Impacto de la epidemia sobre la economía española y efecto de las medidas tomadas por el Gobierno

Este análisis del potencial impacto que puede tener la crisis del Covid-19 sobre la economía española se basa en mi formación académica, mi experiencia de más de 25 años en empresas privadas en puestos de responsabilidad así como por mi faceta de empresario. Me he basado en datos procedentes del INE y Banco de España del cierre del año 2019 y he proyectado mis estimaciones para hacer un boceto del escenario económico que viviremos en el futuro inmediato y que tenemos que gestionar y buscar soluciones , hoy y mañana, tanto a nivel gobierno, empresarial y personal.

Pongamos como base de trabajo la composición del PIB español del 2019 por sectores de actividad:

· El PIB de España en 2019 ha ascendido a 1,25 billones de euros/año, o lo que es lo mismo, 104.000 millones de PIB mensual.

· El importe del PIB por sectores productivos se distribuye de la siguiente manera: - Agricultura: 2,7% - Construcción: 5,9% - Industria: 14,2% - Servicios: 67,8% - Imp-Sub: 9,4%

· La economía española se basa en el sector servicios, representando más de 2/3 de nuestro PIB. El comercio, hostelería, ocio, transportes, actividades inmobiliarias y profesionales representan más de 2/3 del sector servicios y un 44% del PIB total del país.

Justamente éstas son algunas de las actividades económicas más afectadas por el confinamiento y que representan el % más importante de nuestro PIB y empleo, por tanto, el impacto sobre nuestra economía y cuentas públicas va a ser extraordinariamente negativo y muy superior al de otros países de nuestro entorno. Estimando una caída de actividad algo inferior al 50% en el conjunto del nuestra economía, estimo una caída del PIB de casi 50.000 millones de euros (-3,9%) por cada mes de confinamiento. Teniendo en cuenta que en Hubei, la provincia china foco del coronavirus, el confinamiento total ha durado 60 días y en su capital Wuhan, 90, y confiando que la evolución de la pandemia en España sea más positiva, no es descartable que nuestro confinamiento dure entre 45-60 días. En consecuencia, el impacto negativo directo del confinamiento español iría en una horquilla entre 73.000-97.000 millones de €.

Pero el impacto no acaba ahí. Cuando termine el confinamiento la vuelta a la normalidad será progresiva y la actividad del país recuperará su “actividad habitual” pasados 2 ó 3 meses del confinamiento. Este impacto negativo del periodo de vuelta a la normalidad es más complicado de cuantificar y será menor a medida que transcurra el trimestre (Q) posterior al levantamiento de las medidas de confinamiento. La horquilla de pérdida de actividad del trimestre posterior al confinamiento he calculado que oscilará entre los 48.000-58.000 millones de € adicionales. En resumen, el impacto negativo de la crisis de Covid-19 sobre nuestra economía en un periodo de unos 5-6 meses (15 marzo-15 septiembre) estará en una horquilla de entre los 121.000-155.000 millones de €, para el escenario menos negativo y más negativo (esto es una bajada del 9,7%-12,5% de nuestro PIB en el conjunto del año 2020).

¿Qué va a pasar con el desempleo con esta bajada de actividad? Según mi estimación, a finales de este año tendremos entre 4,5 y 5 millones de parados en España con la bajada del PIB antes indicada (encuesta EPA), suponiendo una recuperación consistente de la actividad en el Q4 de este año. Tengamos en cuenta que las actividades más dañadas por el parón económico corresponden al sector servicios, gran generador de empleo por cada unidad que ingresa y que el verano, desde el punto de vista turístico, de ocio y sectores relacionados, tanto de extranjeros como nacionales, está ya dañado en un porcentaje muy significativo de su actividad.

Por otro lado, como este parón-crisis es global, la caída de nuestra actividad no va a poder compensarse con un comportamiento positivo de la demanda externa. En consecuencia, el estímulo de la demanda interna vía sector público es el único mecanismo que ayudará a reducir el impacto de la crisis y una salida más rápida de la misma.

¿Qué va a pasar con las medidas de estímulo del Gobierno, déficit público, deuda pública…?

Los efectos de este shock económico irán más allá de esos 6 primeros meses mencionados más arriba y no es descartable que hasta el inicio del año 2022 no tengamos una posición de salida similar a la febrero 2020.

Medidas de estímulo del gobierno

El Gobierno ha aprobado medidas económicas encaminadas a compensar desde el sector público el parón de la actividad económica privada, basadas en dotar al tejido social y empresarial español de la liquidez necesaria para garantizar unos ingresos mínimos a las personas más afectadas y mantener “vivas” a las compañías para que puedan cumplir con sus compromisos con empleados, proveedores, administración, acreedores financieros… y recuperar su actividad productiva una vez levantado el confinamiento.

Centrándome en las dirigidas a empresas y autónomos afectados por el parón productivo, recordemos primero que nuestro tejido empresarial se basa en medianas y, sobre todo, pequeñas empresas, que suponen más de un 95% del total. Nuestras pymes se caracterizan por una estructura financiera débil, tensiones de tesorería cotidianas, rentabilidad baja y, por tanto, una capacidad de resiliencia y adaptación a un “shock” como el del Covid-19 muy limitadas por sí mismas. Las medidas claves de la actuación pública a este respecto han sido, hasta el momento:

• Facilitar el ajuste de plantillas vía ERTES mientras dure el estado de alarma, siempre que se mantenga el empleo en los siguientes 6 meses. Medida positiva, imprescindible e inevitable al haberse parado buena parte de las actividades productivas del país, reforzada con la paralización total decretada a partir del 30 de marzo. Pero su limitación temporal al periodo de alarma y la exigencia de mantener el empleo en los siguientes 6 meses la hacen, en la práctica, bastante ineficaz para facilitar a las empresas un periodo de ajustes de sus costes de personal y cotizaciones suficiente como para garantizar el mantenimiento del empleo y su viabilidad futura una vez levantado el confinamiento. En mi opinión, la anterior restricción llevará a que muchos de los ERTES pasen a ser ERES para parte de las plantillas en aquellas empresas con suficiente capacidad financiera para poder pagarlo, o a una situación de insolvencia/cierre en aquellas que no tengan liquidez para ajustarse o no la puedan conseguir. Si en lugar de 6 meses se hubiera extendido a 1 año la exigencia de mantenimiento del empleo y los ERTES se hubieran podido extender a un máximo de 3 meses, se hubiera dotado de mucha más flexibilidad y capacidad de adaptación a las empresas para hacer más ajustes temporales de empleo y menos despidos definitivos porque se les dotaría de un mayor periodo para generar liquidez por el ciclo normal de cobros/pagos y facilitar así retornar a su actividad productiva habitual.
• Avalar desde un 60% a grandes empresas hasta un 80% a pymes y autónomos, los créditos otorgados por las entidades financieras a las empresas para dotarlas de liquidez hasta un máximo de unos 100.000 millones de €, de los cuales ha liberado inicialmente 20.000, dejando que el sector privado aporte otros 80.000. Una medida en la dirección correcta para dotar de liquidez a las empresas una vez que se ha interrumpido durante bastantes semanas su ciclo normal de ingresos y, en consecuencia, sus cobros bajarán de manera significativa a corto plazo o no existirán porque ha parado su actividad. Pero, ¿qué contrapartidas negativas tiene esta medida? Por un lado, las empresas tienen que asumir una deuda adicional a las que ya tenían y que no tenían previsto en su plan de negocio, exigiéndole un esfuerzo adicional futuro de rentabilidad para poder devolverla que no es seguro puedan conseguir. Por otro, esas facilidades financieras estarán condicionadas y limitadas a la capacidad de cada empresa de poder devolver lo que piden, puesto que el riesgo que no está avalado lo asumen las propias entidades financieras. ¿O es que se van a otorgar avales a aquellas empresas que por sus estados financieros/plan de negocio se vea con claridad que no van a poder hacer frente al pago de los créditos que soliciten? No parece que vayan a aprobarse créditos que previamente no hayan sufrido el correspondiente análisis de riesgo 8 por las entidades financieras. Consecuentemente, muchas empresas y autónomos con poca solvencia antes ya de esta crisis es dudoso que consigan la liquidez que precisan por esta vía para reanudar su actividad y entrarán en concurso y/o liquidación. Igualmente, si el tiempo de gestión desde la solicitud hasta la concesión de estos créditos se alarga, habrá muchas empresas que no sobrevivan a ese periodo de espera. Además, al no cancelarse y sólo retrasarse, hasta la fecha, todo tipo liquidaciones de cotizaciones sociales e impuestos, es muy probable que esa financiación obtenida que incrementa el endeudamiento de las empresas se dedique a pagar seguros sociales, sobre todo, e impuestos y no a invertirlo en su negocio, tanto para reactivarlo, como para pagar nóminas a los empleados, facturas a sus acreedores o para inversiones productivas.
• Encarecer el despido, prohibiendo el despido objetivo de 20 días por año trabajado y argumentado por el estado de alarma, aplicándose como norma los 33 días del despido improcedente. Es evidente que se dificulta el ajuste de plantilla a las empresas para adaptar sus costes a sus ingresos al encarecer el despido un 65%. La contrapartida será que el % de empresas que entren en situación de insolvencia aumentará, perdiendo su empleo toda la plantilla y, muy probablemente, asumiendo el Fogasa (el Estado) el coste de liquidación de los trabajadores. En definitiva, esta medida puede ser un bumerán que provoque más despidos definitivos y que además los costes recaigan sobre las arcas del estado. Por otro lado, no tiene justificación que no se pueda aplicar el despido objetivo en una situación como la actual, si no es ahora ¿cuándo? Aquí, también la ideología se ha impuesto a la decisión más conveniente desde el punto de vista social y económico, puesto que va a perjudicar más a las personas con menos formación en puestos que aportan poco valor añadido y más vulnerables socialmente, justo a los que supuestamente se pretendía proteger.

Déficit y Deuda Pública

Esta crisis es un claro ejemplo de cuándo y qué papel debe jugar el sector público en la economía de mercado. Ahora es su momento… para compensar la paralización de la actividad privada y facilitar su recuperación. Ahora es el momento de facilitar toda la liquidez y transferencias necesarias para las personas y el sector privado compensando la bajada de rentas personales y negocios. Ahora es cuando no importa que el déficit crezca y esos recursos vayan a ciudadanos y empresas. Ahora es cuando no importa que el stock de deuda pública se incremente para compensar el parón de la actividad privada.

Claro está que la intensidad de la acción anticrisis del sector público va a depender de cuál es el nivel de saneamiento de las cuentas públicas de cada estado. ¿En qué posición pilla a España esta crisis en sus cuentas públicas? La respuesta es sencilla y por todos conocida: en una muy mala posición. Así que la capacidad de actuación de nuestro estado para contrarrestar el drama social y parón productivo del sector privado es muy limitada sin apoyo externo. Respecto al déficit público, aunque esta variable económica es la más manejada de manera cotidiana cuando hablamos de las cuentas públicas, en este momento su influencia es menos determinante que la deuda pública. Se ha informado ya que el déficit público del 2019 se cerró en el 2,7% del PIB, 0,2 puntos peor que en 2018 y casi 1 punto peor de lo acordado con Bruselas (2%) en nuestro inicial plan de estabilidad acordado por el gobierno de Rajoy que el de Sánchez trata de suavizar y alargar su ajuste en el tiempo. Pero sinceramente, esa desviación negativa del 2019 provocada por atender a cuestiones ideológicas “de todo tipo” por “una necesidad social”, ahora mismo no es significativa comparado con el déficit con el que cerraremos el año 2020.

En mis análisis he supuesto una bajada del 15% en la recaudación tributaria del año 2020, a medida que pasan los días sin actividad estimo que la caída en el año podría ser bastante mayor, y teniendo en cuenta que el total de ingresos públicos del 2019 ascendió a 492.000 millones, aplicando el 15% de bajada de la recaudación por la menor actividad económica, nos encontramos con una reducción directa de ingresos de 74.000 millones (6% del PIB). A esa disminución de ingresos hay que añadir el incremento de gastos derivados de las medidas extraordinarias de carácter fiscal adoptadas ya por el gobierno en estas últimas semanas (no cuantificado su impacto en el déficit por el gobierno) más el incremento de gastos respecto a lo presupuestado por mayor desempleo, mayores gastos sanitarios y servicios públicos, financieros… (tampoco cuantificado su impacto en el déficit por el gobierno), es plausible estimar que el déficit público al cierre del 2020 se sitúe por encima del 10% del PIB: + 2,5% déficit corriente del 2020 + 6% por la reducción de ingresos por menor actividad económica + 2-3% por gastos extras asociados a la pandemia.

Sobre la deuda pública, es la variable clave que va a condicionar nuestro devenir económico y el potencial del Estado para poder compensar el parón privado obligado por la propia Administración. Al cierre del 2019, la deuda pública española ascendía al 96% de nuestro PIB, esto es, 1,2 billones de deuda. Al cierre del año 2008 nuestra deuda pública representaba el 40% sobre el PIB, la más baja entre los países más importantes de la UE, incluido Reino Unido. En esos 11 años, nuestra deuda pública ha aumentado 56 puntos, más que ningún otro país importante de la UE, a pesar de que en los últimos 6 años, nuestro crecimiento del PIB ha tenido un diferencial positivo anual de más de 1 punto sobre la media de estos países de la UE. Traducido, no hemos conseguido reducir la deuda pública en años de crecimiento para que en años de penuria, como el actual, tener margen de endeudamiento público adicional para compensar el ciclo económico. Este es uno de los motivos fundamentales por el que las acciones de apoyo del Estado a empresas y autónomos sean de menor intensidad y cobertura que el de otros países europeos, ellos tienen más capacidad de endeudamiento adicional.

Justo lo contrario ha pasado con la deuda privada, que ha descendido de manera muy significativa durante ese mismo periodo, pasando del 197% del PIB en 2008 al 133% en 2018, una bajada de 64 puntos. Esto es, el sector privado ha hecho sus deberes en estos años, el sector público no. Que el déficit público ascienda en 2020 a más del 10% del PIB significa que el Estado, además de renovar la deuda que vence en 2020, tiene que pedir al mercado financiación adicional por valor de 125.000 millones.

¿Con qué stock de deuda pública cerraremos 2020? Según mi estimación, en el escenario menos negativo la deuda se incrementará en 21 puntos en 2020 sobre 2019 hasta el 117% del PIB, y al 120% en el escenario más negativo. La consecuencia de este incremento es que los mercados financieros exigirán más diferencial de interés a la deuda española para acudir a las subastas del tesoro: deuda más cara = pago de mayores intereses financieros = mayor déficit público = mayor necesidad de financiación si no bajamos otros conceptos de gastos. Esto es, un círculo negativo difícil de solventar por nosotros mismos dado la situación de nuestras finanzas públicas.

¿De quién y qué ayuda podemos esperar?

Sin duda vendrá de la UE. En mi opinión, España va a precisar el apoyo europeo para afrontar con éxito el esfuerzo financiero público que requiere afrontar esta crisis y recuperar el pulso económico de nuestro país lo antes posible, garantizando también protección social a todos aquellos que van a sufrir su impacto.

Por un lado el Banco Central Europeo (BCE) que ya está facilitando liquidez, hasta 750.000 millones en una primera fase, a través de la compra de deuda emitida por países y facilitando liquidez a la banca, todo ello para financiar las necesidades extraordinarias de todos los países miembros de la unión monetaria (UM). A mí modo de ver, el BCE está dando el mensaje y la acción correcta y esperada por los mercados en estos momentos. Desde su anuncio la prima de riesgo española y de otros países del sur de la unión monetario bajó sustancialmente, una ayuda adicional para obtener una financiación barata.

Pero depender de la acción del BCE tiene un riesgo importante para un país como es la potencial limitación, tanto temporal como de importe, de sus compras, puesto que, si un país pretendiera financiarse ilimitadamente y por tiempo indefinido sin realizar ajustes y reformas estructurales que fueran en la dirección de cumplir con los requisitos de deuda y déficit del euro, el BCE podría de dejar de comprar sus bonos. Esto es lo que pasó a Italia hace poco más de un año cuando el BCE dejó de comprar deuda italiana, en pocos días se duplicó el riesgo país de Italia y el gobierno italiano tuvo que dar marcha atrás 13 y ajustar su presupuesto. Poco después el gobierno se rompió y hubo elecciones en el país.

¿Y por qué España no se podría financiar en el próximo futuro en el mercado financiero como hace actualmente? Pues porque debido a la ingente necesidad de dinero extraordinario que necesita el Estado para afrontar esta crisis y debido al elevado nivel de deuda pública que ya tiene nuestro país, los inversores dejarán de acudir a las subastas del Tesoro si no es con una contrapartida de tipo de interés mucho más alto que el actual (la conocida prima de riesgo), algo que España no podría permitirse porque sería inasumible su pago para nuestra economía. Por tanto, España y otros países europeos además de al mercado financiero también van a tener que buscar otras canales de financiación baratos y extraordinarios que tiene o pudiera tener la UM, a añadir a la compra de bonos por parte del BCE.

¿Cuáles son esos canales extraordinarios de financiación? Aquí entran en juego dos conceptos que se están haciendo muy populares desde hace algunas semanas en los medios de comunicación: los “Eurobonos”, que hoy no existen, y el MEDE o Mecanismo Europeo de Estabilidad, que ya existe y está operativo.

¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos? Los eurobonos serían un tipo de bono con la garantía de todos los países de la UM y no sólo por el país que los emite. Por tanto, es una manera de mutualizar deuda y garantizar entre varios países las emisiones de deuda de un país. Como los eurobonos no existen por la oposición desde hace años de los países más solventes de la UM y, en mi opinión, con este concepto no se aprobarán al menos a corto-medio plazo, tampoco se ha iniciado discusión sobre sus condiciones y, en especial, el importe máximo de emisión de este instrumento y su distribución por países. Por otra parte, la razón clave por la que los países más débiles de la UM quieran desarrollar este instrumento financiero es que la emisión de eurobonos no estaría sujeta a ninguna medida de ajuste o restricción final en su uso por parte del país que los emite.

¿A qué países favorece la emisión de eurobonos? Si los países que lo emiten tienen mucha deuda, un déficit alto sobre su PIB y una economía más débil, es decir, son menos solventes en el mercado para financiarse que otros con menos deuda y/o una economía más sólida, los eurobonos les benefician porque con el respaldo de los países más fuertes consiguen mejores condiciones al financiarse. Evidentemente, a los países del norte no les interesa mutualizar deuda porque no quieren cubrir los riesgos de que un país débil llegue a suspender pagos y tengan que asumir ellos el pago de esa deuda ante los acreedores. Por otro lado, sus propias condiciones de financiación mutualizando deuda serán peores que si acudieran solos al mercado al ser más solventes individualmente y poder conseguir tipos de interés menores. Países débiles del euro con esta crisis, todos los del sur de Europa: les ha afectado más la Covid-19, tienen un volumen de deuda s/PIB igual o mayor al 100% y una estructura económica menos sólida. Países fuertes del euro en esta crisis, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Austria, tienen menos deuda, menos déficit, algunos incluso superávit presupuestario y una estructura economía más sólida.

El otro mecanismo de financiación extraordinaria es el MEDE que proporciona asistencia financiera en condiciones muy favorables (vía préstamos o compra de deuda) a los países del euro con dificultades financieras o que las podrían tener. En estos momentos, este fondo dispone de 0,5 billones de euros para todos países de la UM que lo necesiten, aunque podría ampliarse si los países de la UM así lo acuerdan. ¿Y por qué el gobierno español o italiano no quieren acudir a la financiación del MEDE? La concesión de las ayudas está condicionada a la adopción de un plan de estabilidad financiera por parte del país que recibe los fondos y supervisado por el propio MEDE (los famosos “hombres de negro”). Algo que políticamente es muy difícil de vender en los países que lo solicitan. Este el mecanismo preferido por los países del norte de Europa para ayudar a los del sur puesto que no pone en riesgo su solvencia y además impone un plan de estabilidad presupuestaria al país que lo recibe para que encauce sus finanzas públicas y cumpla con las reglas básicas acordadas en la creación del euro: a) déficit público < 3% del PIB y equilibrio presupuestario en periodos de crecimiento; b) deuda pública < 60% sobre el PIB.

Mi opinión final sobre estas cuestiones es que si España tiene que pedir ayuda financiera a la unión monetaria, algo a lo que el gobierno se resistirá pero que podría ocurrir a lo largo de este año, la UE propondrá que sea el MEDE el mecanismo de financiación que podría utilizar ligado a un plan de estabilización de las cuentas públicas y reformas estructurales. El impacto político nacional del uso del MEDE u otro tipo de ayuda condicionada es claro, ¿podrá resistirlo el actual gobierno de coalición de izquierdas o la crisis se lo habrá llevado por delante antes?, ¿habrá nuevas elecciones generales a finales del 2020 o principios del 2021? Tampoco es descartable esta hipótesis. Pero lo más deseable y conveniente para el país, dada la extraordinaria profundidad de la crisis que se nos viene encima, es que hubiera un gobierno de concentración PSOE-PP con apoyo externo de CS, y que ese gobierno cierre un pacto de estabilidad y crecimiento con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, para afrontar la crisis y sentar las bases para realizar reformas estructurales de nuestra economía que faciliten, por fin, el cambio de nuestro modelo productivo que incremente el % de la industria en nuestro PIB por encima del 20% y nuestra inversión en I+D a nivel de la media de los países de la UM.

Esperemos que nuestra clase política esté a la altura del momento que vivimos pero la gestión inicial de esta crisis y experiencias pasadas no me hacen ser muy optimista sobre ella.