La crisis de microchips y ventas abre la puerta a cierres, deslocalizaciones y despidos

Nadie en la industria del motor vio venir las consecuencias que la pandemia iba a provocar en el sector a corto, medio y largo plazo. Un antes y un después. A corto plazo fueron las fábricas paradas, la incertidumbre generada en los consumidores, la crisis económica, las dudas sobre el cambio tecnológico de los nuevos vehículos y ahora… la crisis de los microchips. Ya se sabe que los principales productores de esta clase de piezas se concentran en China y Corea y cambiaron su enfoque para dedicarse a lo más demandado en aquellos días y meses de confinamiento, que no era otra cosa que «tablets», ordenadores, consolas, móviles, etc. No había desplazamientos, no había coches circulando y por tanto, era mejor dedicarse a otra cosa.

Y ahora, cuando le demanda ha «explotado», no hay piezas suficientes para continuar la fabricación de los coches, no hay suministro y, por tanto, las líneas de producción deben parar. ¿Hasta cuándo? Los más optimistas dentro de la automoción afirman que podría durar hasta mediados de 2022 y la mayoría señalan que hasta finales de año. Es decir, lo peor todavía está por venir…

¿Qué consecuencias trae esta crisis? Plantillas en ERTE, parones de la producción constantes, tensión laboral y sindical y a medio y largo plazo, el replanteamiento para los grupos automovilísticos si merece la pena fabricar en nuestro país. Porque, la escasez de chips procedente de Asia, donde se concentra la mayoría de producción de estas piezas fundamentales, está provocando que los países de la Unión Europea empiecen a plantear la importancia de relocalizar la producción de los componentes. Pero esta es una solución que está por ver que funcione y, sobre todo, no sería una realidad hasta, al menos, dentro de una década. Por eso se han acelerado los planes para implantar fábricas de baterías y demás para reducir la dependencia de Asia cuando se produzca el verdadero «boom» del vehículo eléctrico.

En el caso de nuestro país, con más de 15 fábricas de coches y camiones, la amenaza de deslocalización a otros países no puede menospreciarse. A día de hoy los costes laborales, el precio de la energía y el hecho de que la llegada del coche eléctrico requiera una menor estructura industrial, ha puesto en alerta a todos los comités de empresa. La planta de Ford en Valencia está bajo mínimos en cuanto a producción y con un ERTE planteado hasta finales de diciembre por falta de suministro. Pero desde la dirección en Estados Unidos se está planteando la necesidad de rebajar costes y alientan cierta competitividad con otras fábricas situadas en Europa, en concreto con las alemanas.

Otro tanto podría ocurrir con las fábricas españolas de grupos automovilísticos franceses. El país galo tiene armado su plan «France 2030» con una inversión monstruosa para reindustrializar el país y ponerlo de nuevo a la vanguardia tecnológica. Y en el caso de la industria del motor apuesta por el hidrógeno ¿Afectaría a largo plazo a las fábricas que grupos como Renault o Stellantis tienen en España? Hay un cambio de paradigma y la posición de Europa no es la más fuerte. Asia «golpea». Su aterrizaje en el mercado americano ha acabado prácticamente con la industria del motor en Norteamérica y ahora es Europa la que está amenazada.

El grupo Stellantis firmó recientemente un acuerdo con Samsung (coreano) para fabricar baterías, pero hay quienes ven más allá de esta unión y afirman que busca favorecer el suministro de piezas para los próximos años. Otros como Daimler han diseñado la próxima generación del Smart, eléctrico, en Alemania, pero la producción se realizará en China. Y no son los únicos con estos planes. Eso sí, la «invasión» de coches chinos en Europa no cesa. Marcas desconocidas, pero con productos cada vez con mayor calidad, precios muy ajustados y con nuevas tecnologías aprovechando el «tirón» de los vehículos cien por cien eléctricos.

Mientras tanto, la acción del Gobierno para ayudar al sector del Motor en España es casi inexistente y todas sus medidas van encaminadas a encarecer el precio de los automóviles y rebajar la competitiviidad de las factorías españolas.