España, el único país que no ha compensado a los autónomos

“El Gobierno español es el único de Europa no ha puesto en marcha ayudas directas, ni ha compensado las pérdidas que ellos mismos han provocado con el cierre de la actividad de un montón de negocios”. Así de contundente se ha mostrado Lorenzo Amor, presidente de ATA, que ha cargado contra la política puesta en marcha por el Gobierno “que está llevando a la ruina a muchos autónomos y pymes si no los ha llevado ya, porque España es el único país que no ha indemnizado a los autónomos por obligarles, por decreto administrativo, a cerrar su actividad o a limitar su actividad”.

Por eso, el presidente de ATA reclama 6.000 millones de euros en ayudas directas antes el 1 de abril -el plan sigue a la espera de aprobarse tras anunciarse varias veces- y que sean gestionadas directamente por el Gobierno central, sin delegar en las comunidades autónomas, y que lleguen de manera “inmediata” y a todos los sectores. “No podemos esperar más. Nos equivocamos cuando pensamos que esto sólo está afectando a determinados sectores de actividad, esto es una cadena que acaba afectando a todos”, ha reiterado Amor, que ha recordado que la disminución de la actividad no está afectado solo a la hostelería, el comercio o el turismo, sino a muchos otros colectivos, como los fabricantes de trajes de novia, de fiesta o de flamenca, los feriantes, los autónomos dedicados a la pirotecnia, o el sector cultural y de espectáculos. “Cuidado con focalizar la crisis que está sufriendo el tejido empresarial en algunos sectores y dejar abandonados a otros”, ha recordado.

El presidente de la mayor asociación de autónomos ha vuelto a la carga con sus reivindicaciones en la presentación de un “plan de resistencia” para el millón de autónomos ha visto reducida su actividad en más de un 50% por la pandemia y “para todo el que lo necesite”. Esta ayuda, que cifró en esos 6.000 millones de euros, podría canalizarse a través de transferencias directas o mediante compensación de cuotas a la Seguridad Social.

En el documento presentado, que “busca salvar el mayor número de empresas posibles antes de que sea tarde”, también se pide que se prorroguen las prestaciones asociadas al cese de actividad en sus cuatro modalidades y los ERTE hasta el 31 de diciembre de este año; que se ponga a cero el contador en cuanto al consumo de la prestación para todos los trabajadores por cuenta propia que hayan agotado su periodo contributivo y hayan sido beneficiados de la ordinaria compatible con la prestación desde el 1 de enero de 2021 -más de 500.000 autónomos están acogidos al cese de actividad; la ampliación automática de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO a autónomos; generalizar la reestructuración de deudas e insolvencias; control de la morosidad, tanto pública como privada; aplazamientos y moratorias tributarias; eliminación de trabas burocráticas para acceder a las ayudas y facilitar la llegada de los fondos europeos a pymes y autónomos.

“Somos conscientes de que a 31 de mayo muchos de estos autónomos no van a ver recuperada su actividad”, por lo que es necesario aprobar el contador a cero para el colectivo, ya que el 90% de los trabajadores por cuenta propia que cobran el cese han agotado su periodo contributivo y es una medida necesaria para que estos puedan seguir cobrando la prestación a partir del 31 de mayo.

En concreto, ATA aboga por realizar una trasposición inmediata de la directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Además, considera que esta transposición debería acompañarse de la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales y las quitas de los mismos. “Debería realizarse el mismo proceso de reestructuración de deuda privada, que se acuerde y realice por las entidades financieras, con la deuda pública por parte de las administraciones”, y que se haga en las mismas condiciones, tanto de periodo como de cuantía, que en lo acordado en la reestructuración de deuda privada.

El documento también recoge que se tiene que facilitar la compatibilización del trabajo y pensión a todos los autónomos de 66 años o más que hayan estado en situación de cese de actividad de 2021. Por otro lado, insiste en que se deben eliminar las trabas administrativas que impiden o dificultan el acceso a ayudas, subvenciones o licitaciones públicas por parte de los autónomos y pequeños empresarios. Por último, considera que en el reparto de los fondos europeos se deben priorizar los proyectos cuyo fin y objetivo sea la capacitación y dotación de herramientas en digitalización, reestructuración y reorientación y sostenibilidad de pymes y autónomos de forma transversal en toda España.