La Biblioteca Nacional recupera el rango de Dirección General para impulsar su autonomía
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, reconociendo el papel esencial de esta institución en la preservación y difusión de la cultura española y dotándola de instrumentos que permitirán hacer más ágil su gestión. Los cambios que han introducido las nuevas tecnologías hacen incuestionable la necesidad de dotar a la Biblioteca Nacional (BNE) de instrumentos de gestión más eficaces.
La BNE, actualmente, custodia y da acceso a cerca de 30 millones de documentos, entre los que se encuentran los de mayor valor del patrimonio bibliográfico español. A través de su web se puede acceder a más de 135.000 documentos digitalizados, cuyas descargas han superado los 14 millones en los últimos años.
Con esta iniciativa legislativa, se devuelve a la BNE el estatus de Dirección General, que había tenido hasta mayo de 2010, al tiempo que se mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Esta naturaleza jurídica tiene como precedente las leyes reguladoras del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Según el texto normativo, el Real Patronato pasa a ser un órgano rector colegiado con una implicación directa en el establecimiento de las directrices y actuaciones de la BNE, velando por su cumplimiento. Además, realizará una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio.
El anteproyecto de ley establece que, una vez promulgado el texto como ley, en el plazo de un año se apruebe un Estatuto que regule la gestión interna y la estructura orgánica y funcional de la BNE.
En el régimen de ingresos se incluyen los procedentes de actividades propias y de la cesión de espacios. Se contempla como tipos de ingresos los derivados de los precios públicos, las tasas y los ingresos de derecho privado.
Como ingresos de derecho privado se considera los que perciba la BNE por la prestación de servicios o la realización de actividades que, de acuerdo con la ley, no tengan naturaleza tributaria, no constituyan precios públicos y no deriven del ejercicio de potestades administrativas.
La Biblioteca Nacional de España podrá participar en sociedades o fundaciones cuyo objeto sea acorde con sus fines, según el texto de la normativa que prevé la creación de un comité científico.