El presidente de Ausbanc pide al juez que investigue si el BBVA ordenó espiarle en prisión

La defensa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda -para quien la Fiscalía pide 118 años de prisión por la supuesta extorsión a entidades bancarias-, reclama a la Audiencia Nacional que investigue a más de una veintena de ex directivos del BBVA, con el que fuera su presidente Francisco González a la cabeza, por delitos de organización criminal, cohecho, corrupción en los negocios y difusión ilícita de información, entre otros.

Así lo solicita su abogado, Miguel Durán, en un escrito remitido al juez Manuel García Castellón el pasado día 7, en el que además insta al instructor de la causa a investigar en una pieza separada la “red clientelar corruptora tejida por el BBVA” a través de “aguinaldos, regalos y otras dádivas” destinados presuntamente a mandos policiales al menos entre 2006 y 2015. Pineda también quiere que el magistrado esclarezca si, como él mantiene, González le ofreció 12 millones de euros en un hotel de Formigal (Huesca) en las navidades de 2012 con el objetivo de silenciar las denuncias de Ausbanc contra la entidad bancaria.

El letrado quiere que el juez indague en lo que califica de “investigación ilegal” sobre Pineda en la cárcel de Estremera (Madrid), de la que responsabiliza al BBVA, y que se conoció presumiblemente como “operación Búlgaros”, para lo que pide que declare como investigado por cohecho y revelación de secretos el que fuese secretario general del Consejo de Administración de la entidad Domingo Armengol y, en calidad de testigo, la secretaria del ex responsable de Seguridad Julio Corrochano. Además, solicita que se recabe testimonio al respecto del director de la prisión.

“El grado de infiltración de la estructura criminal del grupo Cenyt y el BBVA -denuncia su letrado- superó cualquier umbral imaginable cuando incluso estando ya en prisión provisional el BBVA encargó que se lesionaran todo tipo de derechos fundamentales ordenando investigaciones dentro del centro penitenciario, para lo que tuvo que recabarse información desde dentro” de la cárcel de Estremera.

En ese contexto, hace referencia en su escrito al documento “borrador evaluación de riesgo Pineda", elaborado por la dirección de Seguridad de la entidad bancaria y que está incorporado al sumario del procedimiento judicial, en el que se apunta a las “estrechas relaciones” de Pineda “con otros internos de su prisión fundamentalmente originarios de países del Este y de Colombia y que cumplen condena por delitos muy graves”. En ese borrador se sustentaba en esos contactos el “riesgo de acciones o delitos por “encargo” a modo de “sicariato” en complicidad con dichos internos contra nuestro presidente, a quien Pineda considera responsable de su situación de prisión y de las graves acusaciones por las que se le investiga”.

En su declaración ante el juez, recuerda el abogado de Pineda, el ex presidente del BBVA aseguró que le llegó la información de que “la actividad del sr. Pineda una vez es detenido estaba relacionada con gente del hampa”, por lo que el Consejo de Administración acordó “reforzar” su seguridad.

Para Pineda resulta esencial “conocer que Consejo de Administración fue informado del informe y, en definitiva, del contenido delictivo del mismo; que acuerdos se adoptaron, quienes estaban presentes, en su caso representados y por quién, y el sentido del voto de cada uno de ellos”.

El presidente de la asociación de defensa de los consumidores insiste en que ha sido el objetivo de “una investigación parapolicial” liderada por el ex comisario José Manuel Villarejo -a quien se refiere como “uno de los mayores elementos corruptores de la integridad del sistema judicial español”- e impulsada supuestamente por el BBVA “con todo tipo de abusos inherentes a los cargos policiales que en ella participaban, entre los que destaca el tráfico ilícito de datos telefónicos”. Para él, la intervención de sus comunicaciones “sin autorización judicial” acarrearon la apertura de la investigación judicial contra él, pues “de no haber mediado ese ilegal proceder”, mantiene, la denuncia contra él “no hubiera tenido mayor desenlace que la basura”.

Su abogado pide al juez que cite a declarar como presuntos autores de delitos de organización criminal, cohecho, corrupción en los negocios, tráfico de información y abuso de datos a un total de 17 personas: además de González, el ex director de Seguridad del banco Julio Corrochano, el que fuera director de Riesgos Antonio Béjar y el consejero delegado Ángel Cano, el ex director de Comunicación Javier Ayuso y el que fuese secretario general del Consejo de Administración Domingo Armengol, entre otros.

Respecto a los supuestos cohechos por las “gratificaciones navideñas, regalos, aguinaldos, así como otras dádivas con las que el BBVA afectó gravemente el buen funcionamiento de las Administraciones policiales influyendo para su propio interés”, la defensa del presidente de Ausbanc mantiene que esa “red clientelar corruptora” que sumaría “cientos de miles de euros” permitió al BBVA “le ha permitido obtener tratos de favor ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en abuso de sus cargos y en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, entre los que se encuentra, la asociación de consumidores Ausbanc y el sr. Pineda”.

“Filibusterismo probatorio”

En su escrito, Durán hace hincapié en que la “operación Nelson” -que llevó a Pineda a prisión en abril de 2016- se gestó supuestamente en una comida “entre altos directivos del BBVA con la cúpula policial el 7 de enero de 2015 en el complejo de Canillas”. La denuncia contra Pineda, insiste, “no era anónima, sino que medió en la misma el comisario José Manuel Villarejo y el BBVA”.

Con esa argumentación, solicita a García Castellón la declaración de once personas en calidad de investigados -entre los que figuran de nuevo González, Corrochano, Ayuso y Moliner, y a los que suma, entre otros, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó- por delitos de cohecho, estafa procesal, difusión ilícita de información y falso testimonio. Todos ellos, mantiene, tuvieron “perfecto conocimiento de la actividad ilegal por parte de un policía en activo como era el comisario José Manuel Villarejo y las actividades ilícitas para particulares que desarrollaba desde el grupo Cenyt”.

Durante esa investigación policial, denuncia, “se recurrió a la manipulación de las pruebas y fabricación de otras falsas con la finalidad de materializar el encargo” de Villarejo, “esto es, la incoación de un procedimiento contra el sr. Pineda y Ausbanc”. Para su defensa, se estableció una “connivencia” entre la entidad bancaria y el Grupo Cenyt liderado por Villarejo “para acabar con Ausbanc y Luis Pineda”, en el marco de la cual, subraya, “todas las intervenciones telefónicas interesadas por la UDEF fueron acordadas como consecuencia de distintos delitos de cohecho y abusos sobre derechos fundamentales en el marco y organización criminal liderada por el comisario de Policía”.

Por último, la defensa del presidente de Ausbanc se queja de que la entidad bancaria no está aportando a la causa toda la información de la que dispone. “Que el BBVA sea una de las entidades financieras más importantes de este país no puede significar permitírsele toda una serie de ventajas sobre cualquier ciudadano o empresa ordinaria, pues qué duda cabe que hemos llegado a una situación en la que el BBVA, ante todo, está actuando en su legítimo ejercicio derecho de defensa incompatible con la búsqueda de la verdad material”, algo que considera “inasumible en un Estado de Derecho”.

Para Pineda constituye un “filibusterismo probatorio” que “la entidad investigada sea la que vaya proporcionando a su criterio interesado de defensa las fuentes de prueba que a su vez son las que son las demostrativas de los delitos cometidos, por lo que insta a la Audiencia Nacional a “obtener la totalidad de las fuentes de prueba que constituyen las fuentes de información sobre las que el BBVA va cribando a su criterio”