La ejecución oficial de Lorca

Un informe elaborado en 1965 revela su muerte por «homosexual, socialista y masón»

Federico García Lorca, en una imagen de archivo dedicada a Emilia Llanos
Federico García Lorca, en una imagen de archivo dedicada a Emilia Llanos

Un informe elaborado en 1965 revela su muerte por «homosexual, socialista y masón»

En 1937, los rumores sobre el asesinato del poeta Federico García Lorca, ocurrido en agosto de 1936, daban la vuelta el mundo. Hubo tantas protestas que incluso obligaron al líder de los rebeldes, el general Franciso Franco, a hablar públicamente del tema. En una entrevista de 1937, Franco aseguraba «que nosotros no hemos asesinado a ningún poeta». Pero sí lo habían matado, convirtiéndolo en una víctima más de la represión llevada a cabo por las autoridades militares granadinas, las mismas que habían ordenado la detención de Lorca el 16 de agosto de 1936.

Así lo demuestran una serie de documentos que ayer hizo públicos la Cadena Ser y el diario.es, si bien no aportan datos nuevos al relato de los hechos, sí tienen el valor de exponer que el crimen fue político. Caen así por su propio peso otras teorías que en los últimos años reducían el crimen a rencillas familiares. Los documentos fueron escritos después de que la francesa Marcelle Auclair, amiga del autor de «Bodas de sangre», solicitara información sobre el suceso para una investigación que estaba realizando y que se publicaría bajo el título de «Enfances et mort de García Lorca». Fueron las autoridades granadinas franquistas las que se encargaron de redactarlo todo, con algunas imprecisiones.

El informe, escrito en 1965 por la Jefatura Superior de Policía de Granada, revela que el escritor fue asesinado junto a otra persona, definiendo al poeta como «socialista y masón», además de apuntar que era responsable de «prácticas de homosexualismo». El mismo expediente también señala que fue fusilado en un paraje entre Víznar y Alfacar «después de haber confesado». La zona del entierro de los restos se concreta «en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar».

El texto también cae en algunas falsedades con las cuales trata de desacreditar la imagen de Lorca. Una de ellas es la de identificarlo como «un masón perteneciente a la logia ALHAMBRA en la que adoptó el nombre simbólico de HOMERO», algo que se sabe que no es cierto. Asimismo se expone que «estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba a Fernando de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros jerifaltes de igual signo político».

La vida privada de Federico García Lorca siempre fue tema de burlas y mofas por parte de quienes fueron sus asesinos. El poeta «estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto», según se puede leer.

El documento también confirma que, como se sabía, Lorca fue detenido en la casa de su amigo, el escritor falangista Luis Rosales, donde había permanecido oculto durante casi una semana. La operación fue llevada a cabo «con gran aparato por Milicias y Guardias de Asalto». «Fue sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar (Granada) y, en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado», lo que supondría que hubo un interrogatorio, según el informe. De esta manera, se puede poner punto y final a la polémica sobre la responsabilidad de aquellos hechos.

Una de las virtudes de los documentos es que pone nombre y apellidos a los que detuvieron a Lorca. Si bien son sobradamente conocidos el diputado de la CEDA Ramón Ruiz Alonso y el matón Juan Luis Trescastro, se confirma la presencia del falangista Federico Martín Lagos en el domicilio de los Rosales el día de la detención. Sin embargo, todos actuaron a instancias del gobernador civil José Valdés.