Manuela Carmena y las sicav

Lo que deberían reclamar los defensores de la igualdad es que las sicav pasen a ser accesibles a todos los ciudadanos

La ex alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena
La ex alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela CarmenaEmilio NaranjoEFE

La sicav han sido uno de los instrumentos de inversión más demonizados por la extrema izquierda pero, a su vez, más empleado por algunos de sus más destacados dirigentes. Ya le ocurrió hace años al eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, quien tuvo que dimitir de todos sus cargos tan pronto se descubrió que era partícipe en una sicav de Luxemburgo, y le ha vuelto a suceder ahora –si bien después de que los votantes madrileños la echaran de su cargo– a la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Ayuntamiento de la capital que publique los detalles de los 430.000 euros que la ex regidora tuvo invertidos en una sicav entre 2015 y 2019. Nótese que las llamadas a la transparencia o a la justicia fiscal, tan manidas por semejantes sectores de la extrema izquierda, al parecer no fueron suficientes como para que Carmena rindiera cumplidamente cuenta de ese casi el medio millón de euros que le reportaba ganancias del capital dentro de un vehículo de inversión presuntamente tan privilegiado desde un punto de vista fiscal.

La realidad, empero, es que las sicav no son ni mucho menos el pérfido instrumento que el socialismo nos ha querido vender que eran pero, al final, ellos mismos terminan siendo devorados por su propia demagogia. A la postre, recordemos que una sicav no es más que una institución de inversión colectiva muy similar a un fondo de inversión como el que puede contratar cualquier hijo de vecino. Las plusvalías realizadas y reinvertidas dentro de una sicav y dentro de un fondo de inversión –tanto de la una como del otro– tributan al 1% y los reembolsos de esas plusvalías en favor de los partícipes de una sicav o de un fondo de inversión –tanto de la una como del otro– tributan al correspondiente tipo del IRPF por ganancias patrimoniales (entre el 19% y el 23%).

A ese respecto, pues, no existen diferencias entre ambos instrumentos: la única ventaja que posee la sicav sobre los fondos es que permite una gestión bastante más directa de la cartera de inversiones por parte de aquellos partícipes que ostenten el control de la misma. ¿Hay motivos para tanto griterío anti-sicav? No, pero la izquierda construyó parte de su populismo fiscal sobre esa base manipulada y ahora se vuelve en contra. Lo que deberían reclamar los defensores de la igualdad ante la ley y de la eliminación de los privilegios no es que las sicav desaparezcan, sino que pasen a ser accesibles a todos los ciudadanos, reduciendo el capital mínimo para su constitución.

Ése, y no la tramposa demonización de las sicav, es la postura que tendría que haber adoptado desde el principio una izquierda que fuera honesta. No es el caso de la izquierda española.