Los sindicatos de clase preparan ya la primera gran movilización desde el arranque de la pandemia. El Primero de Mayo con 4 millones de parados y 650.000 personas aún en ERTE quiere ser el de la salida del túnel. Quizá por ello, Álvarez pide destensar la política y hasta critica la actitud de Correos en la «crisis de las cartas-bala»: «Es indigna la actitud de Correos con el vigilante de seguridad. Insto a Correos a que rectifique», reclama.

–El Gobierno ha enviado ya sus planes de reforma definitivos a Bruselas, ¿algún acuerdo sobre las pensiones?

–No a día de hoy. Cualquier acuerdo pasa por la derogación de la reforma de 2013, por la revalorización automática con el IPC revisable a año vencido para todas las pensiones, bajas y altas, algo que hace quince días no estaba tan claro y la supresión del factor de sostenibilidad en los términos que se había situado. Tenemos abierta la negociación sobre las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, creemos que deben premiarse las carreras largas. En cualquier caso, no ayuda explicar lo que vamos negociando.

–¿Ese «no» al factor de sostenibilidad «como estaba formulado» implica que aceptarán otra fórmula que tenga en cuenta la esperanza de vida en el cálculo de la pensión?

–La inclusión de la esperanza de vida en estos momentos no se plantea. Hay que volver a 2011. En la primera fase de negociación queda pendiente la cuestión que no se resolvió en 2011: una financiación viable de la Seguridad Social. El destope no va a ir en este primer paquete.

–¿Si se destopan las pensiones máximas habrá que subirlas también?

–No tiene porque ser proporcional, pero tiene que ir acompañada de aumento de la pensión máxima. Este es un sistema de reparto y si no se suben las máximas sería un impuesto.

–¿Es favorable a un impuesto para pagar las pensiones?

–Sí, sin lugar a dudas.

–El gobernador del Banco de España afirma que hay que subir 8 puntos las cuotas sociales para mantener las pensiones en 2050. ¿Es así?

–Me gustaría que hablara de lo que es propio. Es muy intervencionista el gobernador, pero calla sobre los despidos masivos en los bancos. El Banco de España no está llamado a esta mesa.

–¿Quién frenó los planes de Escrivá de aumentar los años de cómputo de la pensión?

–Lo paró él mismo. No tenía sentido situar un elemento que no hubiera salido adelante nunca porque no aceptaremos ningún ajuste que implique rebajar la pensión inicial.

–¿Es justo que la pensión media de jubilación sea un 20% superior al Salario Mínimo?

–Lo que es muy bajo es el SMI, que lo cobra aún un 14% de los trabajadores.

–¿Para cuándo la subida del SMI por la que han amenazado con protestas al Gobierno si no la ejecuta ya?

–No tenemos ningún aviso para retomar el tema del SMI, por eso vamos a intensificar la presión. Si en enero no era razonable aplazar la subida, ahora menos.

–¿Qué es eso de la «maldición bíblica» al Gobierno no si se sube el SMI? ¿La huelga?

–(Ríe). Fue una expresión muy replicada, muy exitosa. Entre las movilizaciones y la huelga general hay mucho camino por recorrer. La bomba atómica es el ultimo recurso y conviene no utilizarlo. Sería ridículo por mi parte tocar los tambores de una huelga general con la situación del país. Pero el Gobierno debe ser consciente de que ha pasado lo más crítico y queremos recuperar el tiempo perdido.

–Llevan desde que Magdalena Valerio fue nombrada ministra de Trabajo tratando de desmontar los «aspectos más lesivos» de la reforma laboral del PP y no hay manera...

–Es cierto que con Valerio lo teníamos cerrado, pero llegó la pandemia o lo pospuso todo. Pero ha llegado el momento de regresar a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. La cuestión es si a las empresas les va salir más a cuenta hacer fraude o cumplir la ley porque parece más fácil que te caiga la lotería que un inspector de trabajo.

–El Gobierno anuncia que en tres años dejará la tasa de temporalidad del sector público en el 8%. ¿Otro globo sonda?

–Puede ser viable, pero hay que cargarse la tasa de reposición. Hay organismos, como el SEPE, que necesitan reforzar las plantillas, pero no con interinos. El Estado debe predicar con el ejemplo. La desaparición del contrato de obra y servicio es otra bofetada a la administración, que es la que más lo utiliza en las contratas.

–Tras la calma con los empresarios durante la pandemia, con acuerdo en los ERTE, ¿se aproxima la tempestad?

–Ha habido sensibilidad y hemos practicado posibilismo en pandemia. Pero no nos podemos engañar, los temas que hay sobre la mesa son cuestiones de fondo, más difíciles de resolver hoy que hace cuatro años, porque se han hecho más fuertes las empresas multiservicios y porque se ha otorgado derecho de veto a la patronal en la negociación.

–¿Pedirán encarecer los costes del despido?

–El coste del despido no tiene que ser el foco, pero sí las causas del despido objetivo. Se tienen que variar sí o sí porque se puede despedir por cualquier razón. Una empresa puede aducir que va a tener perdidas el año que viene y puede despedir. Y si luego no las tiene no hay readmisión.

–Nueva extensión de los ERTE. ¿Habrá modificaciones y hasta cuándo debe protegerse ese empleo?

–No va a haber reformas. Para qué abrir ese melón si no lo podríamos cerrar en mejores condiciones y daría oportunidad a debates que no serían buenos para los trabajadores. Propusimos el carácter indefinido y nos quedamos solos. Durarán lo que dure la pandemia.