La factura de los viernes sociales

El déficit público del Estado español cerró 2019 en el 2,7% del PIB, más del doble que nuestro objetivo oficial pactado con Bruselas (el 1,3% del PIB) y un tercio más que el compromiso informal que adquirió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la Comisión Europea (2% del PIB). En euros contantes y sonantes, hemos gastado 33.000 millones de euros más de lo que hemos ingresado, y no porque los ingresos públicos hayan caído –que desde luego no lo han hecho: han aumentado un 3,8% con respecto a 2018, esto es, en 18.000 millones de euros–, sino porque los gastos sí se han disparado –han crecido un 4,1% con respecto al año precedente, es decir, en 20.000 millones de euros–. ¿Y por qué los gastos han aumentado tan intensamente? Pues, sobre todo, porque el desembolso en remuneraciones de los asalariados públicos se ha incrementado en un 5% y porque el gasto en prestaciones sociales ha subido un 6,3%. O dicho de otra forma, lo que ha multiplicado el agujero de nuestras arcas públicas han sido los electoralistas viernes sociales, las tretas monclovitas para comprar el voto de millones de pensionistas y de millones de empleados públicos.

En aquel momento, a los estrategas electorales del PSOE les pareció una buena idea dilapidar los recursos futuros de España en financiar su campaña electoral porque no oteaban ninguna crisis grave en el horizonte. No fueron lo suficientemente prudentes como para esperar lo inesperable, es decir, como para reconocer la inerradicable incertidumbre a la que siempre se enfrenta toda sociedad y, por tanto, la consiguiente necesidad de ser austeros en los tiempos normales para poder resistir a tiempos extraordinarios. Ahora, claro, pagamos las consecuencias de su falta de diligencia, no sólo porque España se encuentre marginalmente más endeudada de lo que lo habría estado con una mayor disciplina presupuestaria, sino porque nos hemos quedado sin ningún argumento frente a Bruselas en la actual negociación de los eurobonos.

Personalmente, nunca he sido nada partidario de mutualizar la deuda comunitaria porque a largo plazo será perjudicial para todos los países –salvo acaso para aquéllos más irresponsables–, pero el objetivo del Gobierno sí es ahora mismo lograr esos eurobonos –o coronabonos–, algo que se aleja por entero toda vez que nuestra carta de presentación ante Alemania y Holanda es una persistente irresponsabilidad financiera incluso en tiempos de bonanza. ¿Cómo convencerles de que nos presten sin condiciones si a las primeras de cambio abusamos de su confianza? De los polvos de los viernes sociales, vienen los lodos actuales del incumplimiento de los objetivos de déficit y del descrédito de España ante las instituciones comunitarias. De cabeza al MEDE firmando un memorádum de entendimiento. No merecemos otra cosa.