Madrid lidera la competitividad fiscal (y regional), mientras que Cataluña se sitúa a la cola de España

La competitividad promedio de las 17 comunidades autónomas españolas se hundió un 2,3% en 2020 respecto a 2019 por la crisis de la covid. No obstante, se redujo menos que el desplome histórico PIB (-10,8%) y la caída no fue tan significativa como la disminución media que se produjo en la crisis financiera en el periodo 2008-2012. Las comunidades que más competitividad perdieron fueron Islas Canarias e Islas Baleares, afectadas por el cierre de las fronteras y su exposición al turismo extranjero. Repitieron como regiones más competitivas la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, frente a las últimas posiciones de Extremadura y Andalucía, seguidas de Islas Canarias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, a las que se unieron Comunidad Valenciana.

Así se desprende de la quinta edición del Informe de la Competitividad Regional en España 2021 elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE), cuyo director técnico del Informe de la competitividad regional en España, José Carlos Sánchez de la Vega, quien ha avisado durante el acto de presentación online que “la covid provocó un terremoto en los valores” y ha tenido un “impacto asimétrico” en cada territorio en función de su tejido productivo.

Importancia de la competitividad fiscal

El índice de competitividad pretende medir el atractivo de España para atraer capital, talento y mano de obra. Uno de los factores fundamentales en esa atracción de empresas y talento es el marco fiscal. En el caso español, el secretario general adjunto de Foment del Treball Nacional y vocal del Consejo Consultivo del ICREG, Salvador Guillermo, ha recordado que la Constitución española estableció mecanismos para garantizar el principio de autonomía financiera y de corresponsabilidad fiscal. Sin embargo, ha subrayado que esa libertad no es absoluta, porque existe una “interdependencia entre las comunidades autónomas” y las decisiones de unos territorios repercuten en otros. Esto puede derivar en acusaciones de dumping fiscal hacia determinadas comunidades. En este sentido, Salvador Guillermo ha defendido que “no se puede hacer un apriorismo de que bajar impuestos es malo y subir impuestos es bueno”, ya que tanto las subidas como las bajadas afectan a la competitividad de otros territorios.

En competitividad fiscal, Madrid, los tres territorios vascos y Canarias ocupan las primeras posiciones. Excepto en el caso de Madrid, el resto de zonas gozan de un régimen fiscal diferenciado por la Constitución por ser territorios forales o por formar parte de las Islas Canarias. Mientras, cierran Aragón, la Comunidad Valencia y, en último puesto, Cataluña, al tener impuestos comunes por encima de la media, como el de transmisiones patrimoniales, y por sus 18 impuestos propios. Por ejemplo, el CGE destaca que “hay comunidades en las que el impuesto al patrimonio apenas existe porque está muy bonificado, así como en el impuesto de sucesiones y donaciones”. En este sentido, Salvador Guillermo valora que “tenemos que ser europeos y dejar de tener el impuesto de patrimonio”.

No obstante, la incidencia de una posible homogeneización tributaria o armonización fiscal sería poco significativa en el índice de competitividad, al menos a corto plazo, según el CGE.

La competitividad cae en 10 regiones

El Índice de Competitividad Regional (ICREG), que se obtiene a partir de 53 variables agrupadas en 7 ejes competitivos (entorno económico, mercado de trabajo, capital humano, entorno institucional, infraestructuras básicas, eficiencia empresarial e innovación), descendió en 10 comunidades autónomas, con Canarias y Baleares a la cabeza de las caídas (más de un 5%) por su orientación hacia el sector turístico, aunque también destaca un importante descenso de Cataluña. Creció en 4 regiones (Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, Castilla y León y Extremadura) y otras 3 apenas sufrieron variaciones respecto a 2019 (Andalucía, Cantabria y Región de Murcia).

En concreto, en 2020 la Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco volvieron a ser, por ese orden, las comunidades más competitivas, integrando el grupo de competitividad relativa alta, mientras que la Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco, frente Extremadura, Andalucía, Islas Canarias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, a las que se unieron Comunidad Valenciana han obtenido los menores valores del índice, y forman el grupo de competitividad relativa baja.

En los estratos intermedios, competitividad media-alta, se incluyen Cataluña y La Rioja, mientras Aragón, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Principado de Asturias constituyen el grupo de regiones con nivel competitivo relativo medio-bajo.

A pesar del impacto asimétrico de la crisis de la Covid-19, la ordenación de las comunidades autónomas y la composición de los grupos apenas muestra variaciones respecto a la edición de 2019. Así, solo Galicia y Comunidad Valenciana pierden una posición, mientras Cantabria y Principado de Asturias suben una posición. Respecto a la composición de los niveles, Comunidad Valenciana deja de pertenecer al nivel medio-bajo, y se encuadra en el nivel bajo; mientras que su lugar pasa a ser ocupado por Principado de Asturias, que retorna al nivel medio-bajo.

Recuperación desigual

La recuperación entraña riesgos, apuntó José Carlos Sánchez de la Vega, y debe aprovecharse para hacer transformaciones estructurales que suponen un reto cuya consecución puede estar condicionada por la diferente situación de partida de las comunidades autónomas. “Así, los bajos niveles de productividad, los déficits de capital humano, la desigualdad social o la insuficiente digitalización pueden lastrar la recuperación de determinados territorios y dificultar la consecución de los objetivos perseguidos”, apunta Sánchez de la Vega.

Los resultados sitúan a Canarias, Extremadura, Andalucía e Islas Baleares en el grupo de regiones que tienen un riesgo alto de vivir una recuperación débil e incompleta, así como los retos ligados a ella. En el segundo nivel, de exposición media, se incluyen, por este orden, las CCAA de Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Finalmente, las regiones que están en mejor disposición para alcanzar una recuperación sólida, inclusiva, verde y digital serían: Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid.

Ante el posible riesgo de salir de la crisis como territorios aún más desiguales, el director del informe valora que hay que tener en cuenta que ya “hay problemas de desigualdad territorial estructurales de nuestra economía, pero también hay otra parte focalizada en los objetivos específicos que es la tipología de proyectos que van a ser prioritarios para usar los fondos Next Generation. Espero que la distribución de los fondos europeos sirvan para reducir la desigualdad”.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, ha señalado que “las circunstancias provocadas por la pandemia son excepcionales y la UE ha activado la cláusula de salvaguarda en el cumplimiento de las normas de déficit público. De esta forma, los países miembros disponen de mayor capacidad de introducir dinero público en la economía para apoyar la recuperación económica; pero más pronto que tarde volverán a funcionar las reglas fiscales, viéndonos obligados de nuevo a reducir el déficit y cumplir con el pacto de estabilidad y crecimiento.” Así mismo, Pich recordó que “nuestros problemas con el déficit no provienen de la crisis de la COVID-19, sino de desequilibrios estructurales más lejanos. Es importante que no perdamos de vista que las cuentas públicas estaban deterioradas y la pandemia no ha hecho más que acrecentarlo”.