Las autonomías podrán endurecer los requisitos para acceder a las ayudas directas al alquiler

Todo contrato tiene mucha letra pequeña. Y en esos detalles, según el dicho, se esconde el diablo. Y el plan de ayudas al alquiler para los más vulnerables por el coronavirus articulado por el Gobierno también tiene condicionantes más allá de sus grandes rasgos. Según informó ayer el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), las comunidades autónomas podrán endurecer los requisitos para conceder las ayudas directas a los colectivos en situación crítica.

El plan del Ministerio de Transportes ha establecido una línea de avales para la concesión de microcréditos que tendrán cobertura del Estado para que ayudar a los inquilinos en situación vulnerable a poder pagar los próximos meses los alquileres de su vivienda habitual. Estos préstamos, que se concederán sin gastos y a cero interés, se podrán devolver hasta en 6 años prorrogables 4 años más. El ministerio considera, no obstante, que este plan de préstamos podría resultar, no obstante, insuficiente para hacer frente a circunstancias urgentes, o de extrema vulnerabilidad de aquéllas familias cuya situación ni siquiera con ese préstamo avalado pudieran resolver su situación de precariedad para hacer frente al pago del alquiler. Por ello, adicionalmente, en el ámbito del Plan Estatal de Vivienda, Transportes ha incorporado un programa de ayudas directas para estas familias en situación de extrema precariedad. Para atenderlo, el Mitma ya ha ordenado adelantar, mediante una transferencia urgente, 346 millones de euros -y hará lo propio con otros 100 millones continuación- correspondientes a la anualidad 2020 del Plan Estatal de Vivienda a las comunidades autónomas, que serán las que gestionen las ayudas.

Condiciones

En su calidad de administradores del plan, las regiones tendrán la potestad de endurecer los requisitos para acceder a estas subvenciones. Así, la orden publicada en el BOE establece que “las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla determinarán los supuestos de «situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19» que posibilitarán adquirir la condición de beneficiarios de las ayudas de este programa, que incluirán en todo caso y como mínimo los definidos” por Transportes.

Entre los preceptos que habrán de cumplir sus perceptores se incluye que arrendador y arrendatario no podrán tener una relación familiar estrecha. Así, los beneficiarios habrán de acreditar “que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de arrendador de la vivienda”; o “que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada no sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora".

Las ayudas, que serán de hasta 900 euros al mes durante un plazo de seis meses; solo podrán destinarse al pago de la renta del alquiler o en su caso y en la parte que corresponda a la amortización total o parcial del préstamo suscrito, con cuyo importe se pagó la renta del alquiler, añade la orden. No obstante, serán compatibles con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler correspondiente dado que, como explica Transportes, “son ayudas para atender a la vulnerabilidad sobrevenida por el COVID-19”.