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Polémica
La Audiencia Nacional investiga ya a Luis Rubiales. Horas después de que anunciara su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el magistrado Francisco de Jorge ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía por agresión sexual y coacciones contra el exmandatario federativo por su polémico beso a Jennifer Hermoso en la entrega de medallas de la final del Mundial de fútbol femenino.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha acordado ya las primeras diligencias y ha reclamado a RTVE el vídeo o vídeos de los que disponga en sus archivos "que recojan el momento desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante, así como los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección de fútbol femenino".
Además, requiere al periódico El País el vídeo de la celebración en el vestuario que tiene colgado en Internet y al diario AS el de los momentos del beso y cualesquiera otros relacionados con los hechos. Por su parte, solicita al diario La Vanguardia las imágenes de la celebración en el autobús de la selección española de fútbol femenino.
El instructor da traslado de la denuncia de la Fiscalía a Rubiales para que conozca los hechos que se le imputan y ejercite su derecho de defensa con todas las garantías procesales.
El delito de agresión sexual está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y castiga "cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", refiriéndose expresamente a los que se cometan mediante un "abuso de una situación de superioridad". Siempre que no exista violencia o intimidación, la pena de prisión puede imponerse en su mitad inferior (un máximo de dos años, que no llevaría a prisión a Rubiales de ser condenado al no tener antecedentes penales) o incluso reducirse a una multa "en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable".
En cuanto al delito de coacciones que también le atribuye la Fiscalía al suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que prevé penas de multa o de prisión de seis meses a tres años, en función de la gravedad de los hechos o los medios empleados, a quien "sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere".
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