El Gobierno asume la política económica de Podemos

El “pacto del abrazo” ha llenado de incertidumbre a la mayoría de estamentos económicos, financieros y empresariales del país, que temen un giro populista a las políticas que pueda llevar a cabo un Gobierno PSOE-Podemos si finalmente sale adelante. Varias ministras, principalmente Nadia Calviño, llevan varias semanas multiplicándose en diversos foros y reuniones en una campaña para generar tranquilidad. Pero no parece que hayan conseguido su propósito. Sobre todo a tenor de las últimas declaraciones de Calviño. La ministra de Economía y Empresa en funciones remarcó ayer que no ve “conflicto con las políticas en materia económica” planteadas por Unidas Podemos y se limitó a recordar los puntos del preacuerdo suscrito por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder podemita, Pablo Iglesias: disciplina presupuestaria, la reducción del déficit y la deuda, y las políticas sociales. Sin embargo, si seguimos el ejemplo de lo que han hecho en las comunidades autónomas en las que ya gobiernan juntos, la realidad puede ser muy distinta. Oleada de subidas de impuestos, control del mercado de la vivienda, tasas verdes con la excusa de luchar contra el cambio climático, subida del IRPF a las rentas más altas, incrementos de impuestos sobre Patrimonio y Sociedades, nuevos impuestos verdes, tasas turísticas y, sobre todo, crecimiento exponencial del gasto. Ese el panorama que por el que apuestan ahora mismo en las autonomías bajo su control.

Una presión fiscal récord

La intención de Pedro Sánchez es que la presión fiscal pase del 35,1% al 37,3% del PIB, lo que supone un incremento de más de 26.000 millones de euros y la mayor presión fiscal de la historia española, por encima incluso del récord marcado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y no sólo lo hará con el aumento de las propuestas impositivas directas –las citadas Sociedades, Patrimonio, IRPF de las rentas más altas, Sucesiones...–, sino que el golpe al bolsillo lo hará en el apartado de impuestos indirectos y tasas verdes, además de nuevos gravámenes como las tasas Google y Tobin. Con estos tributos indirectos espera un incremento de recaudación cercano a los 5.700 millones. Esta mayor presión fiscal es un principio compartido por ambas formaciones y “la mejor forma de articular todos estos objetivos”, dijo ayer en Barcelona, en un acto en el Supercomputing Center, en el que defendió la política económica desarrollada por el Gobierno socialista desde hace año y medio. “Tenemos una agenda muy clara basada en la responsabilidad fiscal, la sensibilidad social y las reformas estructurales”. Precisamente sobre este último punto dijo que “no hay tiempo que perder” para poner en marcha una agenda de reformas que permita abordar retos e inversiones de futuro como el cambio climático, la digitalización o la educación, y que, aseguró la ministra, estarán en la política económica del Gobierno. Lo que siguen sin explicar es cómo lo harán. Porque tras el anuncio del acuerdo no esbozaron de manera clara las líneas básicas de su programa, pero el “pacto del Botanic” en Valencia o el “pacto de Bellver” en Baleares ya han marcado el camino a seguir: más presión fiscal, más gasto y mayor intervencionismo, las tres patas del banco de la política socialcomunista.