¿Quién debería pedir disculpas?

Es indudable que los pueblos indígenas han sido víctimas a lo largo de la historia. Lo fueron, desde luego, en la época de la conquista y la colonización española en América, especialmente en los primeros tiempos en los que sufrieron persecuciones, matanzas indiscriminadas, usurpación de sus territorios, desconocimiento de sus autoridades, destrucción de sus instituciones políticas y jurídicas, desvaloralización de sus culturas e imposición de creencias. Las crónicas de indias y los estudios etnohistóricos, así lo ponen de manifiesto, es absurdo pretender negarlo. Que incas o aztecas no hubiesen mostrado misericordia alguna con los pueblos que dominaron o que otros conquistadores europeos (ingleses, franceses u holandeses) fuesen más crueles que los españoles, no debe servirnos de consuelo moral para nuestra memoria colectiva.

Más allá de aquellos momentos iniciales, los pueblos indígenas fueron víctimas con posterioridad cuando ya se habían creado las repúblicas independientes americanas. Las autoridades de aquellas repúblicas nacientes incumplieron los tratados y acuerdos concertados con los pueblos y naciones indígenas, desconocieron los tímidos fueros proteccionistas consolidados por el Derecho Indiano, desarrollaron campañas militares con intenciones genocidas y repartieron sus tierras comunitarias en nombre del liberalismo y la propiedad privada.

En época más reciente los pueblos indígenas sufrieron políticas etnocidas, asimilacionistas y paternalistas y en nombre del progreso de los países en los que habitaban fueron víctimas de la imposición de modelos de desarrollo lo que en ocasiones conllevó desplazamientos forzosos de población, la destrucción de los ecosistemas en los que habitaban y un ataque inducido a sus formas de vida.

Lamentablemente los pueblos indígenas también han sido víctimas de crímenes de guerra, han sufrido el reclutamiento forzoso de muchos de sus jóvenes y asistieron a la militarización de sus territorios en el marco de las guerras civiles y los conflictos que han asolado gran parte de las naciones en las que habitan. También han sido víctimas de la apropiación indebida de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural material e inmaterial. En nuestro tiempo los pueblos indígenas sufren especialmente la acción de empresas extractivas que actúan en sus territorios originarios, ricos muchos de ellos en recursos naturales, contribuyendo a la explotación no sostenible de los mismos, al fomento del ecocidio, la pérdida de la soberanía alimentaria y la vulneración de los derechos de estos pueblos. Muchos defensores de los derechos indígenas y líderes comunitarios son amenazados y algunos asesinados.

En la actualidad los indígenas son los que menos oportunidades tienen para alcanzar una vida digna en muchos de los territorios en los que habitan y lo cierto es que todavía muchos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, algunos incluso al borde la desaparición física o cultural. Sufren además discriminación racial y tienen especiales dificultades para acceder a la justicia.

Por todo ello quizás junto a las poblaciones africanas que fueron esclavizadas o los judíos que fueron discriminados y perseguidos históricamente, podemos identificar a los pueblos indígenas como ese tercer colectivo sobre el que la Comunidad Internacional ha adquirido mayor responsabilidad global por el tratamiento concedido. Ante esta constatación cabe preguntarnos ¿quién debe pedirles disculpas? A nuestro juicio la disculpa nunca puede ser unilateral sino global. Es cierto que ese reconocimiento general ya se ha venido en parte produciendo, al menos en lo que a los grandes foros internacionales se refiere. Así podemos mencionar como reflejo positivo la adopción de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007 o el Documento final de la Conferencia Mundial sobre pueblos indígenas celebrada en Nueva York en 2014.

En el caso de nuestro país, la valoración por parte de España de los pueblos indígenas y el reconocimiento de su responsabilidad histórica pasa por la cooperación activa con estos pueblos, desde el reconocimiento de su identidad y su autonomía y por la defensa internacional de sus derechos diferenciados. Al respecto hay que recordar que España cuenta desde hace años con una estrategia de cooperación con pueblos indígenas que fue negociada con las organizaciones más representativas de América Latina y que viene apoyando al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Además, España es parte del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT que es el tratado internacional de referencia y apoyó sin dudarlo en las Naciones Unidas la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora bien, la responsabilidad dentro de España con los pueblos indígenas es de todos y no sólo de las administraciones públicas, de ahí que también los medios de comunicación, la sociedad civil, los movimientos sociales y las universidades deben jugar un papel de solidaridad con estos pueblos y deben servir de marcos de control y presión para que las empresas españolas que intervienen en zonas con presencia indígena respeten sus derechos diferenciados y especialmente el derecho a la consulta previa.