La SGAE «entregará las llaves de la casa» si lo pide el juez

La entidad alerta del riesgo de paralizar y debilitar la sociedad que supondría la intervención judicial por seis meses pedida por el Ministerio de Cultura. «Lo que está a la vista es intolerable», dice Guirao.

El anuncio que hacía el ministro de Cultura hace dos semanas se ha concretado en una petición a la Audiencia Nacional para que autoricen la intervención de la Sociedad General de Autores (SGAE), cuya deriva, según José Guirao, «es intolerable». No hay novedad, pues porque ya lo había advertido en repetidas ocasiones, que nadie se llame a engaño. Sin embargo, quizá no se ha tenido suficientemente en cuenta lo tajante que se ha mostrado el ministro en este punto. Avisó, volvió a avisar y a la tercera echó mano de la ley. A primera hora de la mañana de ayer se recibía la noticia de esta solicitud a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, para intervenir por un periodo de seis meses, que podría prorrogarse por otros seis, conforme al artículo 192.9 del texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual siguiendo el apercibimiento abierto el pasado 27 de septiembre. El Ministerio considera que el citado apercibimiento «no ha sido cumplido por la entidad, transcurridos más de tres meses desde que fuera comunicado, y que concurren razones de urgencia para realizar esta solicitud ante el juez», según el comunicado recibido.

Volvamos entonces a los puntos que requerían a la Sociedad General de Autores que subsanara o corrigiera los incumplimientos graves: aprobación y modificación de sus estatutos «para su adecuación al vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; el derecho de los miembros a comunicarse por vía electrónica con la entidad, el cual incluye el ejercicio del voto por dicha vía, y en tercer lugar «se adoptarán las medidas necesarias que permitieran que el reparto, realizado o a llevar a cabo en el ejercicio 2018, de los derechos de comunicación pública de obras de su repertorio en televisión, cumpliera con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, incluyendo la necesidad de que el reglamento de reparto aplicable se ratificara por la asamblea general de la entidad».

Al comunicado ministerial siguió otro al poco tiempo por parte de la SGAE, que en primer lugar advertía de que había conocido la noticia por los medios de comunicación. «Nadie nos ha dicho nada. Nos hemos recibido ninguna llamada», aseguraban desde la entidad a este diario al tiempo que alentaban «que el Ministerio no haya tenido en cuenta ese firme compromiso y haya optado por judicializar aún más una entidad que ya está suficientemente judicializada», para añadir que la intervención «tiene el riesgo de paralizar y debilitar una entidad que se enfrenta a grandes retos tanto a nivel nacional como internacional». No tardó en hablar su presidente, un sorprendido José Ángel Hevia, que declaró que «lo que procede es estar con valentía haciendo frente al quehacer diario», dijo a Efe. «En el momento en que un juez determine que tenemos que irnos, no solo el presidente sino la junta directiva estaremos a lo que determine la legalidad. Ante una orden judicial no tendremos ningún problema en entregar las llaves de la casa». Por el momento, adelantó también, no piensa dimitir. Recordemos que el pasado viernes Clifton J. Williams, uno de los cuatro vicepresidentes de la entidad, representante del Colegio de Editores, solicitó con urgencia la celebración de una junta directiva extraordinaria para debatir una moción de censura que pusiera fin a la presidencia actual, además de pedir la dimisión del presidente a lo que éste se negó. Desde la entidad puntualizaron los tres puntos a los que alude el requerimiento de Cultura: en relación a los Estatutos que fueron aprobados por una mayoría del 58%, «lo que es insuficiente puesto que se necesitan dos tercios para ellos y se presentó un escrito en el que se solicitaba la adaptación de la entidad a la legislación vigente para adaptar la Directiva europea». Con respecto al voto electrónico se asegura que «en los comicios del 26 de octubre se aplicó el sistema que existía y estaba vigente en ese momento, de acuerdo a los Estatutos anteriores». Y en cuanto al tercer punto, el reparto de derechos de 2018, la sociedad trasladó a Cultura que «está sometida a la decisión de los tribunales de Justicia al existir una sentencia pendiente de un recurso de apelación», añaden, además, que «el reparto de derechos está judicializado y Cultura está pidiendo algo que contraviene una sentencia que está en los juzgados y sobre la que el ministro no debería intervenir de ninguna manera», aseguran socios de la entidad, quienes añaden que «lo que el ministro de Cultura está pidiendo es lo que piden las multinacionales, se está sumando a su grito de guerra».

Se abre en el escenario un tiempo de espera. ¿Cuánto? Se desconoce. El tiempo necesario para que el juez se pronuncie. Guirao, que ayer entregaba las Medallas de Oro a las Bellas Artes en Córdoba, hizo unas declaraciones una vez terminado el acto: «Es algo que se ha anunciado por la Prensa y el día ha llegado. Se ha enterado quien se tenía que enterar», dijo en alusión a la extrañeza que manifestó Hevia por la manera en la que se había enterado de la noticia.

Son varias las preguntas que a partir de ahora quedan en el aire: ¿Qué sucederá si el juez autoriza la intervención de la entidad de gestión por un periodo de seis meses? En ese caso Cultura nombrará a un gestor interno en forma de comité que estará constituido por tres miembros, un subsecretario del Ministerio de Cultura, Javier García Fernández, una subdirectora general de Hacienda y un miembro de un bufete privado de Madrid, especialista en Derecho Mercantil y en excedencia, y cuyo objetivo será «regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas estime necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual», se dice en el comunicado enviado por Cultura.

¿Cabe una solución que no pase por intervenir la entidad? «Si se ponen al día antes de que el juez hable ya no habrá motivo para la intervención. Yo les invito a que lo hagan, y a otra cosa. Para todo hay siempre solución. Lo que tiene que haber es voluntad», dijo el ministro.

¿Pedían los socios la intervención de la SGAE? El ministro aseguró que «salvo el sector que está en la dirección todos reclamaban una intervención cuanto antes. Por desgracia, en este punto ha habido unanimidad». Ayer, José Luis Perales, tras recoger su Medalla de Oro a las Bellas Artes en Córboda declaró que «es justo y urgente, urgentísimo la intervención de la SGAE. No se puede permitir que funcione de esa manera con un consejo de administración que sea la propia gente que produce el dinero y nada más». David Summers, otro de los galardonados, señaló con prudencia que «hay que ver qué pasa, pero parece que el grano se va a reventar hoy. Espero que salga bien y haya en la SGAE estabilidad, que es los que necesitamos todos los autores». El malestar en el seno de la entidad no es algo novedoso. En septiembre de 2018 un grupo de más de 200 artistas solicitó la intervención de la entidad de forma temporal. La carta estaba firmada por Melendi, Iván Ferreiro, Leiva, Quique González, entre otros. El presidente en aquel momento de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón, dijo que «no existe razón alguna que justifique ningún tipo de intervención». Cinco meses después la intervención está a las puertas de producirse.