Los empresarios piden ERTE más baratos para mantener el empleo

La pelea por la financiación en la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por razones de fuerza mayor a causa del Covid-19 va a ser dura. Mientras el Gobierno y los sindicatos proponen que sean los empresarios los que vayan gradualmente reduciendo la carga que supone para el Estado esta prolongación de las condiciones, cerca de 18.000 millones de euros, los empresarios piden suprimir las cuotas a la Seguridad Social en los ERTE y reducir las cuotas a la Seguridad Social para aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo en condiciones y plazos claramente delimitados. Así se establece en la Estrategia España para la Recuperación de la crisis provocada por el Covid-19, presentada hoy por el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa.

El Estado abona actualmente el 70% de la base reguladora de cada trabajador, que se mantiene como cotizante y, por tanto, no suma como desempleado. La solicitud de los empresarios coincide con la de algunas regiones donde, paradógicamente, gobierna la izquierda. El pasado viernes, el Gobierno balear planteó que las bonificaciones a las empresas de las cuotas a la Seguridad Social lleguen al 100% por parte del Estado para evitar descapitalizaciones. La coalición social-comunista presidida por Francina Argmengol pidió para el sector turístico “especial sensibilidad” con bonificaciones del 100% mientras no se recupere la actividad ordinaria.

En los ERTE por Covid-19 la Tesorería General de la Seguridad Social exonera a la empresa del abono de las cuotas empresariales, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 personas trabajadoras en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanza al 75% de la aportación empresarial.

Los empresarios consideran fundamental prolongar las medidas excepcionales en materia de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada y articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las compañías a la paulatina recuperación de la actividad. En este sentido, se propone no limitar la extinción derivada de causas válidas al estado de alarma y permitir la posibilidad de afectación y desafectación flexible de trabajadores afectados por ERTEs en función de la variación de la actividad mientras dure el periodo de transición.

Medidas impositivas

Asimismo, la CEOE propone ampliar el alcance de las líneas ICO de financiación o crear nuevos programas específicos, que deberían adaptarse a las especificidades propias de cada sector, incluso elevando el riesgo avalado hasta el 100%,aplazar los plazos de autoliquidación de impuestos durante al menos seis meses y suspender los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. También se demanda eliminar los límites a la compensación de Bases Imponibles Negativas y a la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades, deducciones en el Impuesto sobre Sociedades o en los rendimientos de actividades empresariales y profesionales del IRPF, de las donaciones de bienes y servicios y de las condonaciones de deudas acordadas en el contexto de la crisis sanitaria, así como excluirlas de la consideración de autoconsumo en el Impuesto sobre el Valor Añadido para evitar el perjuicio adicional de las empresas y empresarios que las están realizando.

Los empresarios piden a las administraciones que agilicen los pagos de las facturas pendientes y las devoluciones tributarias.