El Gobierno busca 2.000 millones con urgencia con las tasas Google y Tobin ante la falta de presupuestos

El Gobierno tiene prisa por aprobar los gravámenes a la banca y a los servicios digitales, las conocidas como «tasa Tobin» y «tasa Google». La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que ambos impuestos «están listos»y se aprobarán «en los próximos Consejos» de Ministros. Preguntada en los pasillos del Congreso por la tramitación de estos proyectos de ley que contempla aprobar el Ejecutivo, la titular de Hacienda afirmó que ambas leyes ya han completado su fase de audiencia pública y «han pasado todo el procedimiento», al igual que la nueva ley contra el fraude fiscal. Montero declinó, eso sí, fijar una fecha: «No lo sé, porque la planificación es dinámica», replicó.

Dado que la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado parece que irá para largo,la aprobación de ambas tasas permitiría al Gobierno generar unos ingresos adicionales con los que cuadrar las cuentas públicas. El nuevo escenario que contempla el Ejecutivo eleva el déficit para 2020 al 1,8% del PIB, frente al anterior 1,1%, ya revisado al alza en su día, lo que supone una desviación de unos 8.800 millones. Con las tasas «Tobin» y «Google», Hacienda espera recaudar unos 1.850 millones de euros. Un objetivo que, en cualquier caso, no podría alcanzar este año. Tras ser aprobados por el Consejo de Ministros, ambos gravámenes deberán ser refrendados como proyectos de ley por el Congreso y el Senado. De media, el proceso tarda cinco meses, con lo que no estarían en vigor hasta julio o agosto. El Ejecutivo, no obstante, podría recurrir a una complicada figura jurídica para que entrasen en vigor sin necesidad de trámite parlamentario. También podría optar por el decreto ley, que tiene vigencia inmediata tras su aprobación por el Consejo de Ministros y que luego debe se refrendado por el Congreso en el plazo de un mes.

Antecedentes

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó estos dos impuestos ante las Cortes antes de quedar en funciones por la convocatoria anticipada de elecciones, pero ambos proyectos de ley decayeron por la disolución de las Cámaras. La «tasa Google» está encaminada a que grandes compañías como Amazon o Google tributen en aquellos países en los que tienen actividad con un gravamen del 3% sobre los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. El Gobierno de Pedro Sánchez calcula que el nuevo impuesto podría reportar unos 1.200 millones de euros. Sin embargo, el sector ya ha advertido de que tendría efectos nocivos para su actividad. Un informe de PwC encargado por Ametic y Adigital considera que podría tener un impacto negativo que podría rondar los 700 millones para el PIB. Además, advierte de que, en último término, serán los consumidores los que la paguen, pues las empresas trasladarán sus costes al precio de sus productos.

La tasa también puede abrir una crisis en las relaciones contra EE UU. La Administración de Donald Trump se ha rebelado ya contra los planes de países como Francia de imponer tasas similares y ha contragolpeado con aranceles. La contundente respuesta ha llevado al Gobierno galo de Emmanuel Macron a congelar el impuesto a cambio de que EE UU no imponga más aranceles. La idea es dar tiempo a que la OCDE tenga lista una propuesta global, que debería estar lista antes de fin de año. Una opción que EE UU ha aceptado a regañadientes. Pese a las advertencias realizadas por Washington, el Gobierno de Sánchez lleva tiempo advirtiendo de que impondría en solitario la medida si no se llegaba a un acuerdo en el seno de la Unión Europea o la OCDE.

El impuesto a las transacciones financieras, conocido como «tasa Tobin», ya está vigente en Francia. Esta tasa gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Los cálculos del Gobierno apuntan a una recaudación de unos 850 millones de euros. Pero, como en el caso de la «tasa Google», los clientes son los que se exponen a salir más perjudicados. Un informe del Tribunal de Cuentas francés asegura que así ha sido en el país galo desde su creación en 2012.