El Ingreso Mínimo Vital, un refugio para la economía sumergida

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) hace equilibrios sobre la delgada línea que separa el trabajo regulado y la economía sumergida. Esta prestación ha sido aprobada recientemente por el Gobierno con carácter permanente para combatir el riesgo de pobreza, tanto en la actual crisis sanitaria, como en los años venideros. La premura y falta de tino al establecer su sistema de incentivos podría crear una subdivisión de beneficiarios cuya opción más rentable sea trabajar «en negro» para completar la prestación, alerta la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El tercer boletín de la crisis del Covid presentado hoy por Fedea analiza la implantación de esta medida, en la que han detectado «problemas importantes que convendría tratar de corregir durante su tramitación parlamentaria». El Gobierno es consciente de los riesgos de una renta mínima que podría convertirse en una «trampa de pobreza». No obstante, atribuye la raíz del problema a la condición de desempleo para acceder a la prestación. La solución es sencilla: la percepción del IMV será compatible con el trabajo remunerado por cuenta propia o ajena. Pero las verdaderas lagunas del plan parecen haber pasado inadvertidas, señala Fedea. El funcionamiento de la prestación es el siguiente: a medida que la remuneración obtenida en un puesto de trabajo aumente, el IMV se reducirá en la misma proporción, por lo que los ingresos del beneficiario siempre serán los mismos hasta que supere cierto umbral y deje de cobrar esta ayuda. Algunos harán cuentas y no encontrarán la motivación «para buscar un trabajo o trabajar más tiempo, salvo que sea ‘en negro’», apunta Fedea. Más aún, añaden, dado el tratamiento confiscatorio que se da a los ingresos declarados, los incentivos a «trabajar en negro» serán muy fuertes.

La alternativa para incentivar el empleo

«El objetivo es que sea una prestación dinámica, para lo que se han diseñado instrumentos como itinerarios de inclusión e incentivos laborales», para que esta renta no disuada la búsqueda de empleo, explicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Sin embargo, Fedea señala que estas medidas apenas están articuladas en la norma y en la práctica generan pocos incentivos. La única excepción es una disposición que podría permitir que las personas cuyos ingresos superen el umbral garantizado puedan seguir percibiendo parte de la prestación durante un año más. Convertir la renta mínima en un complemento salarial o impuesto negativo es el cambio que podría marcar la diferencia, según Fedea. La manera de hacerlo es que por cada euro de ingresos propios adicionales que obtenga un beneficiario de la ayuda, detallan, la prestación debería reducirse en menor proporción, para que su renta neta total aumente si eleva sus ingresos declarados.

Más allá de combatir la picaresca del trabajo «en negro», el IMV tiene otros dos frentes abiertos. Uno de ellos, es la decisión de ligar su cuantía a los ingresos del año anterior en vez de adoptar una referencia más reciente, lo que genera un retraso «muy considerable» en la percepción de la ayuda. Para paliar esto, Fedea plantea convertir en ordinario el procedimiento extraordinario que se ha habilitado en 2020 para agilizar el acceso al IMV durante la crisis del Covid-19 y regularizar esta cantidad a posteriori y de oficio con datos de la Agencia Tributaria. Por otro lado, aconseja pasar la gestión del IMV a las autonomías para coordinar la prestación nacional con las ya vigentes en cada región.