La Guardia Civil registra la sede de los árbitros en busca de documentación sobre el caso de Negreira

Más problemas para la RFEF. La Guardia Civil acaba de acceder a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para intentar encontrar diferente documentación respecto a la relación de la cúpula arbitral con José María Enríquez Negreira. Así lo concretó el juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Tanto El Confidencial como El Debate informan que este registro se está llevando a cabo en el interior de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Los agentes han accedido con varias cajas con el objetivo de incautar documentación. La entrada de los investigadores ha pillado por sorpresa a los trabajadores de la RFEF, que acababan de comenzar su jornada laboral.

El juez Aguirre acordó expulsar a la Federación del caso Negreira "por sus vínculos con los árbitros". Pero la figura de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que llamó "traidor" y "rata" a Estrada Fernández, hizo que este cajón se volviese a abrir. La Guardia Civil también investiga el patrimonio inmobiliario de los árbitros Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, todos ellos cercanos a Negreira. Estos colegiados aumentaron sus propiedades en los últimos años.

Negreira se embolsó más de 7,3 millones de euros. La investigación ha acreditado pagos desde 2001, aunque todo apunta a que la operativa comenzó en los años 90, durante la presidencia del fallecido Josep Lluís Núñez.

"Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido (se refiere al acta) y puntuarlos. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales". "Ir a ver los partidos personalmente o a través de compañeros exarbitros y estar informado del porqué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral", dijo el protagonista de esta historia hace unos meses.

Hay que recordar que el artículo 286 bis del Código Penal que regula el delito de corrupción en los negocios (vigente desde 2010) castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años, y de inhabilitación de uno a seis años, a los "directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva", así como a los deportistas y árbitros que reciban, soliciten o acepten "un beneficio o ventaja no justificados" o la mera promesa de obtenerlo "como contraprestación para favorecer indebidamente a otro".

El juez del caso Negreira imputa al FC Barcelona por cohecho y lo deja al borde del banquillo

El Confidencial informa que el instructor del caso Negreira acaba de dictar un auto en el que sostiene que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA) José María Enríquez Negreira constituirían indiciariamente un presunto delito cohecho. "Un tipo penal que no exige demostrar la adulteración de partidos concretos y que contempla condenas más graves que el delito de corrupción entre particulares que se atribuía hasta ahora a los investigados. El club ha quedado automáticamente imputado por este nuevo tipo penal", insiste el citado medio.