La supervivencia del Lliure, en manos de Hacienda

El fisco reclama a las instituciones catalanas el IVA de las subvenciones públicas recibidas en los últimos cuatro años.

Las instituciones culturales catalanas ven en peligro su supervivencia después de que Hacienda les haya reclamado el IVA de las subvenciones recibidas desde todos los organismos públicos, tanto de las distintas administraciones españolas como de la Unión Europea, en los últimos cuatro años. En la semana que el prestigioso festival de artes escénicas Temporada Alta dedica a los programadores nacionales y extranjeros, su director, Salvador Sunyer, ha aprovechado la fuerte presencia de la prensa especializada para reconocer que Hacienda le reclama 1,4 millones de euros en concepto de IVA por las ayudas que han venido recibiendo. Según sus palabras, el asunto les ha resultado sorprendente y contradictorio por cuanto «estas subvenciones –ha dicho– han sido auditadas cada año, ¡porque, si no, no te pagan!, por el Ayuntamiento, la Generalitat, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hacienda... y la Comunidad Europea. Y nadie nos ha dicho nunca que no se hiciera bien».

La controversia radica en la ambigüedad que, según Sunyer, existía en el marco legal en torno a si las ayudas públicas deben estar sujetas o no declarar IVA. Debate en el que fuentes de Hacienda reconocían ayer a LA RAZÓN que «no hay ninguna campaña para tratar de recuperar el IVA exclusivamente en la cultura catalana, sino que son actuaciones a nivel nacional. Simplemente se ha abierto una inspección, como ya se hizo en otros sectores. No es nada nuevo. La ley dice que se exija el IVA a futuro, pero ha pasado se liquida».

Jesús Cimarro, director de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda), ha confirmado este punto: «El problema era lo ambiguo de la ley hasta este momento. En teoría, las subvenciones no llevaban IVA, pero Hacienda se ha agarrado a decir que esa subvención es para rebajar el precio de las entradas, y eso sí lleva consigo IVA». A raíz de esta controversia, Faeteda se ha movilizado en estos meses para conseguir que el pasado 9 de noviembre se aprobase en el Parlamento, con un amplio consenso, una normativa en la ley de contratos públicos con las instituciones culturales que, efectivamente, eximía a estas de pagar el IVA por las ayudas recibidas. Sin embargo, Hacienda reclama ahora todo lo que no ha recibido en el periodo anterior a la entrada en vigor de esta normativa. «Yo creo que esto es mucho más grave de lo que fue el IVA de las entradas –afirma Sunyer– porque esto, por su carácter retroactivo, va a obligar a cerrar muchas cosas». La polémica se ve alimentada por el hecho de que, hasta el momento, la mayor parte de las empresas culturales que han reconocido estar sujetas a una inspección de Hacienda son catalanas. «Que yo sepa, somos veintitantos –confirma el director de Temporada Alta–. Estamos nosotros y también el Teatre Lliure, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el Mercado de las Flores, alguna productora audiovisual, etc. Depende de a quién inspeccionen; pero esto afecta a todo el mundo». Preguntado por este asunto, el director del LLiure, Lluis Pasqual ha confirmado que, efectivamente, también a ellos les reclama Hacienda 1,3 millones de euros. «Si esto se lleva a cabo, tendríamos que cerrar o dejar de programar –ha asegurado–. Es una putada». Acerca de que todas las instituciones culturales que están siendo investigadas y que han salido a la luz de momento sean catalanas, el director de Faeteda ha sido contundente: «Me consta que hay algunas investigadas fuera de Cataluña», ha asegurado Cimarro.