Chapuza digital

En el proceso de llegada del libro electrónico o digital, un momento que pudo ser decisivo en sentido positivo, y desgraciadamente se convirtió en negativo, fue el proyecto Google Books. Cuando quiso coger el atajo de negociar con unas determinadas bibliotecas universitarias de Estados Unidos, marginando a los titulares de derechos, autores y editores, el proceso de transformación del modelo de negocio digital sufrió un ataque innecesario. En efecto, con su actuación Google eludió la regla de los tres pasos del convenio de Berna, de tal manera que, en todo caso, nunca quiso solicitar la preceptiva autorización para los derechos de explotación, de distribución y comunicación pública a los que, de acuerdo a los tratados internacionales y todas las leyes nacionales, por supuesto la española, estaba obligada. Además incluso para iniciar una discusión, para saber, por ejemplo qué obra habían digitalizado sin permiso, era necesario firmar el acuerdo, algo así como si alguien se llevara las naranjas de mi naranjal y para saber yo las toneladas que me ha quitado necesitara aceptar previamente las condiciones de información o comunicación impuestas por el que había entrado sin permiso en el naranjal y así poder determinar el grado de lesión económica que me había producido la entrada ilegal. Por tanto, los términos en que se planteaba la discusión estaban viciados desde el prinicipio y hacían imposible cualquier negociación. A mi juicio, Google quiso forzar, con un mal uso del concepto de «fair use», las negociaciones, ofreciendo las migajas de su lucrativo negocio. Faltó generosidad. Su intento de eludir la negociación con los legítimos propietarios de derechos creó un malestar mundial tan grande, y consolidó tal conjunto de prejuicios, que todo el proceso de aparición de nuevos modelos de negocio se ralentizó. Que esto es así, lo revela la extraña coalición de intereses legítimos que tuvo que analizar el Juez Chin, desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos: los operadores tecnológicos como Appel, Amazon, Microsoft, etc, asociaciones de autores y editores, fundamentalmente europeos (entre ellos la Federación de Gremios de Editores de España) escandalizada por la violación de tratados internacionales y reglas básicas de la Propiedad Intelectual. Que llevábamos razón lo demuestra la decisión del Juez Chin, que paralizó todo el proceso. Por eso las prisas, a pesar de una comisaria insensata que promocionaba el acuerdo en Europa, siempre son malas consejeras y acaban creando más problemas en vez de solucionarlos.