Torturas, vejaciones y 10.000 asesinados por ser católico: lo que revelan las palabras de Díaz Ayuso

La Memoria Histórica dictada por los gobiernos socialistas se niega a reconocer como “genocidio” las persecuciones religiosas tras el estallido de la Guerra Civil.

Milicianos republicanos fusilando la estatua del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles / Foto: Wikipedia
Milicianos republicanos fusilando la estatua del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles / Foto: Wikipedia

La Memoria Histórica dictada por los gobiernos socialistas se niega a reconocer como “genocidio” las persecuciones religiosas tras el estallido de la Guerra Civil.

La propaganda, y no la historia, impone un relato buenista de los años de la II República. En el imaginario aparece como una etapa de prosperidad económica y avances sociales y culturales. Se desdeña adrede no solo los desórdenes y los procesos revolucionarios que llevaron a que facciones alejadas de la derecha se enfrentaran entre ellas, incluso con sangre, sino las atrocidades cometidas contra religiosos y edificios de culto. No se trata de un asunto menor, ni mucho menos de una leyenda urbana usada por posiciones conservadoras para atacar al contrario. La aberración de la mal llamada “Memoria Histórica” (la memoria siempre es subjetiva) anhela, sin embargo, que exista un único retrato oficial de las desgracias que sufrió España en los años treinta y que desembocaron en una tragedia de la que aún hoy no se ha recuperado.

Por suerte, hay reputados historiadores, de uno y otro signo político, que han estudiado a fondo ese periodo, y pueden arrojar luz, con diferentes y legítimas interpretaciones, sobre el pasado. El Congreso de los Diputados en pleno a principios de este siglo abominó de las atrocidades perpetradas por ambos bandos e instó a la búsqueda de los familiares que aún yacían en las cunetas. De poco sirvió. Más que reconciliación se abrió la puerta a la revancha y a la imposición del discurso único, y a que por la Ley de Memoria Histórica se cambiara el callejero de ciudades como Madrid. Eso sí, solo para los nombres que trabajaron en tiempos de la Dictadura, daba igual lo relevante de sus hazañas, no de aquellos que en años anteriores a la llegada de Franco cometieron sus tropelías. Ser “rojo” fue el salvoconducto para salvarse del juicio moral. Los mentores de ese revisionismo a su medida se niegan, por ejemplo, a reconocer, el acoso criminal a los católicos.

Valga este prólogo para poner en situación al lector y juzgue él mismo sobre el encendido debate que revolucionó la Asamblea de Madrid esta semana. La presidenta Isabel Díaz Ayuso terminó una respuesta sobre la ley de Memoria Histórica y el traslado de los restos de Franco con la siguiente pregunta: “¿Qué será lo siguiente? ¿Las parroquias arderán como en el 36?” Parece evidente que Ayuso intentó construir una réplica “retórica”, como ella misma reconoció. El Partido Popular ha tenido que dar cientos de explicaciones, como si referirse a un episodio real y doloroso supusiera su radicalización mientras que cuando los miembros de Podemos sueltan sus soflamas (“arderéis como en el 36” gritaba Rita Maestre en su asalto a la capilla de la Complutense), más allá de la indignación inicial, apenas se entra en profundidad en lo que realmente sucedió en los templos. Del mismo modo, el dirigente de Vox Ortega Smith, no puede justificar el ajusticiamiento de las “trece rosas” por delitos que no cometieron sin aportar ninguna referencia académica. Pongamos, no obstante, los hechos a los que se refería Ayuso sobre la mesa.

En este mismo medio, el pasado mes de agosto, Jaime Ignacio del Burgo, comentaba un documento excepcional que puso de manifiesto el genocidio contra la Iglesia Católica en 1936. Manuel de Irujo, del PNV, ministro sin cartera en el gabinete de Largo Caballero (aquel “sensato socialista” al que sus partidarios llamaban el Lenin Español y del que se mantienen sus esculturas intactas), elaboró un “Memorándum”. Lo firmó el 7 de enero de 1937 y denunciaba el asesinato de miles de religiosos por parte de los militantes del Frente Popular, una “acción que fue planeada y deliberada”. El escrito se presentó al Gobierno republicano solo seis meses después de que comenzara la guerra y no causó ningún efecto en el Ejecutivo ni sirvió para mejorar la situación.

Escribía del Burgo que “al final de la guerra civil el saldo de asesinados fue terrible. Las milicias revolucionarias eliminaron, en muchos casos después de terribles torturas y vejaciones físicas y morales, a cerca de 10.000 sacerdotes, religiosos y religiosas. No fueron como se pretende ahora asesinatos aislados, obra de gentes incontroladas sedientas de sangre y desesperadas por sus miserables condiciones de vida, sino que obedecieron a una voluntad consciente y deliberada del Frente Popular de exterminar a la Iglesia para conseguir la total erradicación del sentimiento católico mayoritario en la sociedad española de aquella época. En nuestros días, tales atrocidades encajarían en el delito de genocidio definidos en los artículos 5,1 a) y 6, a) y b) del Tratado de Roma de 1998 sobre creación del Tribunal Penal Internacional”

En la denuncia de Irujo se relata que “todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas ocasiones, han sido destruidos, los más con vilipendio. Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. Una gran parte de los templos, en Cataluña, con carácter de normalidad, se incendiaron”. Seguía el informe de Irujo que “todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o derruidos. Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles”.

Lo que los historiadores han documentado es que en el bando republicano se asesinó a más de 4.000 sacerdotes, más de 2.000 frailes y religiosos, casi 300 monjas y unos 3.000 seglares. Todo ello suma 10.000 muertos cuyo único delito fue ser católico. El arzobispado de Madrid publicó “Martirologio maritense del siglo XX. Solo en la capital se atestigua el asesinato de 427 seminaristas y sacerdotes. “España se convirtió en lo más cercano a un infierno sobre la tierra para los miembros de la Iglesia que estaban en esa mitad del país donde no se había producido o no había triunfado la sublevación”, escribió el historiador José Luis Ledesma en “De la violencia anticlerical y la Guerra Civil de 1936”.

Antonio Montero Moreno, que llegó a ser arzobispo de Mérida-Badajoz publicó en 1961 “Historia de la persecución religiosa en España”, luego reeditada por la Biblioteca de Autores Cristianos en 2005. En la reseña del trabajo que publicó la web infovaticana se escribió que “debido al número de víctimas y al breve tiempo en que fueron asesinadas, la persecución religiosa de la Segunda República, figura como la más intensa de los veinte siglos de la Iglesia Católica, mayor incluso que las diez que llevaron a cabo los emperadores romanos durante 250 años, el islam, los luteranos, calvinistas y hasta la Revolución Francesa, o la comunista rusa o china”.

Los últimos gobiernos socialistas han reabierto heridas en lugar de cerrar cicatrices. El horror de los procesos revolucionarios previos a la Guerra Civil, la propia contienda entre hermanos y la posterior represión de la dictadura merecerían ser tratados con el debido sosiego si quiera por respeto a los muertos. Pero en estos días, la política, más que animar a la concordia, enciende hogueras y empuña antorchas imaginarias. Carmen Calvo visita hoy el Vaticano. Veremos si en son de paz.