El juez no ejecutará el aval de 23,2 millones a Laporta

Un escrito de renuncia presentado por el FC Barcelona en el que solicitaba la suspensión del procedimiento de ejecución ha resultado determinante para que el juez haya decidido pararlo.

El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona ha acordado la suspensión de la ejecución de los avales a Joan Laporta y siete de sus directivos por 23,2 millones de euros (2,9 millones a cada uno de ellos).

Un escrito de renuncia presentado el 18 de noviembre por el FC Barcelona en el que solicitaba la suspensión del procedimiento de ejecución ha resultado determinante para que el juez haya decidido no ejecutar el aval.

El caso se remonta a un tiempo atrás. Joan Laporta y siete exdirectivos (Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfons Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste y Albert Perrín) fueron requeridos por un juez para que presentaran en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) un aval personal de 2,9 millones para cubrir el 15 % del presupuesto de la temporada 2006-07.

El hecho de que un juzgado determinó que Laporta debía convocar elecciones en 2006 y no en 2007, como se defendía en la junta de entonces, llevó implícito que el equipo directivo de ese momento hacía suyos los ocho días de junio de 2003 cuando entró en el club y depreció jugadores por valor de 63,8 millones.

El cómputo global de los ejercicios de 2003 a 2006 resultó por ese motivo negativo y, por lo tanto, Laporta debía presentar el aval que ahora finalmente no será ejecutado.

Liquidado este asunto, la directiva actual y la de Laporta aún tienen otras cuestiones judiciales pendientes. El club ha presentado una apelación a la sentencia de la acción de responsabilidad social que exoneraba a Laporta y a otros dieciséis directivos de responder con su patrimonio por las supuesta pérdidas durante sus siete años de mandato (de 2003 a 2010).

Según la sentencia, Laporta y su junta no dejaron el cargo con un déficit acumulado de 47,6 millones de euros, sino que obtuvieron 4 millones de euros de beneficios en sus siete años de mandato, por lo que no ha lugar a la reclamación del club.