Los palos de ciego de Ximo Puig contra Madrid

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha cargado nuevamente contra la Comunidad de Madrid por haberse convertido en una autonomía que tiende a absorberlo todo dentro de España debido a su preeminente posición como capital y debido, adicionalmente, al «dumping» fiscal que practica contra otras regiones. Por eso, el socialista ha reclamado la creación de un impuesto extraordinario sobre Madrid que redistribuya su recaudación hacia el resto de España y compensar así los perjuicios que les está ocasionando su competitividad artificialmente potenciada.

El problema del argumento de Puig es triple: primero, la capitalidad no explica ni mucho menos la totalidad de la situación actual de Madrid; segundo, no es verdad que Madrid esté absorbiendo los recursos del resto de autonomías; y tercero, tampoco es verdad que Madrid no esté contribuyendo ya de un modo extraordinario al mantenimiento del resto de las regiones de España.

Primero, entre 1975 y 1995, la renta per cápita de Madrid se incrementó desde 16.864 euros anuales a 23.714, esto es, creció un 40%; mientras tanto, la renta per cápita de la Comunidad Valenciana aumentó desde 11.059 euros anuales a 17.030 euros, es decir, mejoró en un 54% (un porcentaje muy similar al del conjunto de España). Por consiguiente, durante ese período en el que Madrid ya era la capital de España, se produjo una convergencia entre regiones (las más pobres crecieron relativamente más que las más ricas), sin que el famoso efecto capitalidad lo impidiera. El problema ha sido que, entre 1995 y 2019, el PIB per cápita de Madrid ha pasado de 23.714 euros a 34.768 euros (un incremento del 46,6%), mientras que la Comunidad Valenciana apenas lo ha subido de 17.030 euros a 22.243 euros (un aumento del 30%). Es decir, el problema está en que la Comunidad Valenciana se ha estancado inquietantemente, mientras que Madrid ha continuado creciendo. Tal vez las distintas políticas regulatorias y fiscales que se han aplicado en ambas autonomías han tenido algo que ver en esa divergencia y no tanto la capitalidad.

Dumping fiscal

Segundo, no es cierto que el mal llamado «dumping» fiscal que practica Madrid esté ejerciendo una influencia relevante sobre el resto del país. Las estimaciones más recientes apuntan a que la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio y los menores tipos marginales en el IRPF apenas reducen la recaudación del resto de comunidades autónomas en 680 millones de euros anuales. Una cifra absolutamente ridícula en comparación con los recursos que ya están transfiriendo los madrileños al resto de españoles: 20.000 millones de euros cada año.

Y tercero, justamente porque Madrid ya redistribuye cada año 20.000 millones de euros al resto de España, es del todo absurdo proponer la creación de un impuesto adicional sobre Madrid. Si de verdad se pretendiera crear un tributo que gravara las supuestas ventajas que la capitalidad pueda traerle a Madrid, entonces lo lógico sería poner fin, al mismo tiempo, a toda la redistribución que ya ocurre a día de hoy. Non bis in idem. Es decir, habría que reemplazar la una por la otra y no parece que Madrid vaya a salir perdiendo por ese cambio.

En definitiva, el presidente valenciano haría mejor en dejar de obsesionarse con Madrid y empezar a obsesionarse con mejorar su propia región sin empeorar a otras. Cuanto antes descubra que la Comunidad Valenciana se beneficiaría de impuestos bajos y de regulaciones laxas, tanto mejor.

Regularización de interinos

El Gobierno ha sacado adelante su decreto para convertir en funcionarios de carrera a 300.000 interinos. Aunque se trata de una medida razonable para los afectados –no tiene mucho sentido que un personal que desempeña tareas fijas tenga una relación laboral de carácter temporal–, el problema de fondo es otro: la rigidez de las plazas del funcionariado. Mientras que en otros países –Suecia, Dinamarca o Finlandia– es posible rescindir el contrato de un funcionario por razones varias (como reestructuración de los servicios públicos o insuficiencia presupuestaria), en España sólo son posibles los despidos disciplinarios. Todo lo cual vuelve innecesariamente inflexible la función pública. Si en el futuro quisiéramos o necesitáramos prescindir de esos 300.000 nuevos funcionarios, no podríamos hacerlo. No es de recibo: estabilidad sí, inflexibilidad no.

Suspensión del rescate a Plus Ultra

La jueza que investiga la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra ha decidido suspender cautelarmente la transferencia de 34 millones de euros (de los 53 millones que el Ejecutivo había comprometido) por el más que cierto riesgo de que no sean devueltos. Aunque la decisión final queda pendiente de la sentencia, la suspensión cautelar ha servido para demostrar las debilidades de la compañía aérea que ha sido rescatada: de acuerdo con Plus Ultra, si no recibe esos 34 millones de euros no será capaz de devolver los otros 19 millones que ya le han sido transferidos hasta el momento. El problema, claro, es que muy probablemente tampoco sea capaz de reintegrar esos 34 millones de euros si es que le son finalmente entregados. Es lo que tiene haber rescatado a una empresa inviable y sin clientes.

La luz, en nuevos máximos

El precio de la luz en el mercado mayorista sigue encadenando máximo histórico tras máximo histórico en los últimos tiempos. Esta semana, el precio en el mercado mayorista superó los 100 euros el MWh. Y aunque esa cuantía sólo represente un 35% del precio final que abonan los hogares, este encarecimiento es el que se halla detrás de la subida actual que se observa en las facturas domésticas. Las causas últimas de este fenómeno hay que buscarlas en el aumento del coste internacional el gas y de los derechos de emisión de CO2 (debido a la restricción de su oferta, decretada por la Comisión Europea, para luchar contra el cambio climático). Mientras esas dos tendencias se mantengan, no esperemos que la electricidad se abarate: las rebajas de impuestos podrán aliviar algo la situación, pero no remediarla.