Opinión

El alza del Salario Mínimo restó 365 veces más empleos que los que admite Díaz
Gorrazos y mentiras contra la evaluación de políticas públicas
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La subida del salario mínimo en el año 2019 fue un hito de la política económica de los partidos que hoy conforman el muy progresista Gobierno de coalición. Aunque por aquel entonces todavía gobernaba el PSOE en solitario, la presión parlamentaria de Podemos fue decisiva para que se incrementara el SMI desde los 857 euros mensuales a los 1.050 euros (prorrateando las 14 pagas en 12). Se trató de una histórica subida del 22% que incluso muchos partidarios de aumentar el salario mínimo tildaron de imprudente por cuanto sus efectos eran como poco inciertos. Pero tanto PSOE como Podemos han solido colocar tal decisión al comienzo de cualquier lista sobre los logros sociales del Ejecutivo.

Pues bien, esta semana el Banco de España ha publicado la primera evaluación metodológicamente seria sobre las consecuencias en el empleo que tuvo la subida del SMI y los resultados han levantado una más que comprensible polémica: el imprudente incremento del SMI llevó a una pérdida de entre 90.000 y 170.000 empleos, contabilizando tanto aquéllos puestos de trabajo que se destruyeron como los que se dejaron de crear durante ese ejercicio.

Al final, pues, la política social paradigmática del Gobierno progresista PSOE-Podemos consistió en redistribuir la renta desde unos trabajadores potencialmente pobres (aquéllos que cobraban el SMI y perdieron su empleo) hacia otros trabajadores potencialmente pobres (aquéllos que cobraban el SMI y conservaron su empleo con un salario algo superior). Redistribuir la miseria en lugar de crear riqueza de manera inclusiva.

Pero acaso lo más llamativo del informe no sea la evaluación que contiene, sino la reacción política a la misma. Los miembros y adláteres del gobierno de coalición, en lugar de agradecerle al Banco de España que haya hecho aquello que ellos mismos han sido incapaces de hacer (evaluar el resultado de sus políticas públicas para poder juzgar si deben mantener el rumbo o rectificarlo), se han dedicado a mentir, descalificar, insultar e incluso amenazar al Banco de España.

Probablemente la intervención más infame al respecto haya sido la del portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, quien ha exhortado a «correr a gorrazos» al gobernador del Banco de España por el mero hecho de haber permitido que varios académicos dentro de la institución desarrollaran con libertad su trabajo de investigación. Como a Mayoral no le agradan las conclusiones de este artículo del Banco de España, opta por matar al mensajero con la esperanza de que su mensaje no se difunda.

Pero no pensemos que el oscurantismo de Mayoral ha sido la única respuesta reseñable. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha optado por mentir sobre el contenido del informe. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz aseguró haberse leído con exhaustividad todas y cada una de las páginas del artículo del Banco de España para concluir que en ninguna de ellas encontró mención a la destrucción de empleo existente, que la institución únicamente cuantificaba en un 0,003% el empleo que se había dejado de crear como consecuencia del SMI.

Pero no: el informe sí habla (y cuantifica) del empleo existente que se destruyó. A su vez, cifra la pérdida global de empleo como resultado del SMI entre el 0,6% y el 1,1%, esto es, hasta 365 veces más de lo que afirma la exhaustiva ministra de Trabajo.

En definitiva, este Gobierno tiene muy claro que seguirá anteponiendo sus dogmas ideológicos a la evidencia, aun recurriendo al insulto o a la mentira: en lugar de replantear sus políticas públicas a la luz de la evaluación de los resultados, prefiere desacreditar los resultados para que nadie cuestione sus sectarias políticas públicas.

Prohibir la temporalidad

La contrarreforma laboral que está preparando el Gobierno de PSOE-Podemos encontrará en la prohibición cuasi absoluta de la contratación temporal uno de sus principales pilares. El Ejecutivo parece decidido a reducir la temporalidad en España (un objetivo desde luego loable) a través de la prohibición de los contratos temporales en la mayoría de circunstancias, incluida la estacionalidad (unos medios bastante cuestionables). Recordemos que el auge de la contratación temporal en España encuentra sus orígenes en la reforma laboral que aprobó el propio PSOE en 1984 para dar una salida al desempleo. En aquel entonces, se nos dijo que un mal empleo era preferible al paro. Ahora, el PSOE parece escoger la alternativa: es preferible el paro a un mal empleo. Las reformas de fondo para posibilitar la creación de empleos de calidad no se las espera.

Pedro Castillo, presidente de Perú

El líder de extrema izquierda, Pedro Castillo, ha resultado elegido presidente del Perú por un muy estrecho margen de votos sobre su rival, la populista Keiko Fujimori. A partir de ahora se abre un período de incertidumbre sobre cuál será la política económica que realmente desarrollará Castillo. A la postre, durante la campaña prometió nacionalizar la inversión extranjera, repudiar la deuda pública, subir brutalmente los impuestos tanto a las empresas como a las clases populares y por supuesto disparar el gasto público para convertir al Estado peruano en un «Estado emprendedor». Incluso llegó a reivindicar los logros de la desastrosa dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. Por el bien de los peruanos, ojalá Castillo termine convirtiéndose en otro Ollanta Humala: otro líder de extrema izquierda que abandonó su programa y presidió un gobierno moderado.

Bitcoin, moneda de curso legal

La ley para convertir a Bitcoin en moneda de curso legal dentro de El Salvador es ya una realidad. Los salvadoreños podrán expresar sus precios de venta y sus deudas en esta criptomoneda, el Estado no cobrará impuestos a los ciudadanos cada vez que la revendan (como ganancias frente al dólar), se facilitará la convertibilidad entre el billete verde y la moneda digital, y –lo más polémico de la ley– todo vendedor quedará obligado a facilitar que los compradores paguen en Bitcoin. El significado de esta última provisión, que atenta de lleno contra la libertad de empresa y la libertad monetaria, no está del todo claro: en apariencia, cualquier vendedor está obligado a aceptar Bitcoins aunque no quiera; pero el Gobierno de Nayib Bukele ya ha matizado que solo tendrán la obligación de contar con la infraestructura necesaria para ello. Veremos.