La Biblioteca Nacional recupera el rango de Dirección General para impulsar su autonomía

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, reconociendo el papel esencial de esta institución en la preservación y difusión de la cultura española y dotándola de instrumentos que permitirán hacer más ágil su gestión. Los cambios que han introducido las nuevas tecnologías hacen incuestionable la necesidad de dotar a la Biblioteca Nacional (BNE) de instrumentos de gestión más eficaces.

La BNE, actualmente, custodia y da acceso a cerca de 30 millones de documentos, entre los que se encuentran los de mayor valor del patrimonio bibliográfico español. A través de su web se puede acceder a más de 135.000 documentos digitalizados, cuyas descargas han superado los 14 millones en los últimos años.

Con esta iniciativa legislativa, se devuelve a la BNE el estatus de Dirección General, que había tenido hasta mayo de 2010, al tiempo que se mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Esta naturaleza jurídica tiene como precedente las leyes reguladoras del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Según el texto normativo, el Real Patronato pasa a ser un órgano rector colegiado con una implicación directa en el establecimiento de las directrices y actuaciones de la BNE, velando por su cumplimiento. Además, realizará una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio.

El anteproyecto de ley establece que, una vez promulgado el texto como ley, en el plazo de un año se apruebe un Estatuto que regule la gestión interna y la estructura orgánica y funcional de la BNE.

En el régimen de ingresos se incluyen los procedentes de actividades propias y de la cesión de espacios. Se contempla como tipos de ingresos los derivados de los precios públicos, las tasas y los ingresos de derecho privado.

Como ingresos de derecho privado se considera los que perciba la BNE por la prestación de servicios o la realización de actividades que, de acuerdo con la ley, no tengan naturaleza tributaria, no constituyan precios públicos y no deriven del ejercicio de potestades administrativas.

La Biblioteca Nacional de España podrá participar en sociedades o fundaciones cuyo objeto sea acorde con sus fines, según el texto de la normativa que prevé la creación de un comité científico.