La Constitución de «los españoles y las españolas»

El Gobierno encarga a la RAE un estudio que adecue la Carta Magna a un lenguaje «inclusivo». El director de la institución, Darío Villanueva, asegura que el informe será «despolitizado» y da de plazo el mes de octubre para tenerlo listo.

Vivimos tiempos de «inclusión» que avisan con llegar hasta a la misma ley de leyes, la Constitución Española. Con cuarenta años a sus espaldas, la norma, según algunos políticos, necesita revisiones lingüísticas y adaptarse a tiempos de igualdad y de empoderamiento femenino. Así lo expresó ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, quien ha encargado a la Real Academia Española un estudio sobre la «adecuación» de la máxima ley española a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres». Y recalcó que en cuanto el estudio esté terminado lo llevará ante la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados y también ante la comisión constitucional. Tocaba conocer cómo había recibido la RAE la elaboración de este informe y en qué consiste el mismo. El director de la institución, Darío Villanueva, explicó a LA RAZÓN cómo se había fraguado la petición: «Ayer (por el lunes), recibí a las 10:42 minutos una llamada de la jefa de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno. Conversamos durante siete minutos y fue entonces cuando me expuso que Carmen Calvo quería encargar un informe sobre determinados aspectos lingüísticos de la Constitución española. No entró en detalles sobre cuáles serían los mismos y le dije entonces que la RAE está para eso, y le ofrecí toda nuestra colaboración. Lo primero que hay que hacer en casos como éste es recibir la petición por escrito para saber que tenemos que hacer», explica. La petición aun no se ha recibido en la Docta Casa. No sería ésta la primera sobre aspectos lingüísticos, pues ya han trabajado a instancias tanto del Gobierno como del Parlamento, incluso el director comenta que a él le han consultado de manera puntual, «con un caracter formal no tan fuerte como éste». Cuando se le piden plazos para que esté finalizado, habla del otoño, del mes de octubre para tener margen de trabajo suficiente. Y es que la última decisión sobre el informe le corresponderá al pleno de la academia, que es donde se debatirá el documento después de que salga de la comisión. El pleno de la Real Academia no volverá a convocarse hasta octubre, por lo que al menos en ese plazo no se aprobará el informe.

Palabras mayores

Villanueva quiere resaltar que no estamos ante de una cuestión baladí, pues «una revisión de la Constitución para tratar ciertos aspectos lingüísticos implica en mayor o menor medida una modificación de la Ley y ese procedimiento no es fácil, sino que estamos ante un tema muy serio y ante palabras mayores», deja claro, para añadir que «nos vamos a tomar el máximo interés y trabajaremos con el más estricto rigor cuando llegue por escrito la formulación de la petición».

¿Se habló en algún momento del lenguaje «inclusivo» en la conversación telefónica? El director de la RAE señala que de eso «concretamente, no. Es necesario matizar mucho los términos. Lo lógico y esperable es que cuando recibamos la citada solicitud no se nos señale ninguna directriz. Ellos piden un informe, pero nosotros contestamos conforme lo que a la Academia le parezca que tenga que ser: un trabajo riguroso, serio y despolitizado, desde el punto de vista tanto lingüístico como gramatical. La RAE contestará lo que piense en cuanto a la revisión del texto constitucional». Para Villanueva, cuarenta años, que son los que ha cumplido la Carta Magna, no son demasiados, «aunque sí, claro está, se han producido a lo largo de este periodo de tiempo determinados cambios sociales que pueden hacer posible que se maticen ciertos aspectos. Tenemos el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos, con una vida larguísima que se remonta al siglo XVIII, que ha recibido enmiendas políticas pero cuyo texto desde el punto de vista lingüístico no se ha modificado», dice. Evita el académico entrar en el espinoso tema de si el lenguaje de la Constitución de 1978 puede pecar de machista, aunque deja clara su opinión al comentar que «no cabe duda alguna de que, para bien, en las sociedades desarrolladas existe y se percibe una mayor sensibilidad que es positiva en este dirección y que va cuajando en un empoderamiento de la mujer en cualquier orden de la sociedad». Para añadir que «pediría cuidado a la hora de tocar algo como la lengua. Ésta es un ecosistema que no crea una realidad social. Cambiando una palabra no se transforma una realidad social», puntualiza para que no haya equívocos. Queda claro.

Quizá se refiera la vicepresidenta la necesidad de modificar algunos de los artículos en los que se utiliza, por ejemplo, el genérico «españoles» para referirse tanto a los hombres como a las mujeres («El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», recoge el artículo 3.1, o en el 14, cuando se dice que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social») o «trabajadores» sin distinción de sexo (Artículo 28: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad»). Sostiene Carmen Calvo que la redacción en masculino «se corresponde» con una sociedad de «hace cuarenta años» y cree que «hablar en masculino» traslada al cerebro únicamente «imágenes masculinas». Y así recordó que en la toma de posesión de los ministros y ministras del actual Gobierno a buena parte de ellas «les costó trabajo prometer su cargo como ministros precisamente porque son mujeres». La vicepresidenta ha querido dejar claro que el estudio encargado es independiente del análisis de contenido de la Carta Magna y de una posible reforme constitucional. «Con independencia de esta reforma será necesario empezar por tener un texto que nos incluya a las mujeres», declaró.