El vacío legal que permite dejar de pagar el alquiler durante seis meses

Los arrendadores vulnerables exigen medidas de protección contra impagos que se equiparen a las ayudas para inquilinos vulnerables

“No es lo mismo una pareja de jubilados que complementan su pensión con la renta de un piso que un fondo buitre”, defendió Pablo Iglesias al presentar las medidas de protección del alquiler. Sin embargo, los propietarios vulnerables han quedado igual o más desamparados que sus inquilinos. El real decreto aprobado el 31 de marzo suspendió los desahucios sin alternativa habitacional durante un periodo de seis meses. Para subsanar los impagos, los inquilinos podrían acogerse a un microcrédito ICO (concedido por el Estado) con un interés del 0% a devolver en seis años ampliables a 10. El préstamo será finalista y, como tal, se pagará directamente al arrendador. La pregunta es ¿cuándo? El acceso a estos créditos aún no está disponible, a lo que se suman sus elevados requisitos para conseguir ser uno de los beneficiarios. El resultado de esta situación es que los arrendadores ya den por perdida la renta de abril y muchos comiencen a “hundirse económicamente con las manos atadas”, alerta José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

“Esa renta es igual de esencial para el propietario que para el inquilino su sueldo”, señalan desde la Agencia. Los primeros casos ya comienzan a aparecer: “Tenemos algunos casos en Madrid. Como todavía estamos en periodo de pago y las ayudas aún no están disponibles, algunos inquilinos han decidido dejar de pagar la renta”. La vulnerabilidad de los inquilinos se traslada a los arrendadores que en algunas ocasiones “van muy justos”. “Algunos de ellos son usufructuarios de la vivienda de sus padres y la usan para pagar la residencia”, apuntan fuentes de ANA consultadas por LA RAZÓN. El Ministro de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, José Luis Ábalos, afirmó los préstamos ICO serán recibidos directamente por el arrendador, en caso de tratarse de un propietario. Sin embargo, estas medidas aún no se han articulado. Tampoco tienen en cuenta a los posibles inquilinos vulnerables que aún así no cumplan los exigentes requisitos para acceder a estos créditos, dando lugar a impagos que repercutirán en el arrendador.

Sin acceso a los créditos ICO

Un ejemplo de inquilino que no tiene acceso a estos préstamos es aquel que hayan sufrido un ERTE o despido, pero sobrepase ligeramente el límite de ingresos de la unidad familiar, fijado en 1.613,52 euros para el mes anterior a la solicitud de la moratoria. En este caso, sus ingresos se verán reducidos al 70% y, aunque según los requisitos impuestos, se considere que cuenta con la liquidez suficiente, muchos de ellos no podrán hacer frente al pago de todos sus gastos y, por lo tanto, el arrendador no recibirá la renta del mes. Otro supuesto en el que no se concede el préstamo es el de los inquilinos que cuentan con una segunda vivienda en la costa. No obstante, no pueden hacer uso de ella ni puede alquilarla para completar sus ingresos debido al confinamiento. “Basta con que el inquilino decida no pagar la renta durante 6 meses, ni se comunica con el propietario, ni pide la ayuda vía ICO, se encontrará en un limbo legal donde no le puede pasar absolutamente nada, mientras el propietario sufre directamente el impago de las rentas. El propietario tampoco podrá hacer nada, porque en el real decreto no se ha contemplado ningún canal directo de ayuda a la otra parte del alquiler, los propietarios”, comenta José Ramón Zurdo.

Canal directo de ayuda

“Hay huecos en la norma porque no se ha tenido en cuenta el propietario”, señala ANA. La Agencia respalda la prohibición de los desahucios durante el estado de alarma, pero también exige medidas del mismo calibre para los arrendadores. Para acabar con esta desprotección y rescatar a los propietarios vulnerables que podrían quedarse sin parte de sus ingresos durante seis meses, Agencia Negociadora del Alquiler pide que se abran vías de comunicación para que los arrendadores puedan dejar constancia de su situación y que exista un canal directo de ayuda para subsanar los impago de inquilinos a propietarios.