España necesita un paquete de medidas económicas contra la nueva crisis

Uno va teniendo ya sus años (88), y en las experiencias de lo que he ido viviendo en la economía española en su contexto europeo y mundial. Y sinceramente, creo que nunca hemos tenido una situación tan complicada como la que ahora se nos presenta. Las calles y plazas de las ciudades se llenan de protestas por la carestía de la vida, por la inflación.El Parlamento se crispa, porque el Gobierno, eso dicen, no funciona. La distribución comercial se ve desarticulada con almacenes a rebosar y el comercio que no recibe género. Las vacas ordeñadas rinden lo suyo, pero los lácteos no llegan a los supermercados. Lo mismo pasa con la pujante ganadería del porcino, ahora a media ración porque las célebres macrogranjas carecen de todo el pienso que precisan. Y al tiempo, la flota se ve amarrada en los puertos, porque el gasóleo encarecido arruina las faenas pesqueras.

Primero fue la crisis del 2008, la Gran Recesión, que apenas en proceso de recuperación empalmó con la pandemia. Y cuando íbamos saliendo de ésta, nos llega la guerra: aparte de muerte y destrucción, el gas natural de Rusia disparado de precios, en tanto que los girasoles y los cereales de Ucrania elevan las cotizaciones de los alimentos.

Por su parte, el Gobierno de la Nación dice estar preparando un paquete de medidas de urgencia para el próximo martes 29. Oyéndose voces, entre ellas la de González, que evocan los Pactos de La Moncloa –de los que Don Felipe no fue un entusiasta en su momento—, en la búsqueda de un consenso de todo el arco parlamentario a fin de abordar los muchos problemas pendientes.

En mi opinión, al referirnos al necesario paquete de medidas urgentes, o Pacto de La Moncloa II si se quiere, lo primero es la energía. Es necesaria una inmediata y fuerte reducción de precios del combustible para los camioneros, tractoristas, agentes del comercio y la sociedad en general. Si se quiere restablecer una cierta normalidad, tras las devastadoras huelgas del transporte, es preciso bajar los precios de gasóleos y gasolinas desde ahora mismo. No cabe ignorar que toda la economía española se ha instalado, desde hace décadas, en el «just in time»: en pocos días de huelga de camioneros, los almacenes de las empresas se vacían de las materias primas y de las piezas y los componentes más indispensables.

Además, ha de fijarse un precio tope para la célebre luz, muy por debajo de los alcanzados por el MWh. E igualmente, el precio del gas, que ha subido en origen hasta seis veces en los últimos doce meses, debe volver a niveles próximos a los de la precrisis.

En resumen, para abaratar la energía, hay que retirar impuestos que pesan sobre insumos tan importantes y aplicar un cierto volumen de subsidios, cuyo monto habrá de calcularse de inmediato. Se dice que esa intervención de precios no la permitiría en ningún caso la Unión Europea (UE), y al respecto, el Consejo Europeo reunido en Bruselas los pasados días 24 y 25 buscó soluciones a la cuestión, pero los países llamados frugales (Alemania y Holanda, sobre todo) paralizaron la idea de plafonar (valga el galicismo) los precios de los hidrocarburos, por lo menos hasta diciembre de 2022. En esa circunstancia, no habiendo todavía acuerdo global de la UE, la Comisión Europea tendría que autorizar a España un programa como el presentado. Entre otras razones, por ser –eso se dice desde hace décadas– «una isla energética» cuyas iniciativas no perjudicarán al resto de los 27, precisamente por nuestro aislamiento. Y será bueno para todos como experiencia piloto.

Está claro que además de incidir en los precios energéticos, necesitamos de inmediato una «política de rentas», a fin de atender, en parte, las exigencias de los trabajadores. Conteniendo las demandas más irracionales, al objeto de frenar una carrera inflacionista que podría llegar a los dos dígitos. Un tema en el que los Pactos de La Moncloa de 1977 podrían inspirarnos, con un tope a la masa salarial de las empresas para los próximos doce meses, a fin de reducir la presión inflacionista. Tal como se hizo en 1977 al plantearse un 22% de crecimiento máximo de precios y salarios, en la previsión de que en 1978 la carrera inflacionista se quedara en esa cota. Luego resultó que cayó al 19%, con tres puntos de ganancia en el poder adquisitivo de los salarios.

En el capítulo de las pensiones, ante los movimientos que van a reactivarse inmediatamente para el mentado «nivel digno», habrá de fijarse un crecimiento menor que el de los salarios, que ya han sobrepasado los nuevos pensionistas, al mejorar mucho su posición en los últimos años. Y no se toque, por favor, el SMI en un tiempo prudencial.

En el mercado laboral, tendremos que volver en gran medida a los ERTE, con la experiencia de la pandemia. Y habría de diseñarse un especial contrato de trabajo para la crisis global, a fin de dar mayor flexibilidad en el empleo; que se ha visto perjudicado por las excesivas elevaciones del citado SMI, y también por el torpe reajuste presentado en Bruselas como enmienda de la reforma laboral de 2012.

En materia de fiscalidad, habrá de bajarse el IVA de inmediato, en su cota máxima del 21%, y suprimir el gravamen en todos los productos energéticos –ya se dijo– y muchos de primera necesidad.

Obviamente, es lo propio en cualquier política de rentas, habrá de plantearse la aplicación de un ajuste en la exacción del impuesto de Sociedades para los beneficios extraordinarios de determinadas empresas, las que hayan tenido sobreingresos precisamente durante la crisis global. Lo cual puede suceder, sobre todo en entidades energéticas y de comercio de «commodities».

Todos los costes del programa que se preconiza serán traducibles, desde luego, en más deuda pública. Pero también hay que valorar las muy positivas consecuencias de una recuperación rápida a partir del actual cuasicolapso en que nos encontramos. El mayor volumen de actividad vendría a compensar lo que algunos llamarán excesos de endeudamiento y de déficit público. Veremos.

Ramón Tamames publicará pronto la 26ª edición de su “Estructura Económica de España”