Puerta abierta a que la Generalitat participe en la gestión de El Prat y Cercanías

Sánchez no descarta permitirlo ante las preguntas de empresarios catalanes. Se trata de una reivindicación histórica del nacionalismo para que las infraestructuras «sean más eficientes»

Inauguración del Mobile Networking Lunch
El presidente de la Generalitat, Quim Torra (2d), junto al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (i),momentos antes de presidir la inauguración del Mobile Networking LunchMarta PérezEFE

El encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo el pasado día 7 con representantes de los empresarios catalanes en Barcelona dejó buen sabor de boca entre estos últimos. En el transcurso de la reunión, le trasladaron el jefe del Ejecutivo la propuesta lanzada a finales del pasado ejercicio por la patronal catalana, Foment del Treball, de que tanto la Generalitat de Cataluña como las administraciones locales catalanas participen más en la gestión de las infraestructuras que hay en esta comunidad pero que son de titularidad estatal, como los puertos, los aeropuertos o el servicio de trenes de Cercanías (Rodalies). Una proposición que, según aseguran los empresarios, el jefe del Ejecutivo se mostró receptivo a estudiar, dejando así abierta una puerta a que el Gobierno autonómico tenga más peso en las decisiones sobre infraestructuras estratégicas como el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

En su propuesta, Foment del Treball asegura que «la lógica económica» y de «eficiencia» hace que estas instalaciones se deban gestionar «desde el territorio de manera individualizada». En el caso del aeropuerto de El Prat, una de las grandes aspiraciones de los nacionalistas catalanes, lo que Foment ha propuesto es que se haga efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011 que establecía la creación de un Consejo Rector con el Gobierno autonómico para que la Generalitat tenga más peso en las decisiones que se tomen sobre la instalación. Su objetivo es que la infraestructura pueda dotarse de más autonomía para fijar tasas o lograr contratos individualizados. Una independencia de gestión que también reclaman para los aeródromos de Gerona, Reus y Sabadell. Hasta el momento, tanto el propietario de los aeropuertos, Aena, como el Gobierno de turno han defendido que la fortaleza del modelo aeroportuario español está en que funciona como un sistema en red en el que todas las partes están conectadas y se han mostrado poco receptivos a la idea de otorgar mucha autonomía a los aeropuertos que la integran. La Generalitat, sin embargo, acusa siempre a Madrid de priorizar las inversiones en Madrid-Barajas en sus planes y asegura que su gestión sería más efectiva, sacando a colación las protestas que, en los últimos veranos, han llevado el caos al aeropuerto catalán. El Prat es una infraestructura clave para Cataluña. Junto al Puerto de Barcelona, y contando los efectos directos e indirectos, representa el 12% del PIB catalán. Sánchez, en su «Agenda para el reencuentro», ha recordado al Ejecutivo catalán que Aena ha proyectado una inversión de 1.500 millones de euros en la nueva ciudad aeroportuaria barcelonesa y que se actualizarán los planes directores de los aeropuertos catalanes.

Rodalies, el punto perfecto de partida

Rodalies, el servicio de trenes de Cercanías de Cataluña, también es uno de los anhelos del Ejecutivo autonómico. En la actualidad, el acuerdo firmado por el Ministerio de Transporte y la Generalitat establece el traspaso de competencias referidas a la planificación de horarios, atención al cliente, tarifas y gestión y supervisión general del servicio. En materia de material rodante y de infraestructuras, las competencias siguen perteneciendo a Renfe y Adif, respectivamente. Foment asegura que el servicio ha recibido una inversión «muy inferior a las necesidades detectadas en los sucesivos planes de Cercanías». La semana pasada, el consejero de Territorio catalán, Damía Calvet, advirtió de que no dará un paso para alargar la explotación del servicio de Rodalies a Renfe hasta que el Gobierno no «culmine» el traspaso desde el punto de vista económico tras recordar que hace diez años se comprometió una inversión de 4.000 millones de euros. Desde Renfe, su presidente, Isabías Táboas, ha asegurado que hay una posibilidad real para renovar el contrato marco de prestación de servicio de Rodalies. No obstante, considera que antes es necesario que el operador reciba del Ministerio de Transporte los 270 millones de euros del déficit tarifario, la diferencia entre lo que recauda Renfe por prestar este servicio público y lo que ingresa por los billetes que pagan los pasajeros.

En Cataluña consideran que Rodalies constituiría la infraestructura perfecta para poner en marcha esa cogestión dadas sus magnitudes de uso y su problemática. Los Cercanías catalanes son clave para la movilidad de la comunidad, pues son usados a diario por 410.000 viajeros, aunque Renfe trabaja en un plan para incrementar esa cantidad hasta los 600.000. Pero, a decir de los empresarios y el Gobierno catalán, la falta de inversión provoca numerosas incidencias e irregularidad en el servicio a diario que una gestión compartida ayudaría a corregir.

Foment cree que el hecho de que la red ferroviaria sea de interés general no es obstáculo para llegar a acuerdos de colaboración, puesto que no habría que traspasar la titularidad. La patronal catalana recuerda, además, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que a la Generalitat le corresponderá «la participación en la planificación y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal situadas en Cataluña», que tendrían que incluir también a la sociedad civil en sus órganos de gestión.