Multas de hasta un millón de euros por incumplir la ley de cadena alimentaria

El Gobierno prohíbe la venta a pérdidas, no se podrá vender por debajo de costes y se perseguirá el fraude en las campañas de promoción de las grandes cadenas

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado la aprobación del anunciado decreto ley que recoge, según su criterio, las medidas “fundamentales” para satisfacer las reivindicaciones “absolutamente lícitas” de los agricultores y ganaderos. Y lo hará a través de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, con un paquete de medidas con el que pretende mejorar la crisis del campo y eliminar la venta a pérdidas en toda la cadena. "Ese es mi objetivo fundamental”, subrayó. Planas explicó que pretende acabar con los “desequilibrios existentes entre agricultores y el resto de los eslabones de la cadena alimentaria”, que han perjudicado a gravemente a los agricultores, que viven una situación muy “desfavorable por culpa de la atomización del sector primario”.

El ministro anunció cuatro ejes de actuación prioritaria de su departamento, a través de la modificación de cuatro puntos de la ley 12/2013 de 1 de agosto: la formalización por escrito de los contratos de venta en los que deben figurar los costes de producción, “para garantizar que el precio de los productos nunca pueden estar por debajo de los costes de producción”; también queda prohibida la venta a pérdidas, “porque esta es una práctica que destruye toda la cadena alimentaria”; tampoco podrán hacerse campañas de promoción engañosas, “porque destruyen la reputación y el valor de los productos”, y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor “deberán ser asumidos por estas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el coste”. El Ministerio deja a la negociación entre las partes el cálculo de los costes, pero éste debe hacerse en función del gasto productivo -salarios, fertilizantes, semillas, energía...-, y debe tener en cuenta el índice estadístico oficial que, según Planas, será convenientemente actualizado.

Asimismo, desde el Ministerio se redoblarán esfuerzos de control e inspección de la Agencia de Control Alimentario, “que vamos a reformar y a potenciar para que se respete la ley y se evite cualquier fraude que se quiera hacer contra los productores”. Las irregularidades que sean detectadas puede sufrir multas que van de los 3.000 a los 100.000 euros las graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros las muy graves. Esta campaña se control se verá intensificada desde el Ministerio de Trabajo, cuya titular, Yolanda Díaz, ha confirmado que se “perseguirá” a aquellos que nos “respeten la dignidad de los trabajadores”.

El paquete incluye otras novedades, como permitir el pago fraccionado en cuatro años de las cotizaciones para los jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad; la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y una bonificación dirigida a los empresarios agrícolas para incentivar la conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos.

Lo que no ha sabiado explicar Planas es cómo evitará el Gobierno que el precio final se dispare y repercuta en el consumidor. “Si cada uno asumimos nuestra responsabilidad en el marco de la cadena, creo que es posible que los precios al consumidor no se incrementen y que al mismo tiempo exista una mejor retribución para agricultores y ganaderos”, ha insistido.