El Gobierno asumirá el pago de los intereses bancarios de los remanentes de la FEMP para quedarse con su superávit

El Gobierno sigue haciendo”malabares legislativos” con el fin de sofocar la rebelión que los ayuntamientos no socialistas han iniciado para derogar el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que da acceso al Gobierno a los remanentes y al superávit de caja de los consistorios. Según ha informado Hacienda, el BOE ha publicado hoy las condiciones del acuerdo para el préstamo voluntario de los remanentes. De este modo, el ministerio que dirige María Jesús Montero asumirá el pago de los intereses que las entidades locales abonan a los bancos por tener depositados sus remanentes, por lo que los ayuntamientos que presten sus ahorros se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0%. Su intención es que los ayuntamientos se ahorren hasta 70 millones de euros anuales en intereses por tener depositados sus remanentes en las entidades financieras. Asimismo, los que se beneficien del fondo presupuestario de 5.000 millones tendrán la opción de optar por un reintegro a 15 años y obtener un tipo de interés del 0,05%.

El Gobierno insiste en que a esta posibilidad solo pueden optar los entes locales que disponen de remanentes de tesorería -uno de los puntos claves de la ruptura total de las relaciones en la FEMP-, por los que pagan intereses a las entidades financieras a tipos negativos de hasta el -0,50% impuesto por el Eurosistema. Hacienda les asegura ahora asegura que con esta nueva opción no tendrán que pagar intereses por prestar sus remanentes al Estado (que se financia a tipos negativos), ya que la Administración Central asumiría ese coste.

El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó un real decreto que permitirá a las entidades locales que presten sus remanentes de tesorería recibir un ingreso no financiero del Estado por importe máximo de 5.000 millones, que podrán destinar a mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles. La Administración Central asume así mayor déficit para que las Entidades Locales tengan más recursos. Los consistorios que que se sumen a esta iniciativa se comprometen de manera voluntaria a constituir un préstamo a favor de la Administración General por sus remanentes de tesorería que les serán devueltos íntegramente en un plazo de hasta 15 años si optan por unas condiciones financieras más favorables. Hacienda sostiene que así “las entidades locales reciben hasta 5.000 millones adicionales y mantienen el 100% de sus remanentes”. También defiende que esta fórmula permite que “incrementen su capacidad de gasto sin incurrir en déficit público, cumpliendo así tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria como la Constitución Española”,

Pero este acuerdo puede quedarse en papel mojado si no refrenda en el Congreso de los Diputados y, a día de hoy, el Gobierno no tiene mayoría para sacarlo adelante. Hasta una quincena de partidos con representación parlamentaria ya han mostrado su disposición a rechazar de plano el decreto ley que daría acceso al Gobierno a los más de 14.000 millones de euros de los remanentes municipales. Entre todos ellos sitúan sus votos muy por encima de la mayoría absoluta, unos 190 diputados, lo que significa que este decreto ley no pueda ser convalidado y será rechazado. Pedro Sánchez ni tan siquiera tiene garantizado el apoyo de su socio de coalición, Unidas Podemos, cuyos alcaldes -con Kichi, el primer edil de Cádiz, a la cabeza- ya han mostrado su rechazo al acuerdo y presionan a la dirección para que, al menos, se abstenga en la votación. Así, el PSOE se habrá quedado solo en sus intenciones como le pasó en la votación en la FEMP, aunque las abstención de Podemos y el voto de calidad del presidente de los municipios, Abel Caballero, decantó la balanza.

El pasado viernes, convocados por el primer edil de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, se reunieron alcaldes de hasta nueve formaciones políticas distintas que firmaron una declaración conjunta de rechazo al decreto ley. Los regidores de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz-Podemos), Granada (Cs), Lleida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT) y Santa Cruz de Tenerife (CC), Zaragoza (PP) y Valencia (Compromís) rubricaron el manifiesto que han presentado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que derogue de inmediato el acuerdo con la FEMP y se siente a negociar nuevas condiciones. Fuentes de estos partidos manifestaron ayer que no darán su brazo a torcer y que seguirán adelante en su objetivo de “acabar con un acuerdo que deja tirados a muchos ayuntamientos y que solo beneficia al Gobierno”. El PP ha pedido la comparecencia en el Senado de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para que expliquen el sistema de préstamo del superávit municipal al Estado. “Vamos a hacer todo lo posible para tumbar su convalidación”cuando se vea en el trámite parlamentario en septiembre.

Hacienda, que se compromete ahora a asumir el coste financiero de la operación de tal forma que el reintegro a diez años lleve un tipo de interés del 0%, intenta sumar a los ayuntamientos a un acuerdo con difícil resolución, pese que sigue abriendo la mano en su oferta. El BOE también incluye en su texto que “el tipo de interés anual que se determine para los préstamos formalizados no podrá superar el coste equivalente de financiación de la deuda del Estado”. Esta condición legal arroja un tipo de interés negativo para el préstamo a diez años. La resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera establece que el préstamo con amortización lineal anual a diez años conllevará un tipo de interés del -0,192%, más favorable que el que las entidades locales deben pagar hoy por tener sus remanentes en las entidades financieras. Por otra parte, tal y como contempla el punto cuarto del acuerdo con la FEMP, “las entidades locales podrán voluntariamente acogerse a un plazo mayor si se ofreciesen condiciones más ventajosas”.