de comprender muy bien no se subvencionarán. Las ayudas alcanzarán a cerca de 4.000 jóvenes en la Comunidad. El día de apertura de plazo de las solicitudes, hace más de dos meses, se contabilizaron 6.000 demandas. “Para cuando llegue la mía, habrá cola de sobra”, bromea.

Leyendo más detenidamente los requisitos, se tropieza con lo que puede ser el primer escollo: el IPREM. “Me toca buscar qué es -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- porque mi unidad de convivencia -yo sola o las personas con las que comparta piso y yo- tiene que acreditar unos ingresos máximos de tres, cuatro o cinco veces el IPREM, según cuántas personas la conformen”, explica. Es precisamente eso, el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos.

En 2022 el IPREM es de 509,02 euros al mes. Los ingresos máximos para una persona, por tanto, serían de 1.527 euros mensuales. El trabajo parcial de Celia le proporciona mucho menos que esa cantidad, así que otra prueba superada. “Me queda un problema: el gran problema, diría yo”, dice. Se pone a buscar pisos donde poder vivir sola, porque esa es su idea. Cuenta con los hipotéticos 250 euros mensuales que recibiría de ayuda, más los 104 euros mensuales de los que consta su nómina.

“354 euros mensuales para alquilarme algo yo sola en València, sin contar gastos ni el hecho de que para sobrevivir debería poder comer, además de pagar un techo. Empiezo a ver que la cuesta se empina poco a poco: lo más barato que encuentro es un estudio de 26 m² por 365 euros. Excede mi presupuesto”, lamenta. Piensa que tal vez el bono sea compatible con la beca del MEFP que solicita anualmente para la universidad.

Sí que son compatibles, y esto puede ser una solución, puesto que una parte de la cuantía de esa beca está pensada para cubrir la residencia del estudiante que dependa económicamente de sus padres pero viva fuera de casa. Sin embargo, es imprescindible que para acceder al Bono Alquiler Joven se declare como unidad familiar independiente -puesto que la idea es dejar de depender de sus padres- y, en ese caso, pierde el derecho a recibir la prestación por residencia de la beca del ministerio.

Por tanto, puede pedir la beca para pagar la matrícula de la universidad, pero no le va a ayudar a pagar el alquiler. “Mi única opción, llegada a este punto, es compartir piso. Aquí las posibilidades se multiplican: las habitaciones más baratas cuestan 150 euros al mes. Faltaría encontrar una zona que me conviniera, compañeros de pisos aceptables, y que la fianza y los gastos fueran asequibles”, dice Celia. Todo detalles más fáciles de decir que de hacer. Lo importante es que, hipotéticamente y siempre que recibiera la ayuda, podría pagar el alquiler.

“Pero seguiría sin poder comer. Y ya ni pensar en cualquier otro gasto: ir al cine, salir a tomar algo, comprar cualquier cosa... En resumen: el Bono Alquiler Joven me ayudaría a pagar el alquiler de una habitación en un piso compartido, pero no me permitiría ser independiente”, concluye mientras cierra el ordenador.

Todo en esta situación es personal, pero no deja de ser el reflejo de una realidad. Los estudiantes jóvenes pocas veces pueden permitirse un trabajo a tiempo completo porque no podrían compatibilizarlo con los estudios, y los salarios que reciben por un contrato a tiempo parcial no son suficientes, ni contando con la ayuda de iniciativas como el Bono Alquiler Joven, para emanciparse totalmente.

En el caso de haber terminado ya los estudios, la cosa cambia: el salario medio de los jóvenes valencianos es de 835 euros, una cifra inferior al SMI y a la media española (895,47 euros). Con esta cifra, el Bono sí podría ser una ayuda efectiva para la emancipación para los jóvenes que trabajen, a pesar de que el paro juvenil se sitúa en la Comunidad en el 28,3%, y 9 de cada 10 contratos firmados en el primer trimestre de 2021 fueron temporales. Una situación que convierte a los beneficiarios del Bono Alquiler en excepción.