Sánchez ocultó la fusión Bankia-CaixaBank a Iglesias

La información conocida en la noche del jueves en torno a las avanzadas negociaciones entre Bankia y CaixaBank de cara a su futura fusión ha provocado un enorme malestar en Unidas Podemos, uno de los socios de la coalición que preside Pedro Sánchez. Tal y como ha podido confirmar este diario, ni Pablo Iglesias ni ningún otro de los ministros del partido morado y de sus confluencias –tampoco en el grupo confederal que coordinan Jaume Asens y Pablo Echenique en el Congreso– tenían constancia de este asunto. Aunque no hay, y probablemente no lo habrá en los próximos días, un posicionamiento oficial público que dé cuenta de este malestar, en el entorno de Iglesias consideran especialmente descortés que Sánchez no compartiera con su vicepresidente segundo la información de la que disponía sobre esta fusión a pesar de que ambos se reunieron personalmente el pasado lunes. Compartieron una comida en Moncloa después de la conferencia que el presidente pronunció en Madrid ante los principales empresarios del país. Esa conversación estuvo centrada en la negociación presupuestaria y sirvió para que el líder de Podemos levantara el veto a Ciudadanos en la negociación de las cuentas de 2021 a cambio de tener un asiento en las reuniones de la ministra de Hacienda con el resto de partidos. No hubo en esa comida ni una sola referencia a los planes de estos dos bancos, que, sin embargo, necesitan el visto bueno del Gobierno para su fusión.

Al margen de las formas y del enfado provocado por una nueva ocultación de información al socio minoritario –ya ocurrió a principios de agosto con la salida del país de Don Juan Carlos–, el choque entre los de Sánchez y los de Iglesias es también de fondo en esta materia. En Podemos, la posición con respecto a la eventual fusión es clara: un rechazo rotundo. Fundamentan su negativa, según explican desde el partido, en cuatro argumentos: por los posibles despidos y recortes en la plantilla que toda fusión entre bancos origina; por lo que implica a la hora de repetir los errores de la crisis que atravesó el sector recientemente, motivados, en parte, por la existencia de entidades demasiado grandes; por las dudas que la cristalización de estas negociaciones puede provocar respecto a la devolución del dinero público con el que fue rescatada Bankia; y, por último, porque da definitivamente al traste con los planes de Podemos de convertir a Bankia en el germen de una futura banca pública.

Precisamente la creación de una banca pública es una de las históricas reivindicaciones y promesas electorales de Podemos desde su fundación. Tanto Iglesias como el resto de ministros y dirigentes morados, aseguran fuentes de este grupo parlamentario, son plenamente conscientes de que esa idea no era posible llevarla a la práctica en el contexto actual. Así lo constataron durante la negociación del acuerdo de coalición que firmaron con el PSOE en diciembre en 2019 y que no incluye ni una sola referencia al sector bancario, en general, y a Bankia, en particular. En el programa con el que Iglesias se presentó a las dos elecciones generales del pasado año, sí incluyeron esta propuesta así como sus planes para el futuro de Bankia: elegir en el Congreso, con carácter inmediato, a un nuevo presidente de la entidad para, a partir de ahí, convertirla en una banca pública que diera «acceso al crédito a los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema –como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social».

El otro compromiso sobre Bankia que Iglesias adquirió con sus votantes en las últimas generales fue el de «impedir la inminente privatización de Bankia».

Marcar agenda propia

Fuentes de la dirección de Podemos evitaron ayer pronunciarse sobre la postura que mantendrán los ministros morados en el momento en el que esta posible fusión bancaria aterrice en la mesa del Consejo de Ministros para su deliberación y qué implicaciones tendría un enfrentamiento en esta materia entre la cuota socialista y la que lidera Iglesias. De momento, el mensaje que trasladaron ayer los dos principales actores de Unidas Podemos fue claro. Por parte de Podemos, la noticia de la posible fusión fue calificada de «preocupante» por Nacho Álvarez, redactor del programa electoral del partido, mano derecha de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda y negociador de los próximos presupuestos de Sánchez. Desde Izquierda Unida, fue su líder, Alberto Garzón, el encargado de fijar la posición oficial, al apostar por el mantenimiento de la participación pública en Bankia como la mejor fórmula para garantizar la recuperación del dinero del rescate. El ministro de Consumo, no obstante, fue más cauto que sus compañeros: «Necesitamos más información del proyecto».

A la espera de cómo evolucionen las negociaciones entre los bancos, los líderes de Podemos son conscientes de que esta grieta abierta con el PSOE puede convertirse también en una oportunidad para diferenciarse del discurso de Sánchez ante su electorado. Fijar una posición propia –en este caso, un rotundo rechazo a la fusión– que no implique una crisis grave para la estabilidad de la coalición. Se trata de una situación similar a la surgida con motivo de la polémica en torno a la situación de Don Juan Carlos, aprovechada por Podemos para marcar su propia agenda en el Congreso mediante la agitación del debate entre monarquía y república, en el que también están enfrentados con los socialistas.

Cataluña quiere recuperar la sede

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, aseguró que sería «bueno» que la sede de CaixaBank retornara a Cataluña. «Me gustaría que CaixaBank volviera a Barcelona», dijo también ayer Ramon Tremosa, nuevo conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat. Tremosa subrayó en una entrevista en Catalunya Ràdio que le gustaría que CaixaBank trajera de nuevo a Barcelona su sede social y fiscal, que desde octubre de 2017 está en Valencia debido al conflicto independentista catalán, y anunció que trabajará «para que así sea».