El Ingreso Mínimo Vital repercute en el debate territorial del Estado

Antes del Covid-19 ya había hogares sin armonía matemática, núcleos familiares vulnerables con una renta mensual que no alcanzaban el umbral mínimo. El coronavirus los ha incrementado y el Gobierno de España ha dado luz verde a un Ingreso Mínimo Vital que, de acuerdo a los números que el Ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa, recibirán 850.000 familias, integradas por 2,3 millones de personas. La nueva ayuda aliviará su situación, lo que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros.

Según lo anunciado y a la espera de conocer los detalles que se publiquen próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se hará cargo de la gestión de ese incentivo de último recurso en toda España, excepto en el País Vasco y en Navarra. El Ejecutivo central ha pactado con el PNV que allí serán las administraciones autonómicas las que lo articulen. El resto tendrá que esperar hasta 2021 para intentar conveniar con la Seguridad Social el formar parte de su gestión. La diferencia se ha justificado en base al régimen foral de ambas comunidades y ha provocado la reacción del Gobierno andaluz. Varios de sus miembros han criticado ya el «agravio» comparativo, la diferencia de trato, y han anunciado además que no descartan recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por un posible conflicto de competencias. Aunque intentarán primero agotar la vía política, tras analizar la propuesta definitiva del Ejecutivo que comanda Pedro Sánchez.

Varias fuentes judiciales consultadas por LA RAZÓN apuntan que la competencia de la asistencia social «es autonómica», si se mira el artículo 148.1.20 de la Constitución española, y que el Real Decreto Ley del Ejecutivo estatal podría «provocar» disputas competenciales, al «fijar un trato diferenciado entre Navarra y el País Vasco, de un lado, y el resto de las comunidades de otro». No tienen claro que «la existencia de haciendas forales» soporte la asimetría. ¿Hay base legal entonces para que la Junta recurra a los tribunales? Los profesores de Derecho Constitucional Fernando Álvarez-Ossorio y Esperanza Gómez coinciden en que no, agarrándose a la desigual en sí, dado que, según explica el primero, «la igualdad se predica entre los ciudadanos, entre las personas, no entre las administraciones que componen el sistema autonómico». «De hecho», matiza, «siempre se habla del Estado autonómico asimétrico». A su juicio, «el fundamento lo tendrían, y es discutible, por la vía de las competencias». Álvarez-Ossorio confirma que las regiones «las han tenido en la atención social y, sobre todo en el País Vasco e incluso en Andalucía, ha habido unas leyes de ayudas parecidas a ésta». Aunque añade que, «en la situación en la que estamos, el Estado asume sus competencias desde el artículo 149.1» de la Constitución para «garantizar la igualdad de todos. Recurre al ‘tengo competencias también’, y es verdad que la jurisprudencia constitucional le ha reconocido la capacidad de establecer prestaciones no contributivas».

«Va a ser difícil armar el recurso», desliza, pero cose: «Otra cosa es que sea bueno que se interponga porque no paraliza nada y obliga al TC a pronunciarse dentro de unos años». El profesor señala que «el tema de la igualdad» podría defenderse «políticamente» porque «no tiene sentido que un Real Decreto del Estado establezca una disposición adicional cuarta en la que se dice que se hablará con las comunidades y, a continuación, en la quinta se exceptúe al País Vasco y a Navarra, a las que se da la gestión con la única justificación de su régimen foral». Le parece «feo», además, que se «haya hecho un demérito a la capacidad de gestión del resto de las administraciones» regionales. «Es un asunto complicado de armar jurídicamente, pero es indudable que políticamente sí hay materia», concluye.

A Gómez, por su parte, también le resulta «muy extraño el que se pueda justificar que dos comunidades solas sean las que puedan» tramitar la ayuda. Indica que habrá que esperar a conocer la letra pequeña y que es cierto que las competencias en Seguridad Social, a la que el Ministerio de Hacienda ingresará los 3.000 millones, son del Estado. Con todo, insiste en que lo lógico es que la capacidad sea de todas las regiones o de ninguna. Anota que si se trata del manejo de datos, la Junta los tiene, dado que en Andalucía existe una renta mínima autonómica. A su juicio, lo que puede intentar el Ejecutivo andaluz es «pelear» la competencia, «si cree que es suya conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía», pero no le servirá el reclamarla porque «se la han dado a Navarra».

Aún casi no ha nacido y la polémica territorial se ha ligado al nuevo ingreso , que será compatible con otras ayudas y sus beneficiarios estarán exentos del copago farmacéutico, si se atiende a lo adelantado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.