Una juez suspende el rescate a Plus Ultra y da cinco días a la compañía para que lo justifique

Un juzgado madrileño ha suspendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra, que debía percibir el próximo día 28 un segundo pago de 34 millones de euros del total de 53 otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado marzo. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid da además cinco días de plazo a la compañía aérea para que “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”.

La magistrada Esperanza Collados paraliza así esa entrega, que estaba prevista para el próximo miércoles en el marco del plan de viabilidad de la aerolínea impulsado por el Gobierno dado que “una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.

En la resolución, la magistrada argumenta que la existencia de esta investigación judicial “justifica la suspensión” de la entrega prevista, “sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega”.

Collados ordena que se comunique al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de que “se abstengan de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta, apercibiéndoles que el incumplimiento puede dar lugar a nuevas medidas cautelares” e incluso de “otras responsabilidades criminales derivadas del incumplimiento de las ya adoptadas”.

La magistrada abrió diligencias por malversación para esclarecer el papel que jugaron en la concesión de la polémica ayuda el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y los miembros de su Consejo de Administración, al que pertenecen en la actualidad, en calidad de vocales, catorce altos cargos de nueve ministerios, desde secretarios de Estado a subsecretarios y directores generales de Hacienda, Transición Ecológica, Defensa, Economía, Transportes, Trabajo, Industria y Presidencia.

La Fiscalía, a favor

Tras la solicitud de la SEPI de que se liberasen esos fondos para el segundo pago del préstamo a Plus Ultra, la Fiscalía se mostró favorable a que, dado que la cuestión está bajo investigación judicial no solo por delitos de prevaricación y malversación, sino también por fraude de subvenciones, se diera a Plus Ultra un plazo lo más breve posible para que demostrase la necesidad de percibir esos 34 millones de préstamo participativo otorgados por la SEPI para garantizar su viabilidad.

La Comisión Europea también investiga el polémico rescate de Plus Ultra. Bruselas ha trasladado ya al Gobierno español la queja elevada al Ejecutivo comunitario por el jefe de la delegación de la formación naranja en el Parlamento Europeo, Luis Garicano.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue creado en julio de 2020 para respaldar económicamente a empresas estratégicas que atraviesan serias dificultades por la pandemia que comprometen su supervivencia.

La Abogacía del Estado ve “infundadas” las sospechas

La Abogacía del Estado se mostró partidaria de que no se bloquease la concesión de los 34 millones pendientes a Plus Ultra. Entre otros motivos, porque de paralizarlo “el desembolso ya realizado de 19 millones se vería comprometido al peligrar la viabilidad de la empresa y con ello su devolución en los términos previstos en el plan de viabilidad” de la compañía.

En un escrito del pasado lunes, esgrime la documentación aportada por la SEPI para justificar la medida. Y hace hincapié en que ese desembolso es “necesario para que la compañía pueda lograr el mantenimiento de la actividad”, pues en caso contrario -señala- se podría “comprometer la subsistencia” de la aerolínea y “el buen fin del apoyo financiero público temporal concedido”, que se considera “el mínimo necesario para restaurar la viabilidad de la compañía”.

Los Servicios Jurídicos del Estado -que actúan en defensa de Lora y de la ex “número 2″ del Ministerio de Economía Ana de la Cueva, entre otros- esgrimen que -tras el impacto sufrido por la pandemia- la viabilidad de la “empresa española” depende de ese apoyo económico, “cuantificado en el importe estrictamente indispensable para recuperar su situación precovid”.

El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -mantiene la abogada del Estado- aprobó la medida con “la convicción, sustentada por los informes técnicos, legales y financieros”, de que se adecuaba “estrictamente a la legalidad” y en pos del “interés general”. De ahí que califique de “infundada e injusta” la “sospecha que sobre ellos se ha hecho recaer”.

El rescate de la compañía aérea, añade, “se inscribe en un conjunto de medidas orientadas a apoyar la pervivencia y mantenimiento de las empresas españolas para minimizar los efectos derivados de la crisis sanitaria”