Bruselas expedienta a España por no adaptar las normas antifraudes europeas

La Comisión Europea ha iniciado un un procedimiento de infracción contra España por no haber adaptado a su legislación nacional la normativa comunitaria para combatir el fraude en la gestión de fondos europeos, algo que tenía que haber realizado antes de julio de 2019.

Concretamente, España no ha introducido en su legislación la armonización de las definiciones, sanciones, normas de jurisdicción y plazos de prescripción ligados al fraude y otras infracciones que afectan a los intereses financieros de la UE. Ahora España tiene dos meses para contestar a este requerimiento. Nos encontramos ante el primer paso del procedimiento que puede ir seguido de un dictamen motivado, si España no toma cartas en el asunto. En caso de que las autoridades nacionales no respondan nuevamente a este segundo paso, el asunto puede ser elevado ante el Tribunal de Justicia de la UE. Si el alto tribunal falla en contra de España, puede acabar imponiendo una multa. Junto a España han recibido este primer aviso Croacia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía.

En los últimos meses, la UE ha estrechado el cerco contra el fraude en la gestión del maná europeo. El pasado 1 de junio comenzó a funcionar la Fiscalía Europea, que tiene como objetivo llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos penales por delitos al presupuesto de la UE. Se trata de la primera fiscalía supranacional que se encarga de detectar el blanqueo de capitales derivado de fraudes al presupuesto de la UE; la corrupción y malversación de fondos si afectan a los intereses financieros de la UE; fraude del IVA si están involucrados varios Estados miembros y tiene un valor superior a los 10 millones de euros; y la participación en organización delictiva contra presupuesto de la UE. La introducción de la nueva normativa en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales resulta esencial para que este nueva Fiscalía europea pueda llevar a cabo sus investigaciones en la UE.

En un informe publicado en el mes de septiembre, el Ejecutivo comunitario ya alertó de que no todos los Estados habían adaptado de manera adecuada la normativa europea, sobre todo en cuanto a la definición de infracción penal, la responsabilidad y sanciones.